Entre el 2010 y el 2011, decisiones de la Sala I y el Tribunal Contencioso administrativo impidieron a una compañía canadiense explotar la mina de oro Crucitas, en Cutris de San Carlos. Algunos –entre ellos el aspirante a diputado y hoy a presidente, Edgardo Araya– proclamaron victoria final y caso cerrado: se protegería el ambiente, el oro quedaría en reserva y la tranquilidad volvería a la zona. No ha ocurrido así.
El freno a Crucitas provino de justas inquietudes ambientales y decisiones judiciales legítimas. Nada puede cuestionarse al respecto. El problema es que desató una serie de efectos quizá peores: explotación ilegal de oro, contaminación con mercurio contrabandeado, violencia, posible trata de personas y proxenetismo. La Fiscalía investigará, pero la Fuerza Pública no tiene recursos para controlar la zona. Nada indica que la situación mejorará.
El fin de la concesión a San Ramón fue consecuencia de un movimiento local capturado por la demagogia y exacerbado por las elecciones. Aquí todo puede cuestionarse, pero lo peor es que, cuatro años después, hay consenso en que los peajes serán más altos, ni siquiera se ha consolidado el fideicomiso que financiaría la obra, y abundan las inquietudes sobre su costo para el fisco. Para el país ha sido inmenso y seguirá sumando.
En medio de sus diferencias, ambos casos exhiben, al menos, una similitud incuestionable: la falta de relación lineal entre las decisiones tomadas y los efectos esperados. Esto, a la vez, genera una moraleja de aplicación general: el ambiente, la gestión pública y la seguridad son sistemas complejos y dinámicos. Cualquier decisión en su seno, al interactuar con variables múltiples e interconectadas, puede generar consecuencias inesperadas. No es posible adivinarlas, pero sí explorar, analizar y prepararse para contingencias. De lo contrario, como en estos casos, el tiro saldrá por la culata.
(*) Eduardo Ulibarri es periodista, profesor universitario y diplomático. Consultor en análisis sociopolítico y estrategias de comunicación. Exembajador de Costa Rica ante las Naciones Unidas (2010-2014).