Rodolfo Méndez, jerarca del Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT), anunció la creación de un órgano interventor del Consejo Nacional de Vialidad (Conavi) para revisar todos los contratos de carreteras con las empresas que son foco de la investigación judicial del llamado Caso Cochinilla, por presuntos hechos de corrupción.
Méndez recalcó que todo concurso en trámite será sujeto de un proceso de investigación “exhaustivo y riguroso” para determinar la existencia o no de irregularidades y, con fundamento en ello, tomar las medidas que correspondan.
Señaló que la lógica de intervenir Conavi sería que las empresas H. Solís y MECO, sobre las cuales se centran las pesquisas judiciales, no vuelvan a recibir contratos estatales.
Así lo respondió al ser consultado sobre si esas compañías podrían aspirar a construir de nuevo para el Estado, una vez concluida la intervención del Conavi.
“Hoy he tomado una decisión de que, en primer lugar, no se van a extender los contratos de las empresas contratadas y que han sido señaladas. Esa es una decisión que he tomado y la estoy llevando al Consejo (Conavi) para que se formalice como debe ser. Aquí no hay obra grande o pequeña que no será objeto de una revisión y todo esto es de carácter legal”, indicó el ministro en entrevista exclusiva con La Nación.
Méndez reafirmó que no se va a prorrogar ningún contrato de los que estas empresas ya tengan en ejecución porque asegura que “no vamos, de ninguna manera, a seguir siendo objeto de los problemas revelados por estas investigaciones del Ministerio Público”.
Además, anunció que jamás se volvería a publicar un cartel de licitación de obra pública “ni medianamente semejante” a los que se han emitido en los últimos 20 años y gracias a los cuales H. Solís y Meco lograron contratos.
“Tendremos que pasar momentos difíciles en los procesos para atender la red vial nacional. Son 7.500 kilómetros que requieren conservación y pueden surgir emergencias por atender y tendremos que elaborar, con mucha técnica y en el marco legal que podamos, procedimientos para gestionar esa atención de forma inmediata”, indicó.
Esto podría retrasar la adjudicación pendiente desde febrero de contratos de mantenimiento y conservación de la red vial.
Implicaciones
Según Méndez, futuros contratos para conservación de obra pública se emitirían bajo normas y procedimientos por completo distintos a cualquiera del pasado.
Méndez comentó que aunque el MOPT se halle expresamente obligado a darle continuidad a los servicios de construcción, esto no le impide emitir medidas cautelares preventivas donde la toma de decisiones, dijo, será en estricto apego a medidas que a su vez puedan derivarse del proceso penal.
En el eventual caso que se decida seguir una contratación ya otorgada, indicó, se advertirá en cada uno de los actos administrativos del Conavi que dicha continuidad se emitirá sin perjuicio de medidas sancionatorias que después puedan emanar de las investigaciones administrativas y judiciales.
Del mismo modo, en contratos ya en ejecución, la toma de decisiones sobre estos se hará en estricto apego a las eventuales medidas cautelares que también se originen del proceso penal.
Adicionalmente, en aquellos procedimientos en los cuales no se hayan dictado medidas cautelares expresas, el Conavi consultará por escrito a las autoridades judiciales si la ausencia de dichas medidas supone que esas personas, o empresas, puedan, desde la perspectiva penal, seguir actuando en contratos vigentes.
“El tema lo hemos venido analizando. Definitivamente es necesario realizar una auditoría de todos los proyectos y, desde luego, iniciando en aquellos donde han habido cuestionamientos”, declaró.
Sin embargo, adelantó que tal revisión implica el apoyo de distintos gestores de los proyectos como, por ejemplo, obras financiadas con el Banco Interamericano de Desarrollo.
También prevé participación de la Oficina de Naciones Unidas de Servicios para Proyectos (Unops) que gestiona la mayor parte de trabajos de obra vial costeados con fondos del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE).
“Es indispensable hacer lo propio en el caso de las Obras Impostergables que maneja el Fideicomiso Ruta Uno a cargo del Banco de Costa Rica y todo cuanto tenga que ver con el Consejo Nacional de Vialidad (Conavi)”, adelantó.
Para esos efectos, aseguró que ya solicitó una cita con Alejandro Navas Carro, director del Laboratorio Nacional de Materiales y Modelos Estructurales (Lanamme), de la Universidad de Costa Rica, para ver si es posible una intervención a nivel de auditoría por parte de dicha entidad.
“Hay que tomar decisiones frente a las empresas señaladas. Hacia ello va encaminada la intervención que estamos generando en el Conavi. Según la propuesta legal que da como resultado la instalación de ese órgano interventor, habrá una facultad para recomendar medidas cautelares no solo en la organización, sino en ese tipo de relaciones de carácter empresarial”, comentó.
El órgano interventor será integrado por cuatro personas ya seleccionadas que serían nombradas este jueves durante una sesión de la Junta Directiva del Conavi.
Méndez aclaró que él no formará parte del mismo. Estas personas se unirán al viceministro Tomás Figueroa Malavassi, quien sí tiene las potestades de interventor, explicó.
