San José (Redacción). La Fuerza Pública utilizó fuerza de manera “desproporcionada” durante las manifestaciones del 8 de mayo, día del traspaso de poderes.
Así lo dictó la Sala Constitucional en el fallo 2010-9332, en el cual resolvió un recurso de habeas corpus de un ciudadano de apellidos Navarro Martínez.
El día del incidente los manifestantes acudieron a La Sabana, sitio donde se efectuó el traspaso, para expresar su descontento contra la minería a cielo abierto, entre otras consignas; no obstante, los policías no los dejaron pasar y detuvieran a 12 de los participantes.
En la acción se les tiró al suelo, se les practicaron llaves para inmovilizarlos y se les golpeó con chilillos.
Los magistrados ordenaron a Swammy Flores, en su condición de Jefe de Puesto de la Policía de Proximidad de Goicoechea, o a quien ejerza el cargo, abstenerse de incurrir en los hechos que sirvieron de base a esta estimatoria, bajo la advertencia de que, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 71 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, se impondrá prisión de tres meses a dos años, o de veinte a sesenta días multa, a quien recibiere una orden que deba cumplir o hacer cumplir, dictada en un recurso de amparo y no la cumpliere o no la hiciere cumplir, siempre que el delito no esté más gravemente penado.
Además en el fallo se condena al Estado al pago de los daños y perjuicios causados con los hechos que sirven de base a esta estimatoria, los cuales se liquidarán en el proceso de ejecución de sentencia de lo contencioso administrativo.