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Los obispos católicos advirtieron a los fieles de que quedarían excluidos de la comunión si promueven la norma técnica para la interrupción del embarazo, la cual se aplicaría solo en aquellos casos cuando la vida de la madre corre peligro.
El mensaje lo envió la Conferencia Episcopal mediante un comunicado de prensa emitido este martes, luego de la publicación de la norma en el diario oficial La Gaceta.
Dicho protocolo tendrá que aplicarse en un plazo de seis meses en hospitales públicos y privados.
“Recordamos a todos los fieles católicos que promover normas favorables al aborto o la eutanasia conforma la figura de cooperación formal y, por tanto, excluye de la participación de los bienes espirituales que otorga la Iglesia, en especial la recepción de la Eucaristía en la sagrada comunión.
“Un cristiano no puede ni participar en una campaña de opinión en favor de semejante ley, ni darle su voto, ni colaborar en su aplicación. Es, por ejemplo, inadmisible que médicos o enfermeros se vean en la obligación de prestar cooperación inmediata a los abortos y tengan que elegir entre la ley cristiana y su situación profesional”, señala el pronunciamiento.
Las autoridades religiosas, además, insisten en que la norma técnica debe someterse “a la aprobación legislativa”, aunque no se trata de una nueva ley, pues la figura del llamado aborto impune está en el Código Penal desde 1970.
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El artículo 121 de dicha ley establece: “No es punible el aborto practicado con consentimiento de la mujer por un médico o por una obstétrica autorizada, cuando no hubiere sido posible la intervención del primero, si se ha hecho con el fin de evitar un peligro para la vida o la salud de la madre y este no ha podido ser evitado por otros medios”.
A pesar de lo anterior, hasta la fecha no había existido un procedimiento médico estandarizado sobre cómo abordar lo establecido desde hace casi medio siglo en el Código Penal.
En ese sentido, el Ministerio de Salud ha aclarado que la norma técnica no abre portillos al aborto libre, pues solo se aplicará cuando la vida o la salud de la madre corra peligro, bajo un riguroso control médico con participación de ginecoobstetras y especialistas en el padecimiento de fondo, como podrían ser nefrólogos, cardiólogos, e incluso psiquiatras.
Además, se requiere el consentimiento expreso de la mujer.
Pese a ello, la Conferencia Episcopal expresó su “conduntente rechazo e indignación” ante la firma emitida por el presidente de la República, Carlos Alvarado, para avalar la norma técnica.
“En efecto, la norma técnica se sostiene bajo el concepto de peligro para la vida o salud de la madre, pero al no definir el término de salud, este queda sujeto a la libre interpretación”, alegaron los obispos.
De acuerdo con la Organización Mundial para la Salud (OMS), que sirve de base al Ministerio de Salud, este concepto se define como un estado “de completo bienestar físico, mental y social”.
La declaración conjunta fue firmada por el arzobispo de San José, José Rafael Quirós; así como los obispos de San Isidro de El General, Gabriel Enrique Montero; de Limón, Javier Román; de Ciudad Quesada, José Manuel Garita; de Puntarenas, Óscar Fernández; de Tilarán-Liberia, Manuel Eugenio Salazar; de Cartago, Mario Enrique Quirós; de Alajuela, Bartolomé Buigues; así como del obispo auxiliar de San José, Daniel Blanco.
