El Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) defendió ayer el alza del 7% en las tarifas de luz para cubrir un faltante de ¢35.000 millones en compras de combustible para generación de electricidad.
Ese gasto se realizó durante el 2010, pero no fue reconocido en las tarifas aprobadas por la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (Aresep) en ese año.
El ajuste afectaría a los 628.361 clientes directos del ICE y también a los abonados del servicio eléctrico de las empresas y cooperativas de electrificación rural.
Para los primeros, el aumento será de un 6%, aproximadamente.
La propuesta del Instituto fue discutida ayer en una audiencia pública celebrada en la Aresep.
El ICE, representado por Francisco Garro, director de Gestión Tarifaria, defendió la necesidad de contar con esos recursos para no provocar un daño mayor a las finanzas de la institución.
Según dijo, desde hace años el ICE trae un rezago porque sus costos de generación son mayores a los ingresos por ventas de energía.
“El ICE está obligado a garantizar la prestación del servicio y, para ello, tuvo que conseguir créditos de corto plazo con bancos comerciales. Esos gastos no fueron reconocidos tarifariamente por la entidad reguladora”, agregó Garro.
Opuestos. Entre tanto, la Cámara de Industrias y la Asociación Costarricense de Grandes Consumidores de Energía pidieron a la Aresep no aplicar el alza y, más bien, decretar una disminución en el costo de la electricidad.
Carlos Montenegro, en representación de los industriales, explicó que durante el 2010 el ICE redujo sus gastos en varios rubros como compra de energía a generadores privados, depreciación de activos y estudios de preinversión.
“Por lo tanto, más bien corresponde una rebaja de 2,84% en las tarifas de generación y de 1,73% en el rubro de distribución”, agregó.
Una posición similar sostuvo Carlos Roberto Roldán, de Grandes Consumidores, quien exhortó a la Aresep a rechazar la solicitud de incremento del Instituto.
Según las estimaciones de esa organización, solo en uso de plantas térmicas el ICE ahorró el año pasado unos ¢2.000 millones.
A partir de ayer el órgano regulador cuenta con un plazo de 30 días para pronunciarse sobre el tema.