Un vacío legal impide que el Estado fiscalice adecuadamente la educación privada.
Así lo afirmó ayer la Defensoría de los Habitantes, según la cual se trata de una “deuda” desde hace 20 años pues en 1992 la Sala IV reconoció la urgencia de emitir normas específicas sobre este tema.
Según indicó la Defensoría, las denuncias más recurrentes vinculadas con la educación privada tienen que ver con el contenido curricular, permanencia de alumnos en los centros privados, entregas de notas y cobros desproporcionados, entre otros.
“Estamos preocupados por las debilidades en centros de educación privada por parte del Ministerio de Educación Pública (MEP), que hace referencia únicamente a un reglamento”, dijo la defensora Ofelia Taitelbaum.
Pero el ministro de Educación, Leonardo Garnier, rebatió la crítica y aseguró que los temas claves se atienden mediante el reglamento y la Constitución Política. Resaltó que el MEP interviene al recibir denuncias sobre temas como retención de notas y expulsiones.