(Photographer: Jorge ARCE)
Para reubicar las viejas instalaciones de Coopesa y de Recope en el aeropuerto internacional Juan Santamaría, el Gobierno tiene los meses contados: 28.
De lo contrario, atrasará los planes de expansión de la terminal aérea que crecerá hacia el oeste a partir de enero del 2014, cuando se levanten más puentes de embarque y salas de abordaje.
También, deberá completar los trámites de expropiación de los terrenos donde hoy opera el restaurante La Candela, pues allí se construirá la nueva calle de rodaje al sur de la pista actual.
Si el Consejo Técnico de Aviación Civil (CTAC) no cumple a tiempo, será responsable de un desequilibrio económico del nuevo gestor, Aeris Holding Costa Rica, y afectaría la capacidad de esa empresa para pagar sus compromisos financieros.
En especial, un crédito de $100 millones con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y la Corporación de Inversiones Privadas de Ultramar (OPIC), una agencia adscrita al Gobierno de Estados Unidos.
El plazo para cumplir con estos requisitos fue uno de los condicionamientos que impuso la Contraloría General de la República, para aprobar un nuevo
Este
Luis Carlos Araya, viceministro de Transporte Aéreo, aseguró que los plazos de la Contraloría lo obligan a “encender turbinas”, pero se manifestó confiado en que podrá responder en tiempo.
Eso sí, todavía no tiene los planos definitivos para el nuevo hangar, ni los $25 millones que se requieren para construirlo.
Dichas limitaciones le impiden precisar cuándo podría empezar la obra y el plazo de construcción para el hangar de 10.000 m².
Según Francisco Jiménez, ministro de Obras Públicas y Transportes, están analizando ofertas del BID, Citibank y el Banco Internacional de Costa Rica (Bicsa).
Mientras, la Refinería Costarricense de Petróleo (Recope) ya inició la reubicación de su estación a unos terrenos al oeste del aeropuerto, donde también se ubicarán los tanques de almacenaje de combustible.
Eso sí, la Contraloría también condicionó la aprobación de este nuevo
Esto implica limpiar el suelo que ha sido afectado durante décadas por derrames de aceites y combustibles.
Los estudios para evaluar el daño ambiental ya fueron contratados por el Consejo Técnico de Aviación Civil al geólogo y consultor Allan Astorga.
Por último, el Estado ya discute en la Procuraduría General de la República el monto del lucro cesante que debe pagarles a los propietarios de La Candela, por el cierre del local comercial.