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A sus 82 años, Noé Navarro sabe que lo van a sacar de su finca –de ocho hectáreas– solo porque una empresa requiere captar el río Purires, que pasa por ahí, y usarlo para crear un proyecto lucrativo de venta de agua.
Los hermanos Pablo y Freddy Navarro viven de la siembra de lechuga en un terreno más abajo del de Noé, en el distrito cartaginés Tablón. Ellos dicen que ese acueducto que construirá la Jasec los dejará sin una sola gota para el riego, lo cual arruinaría sus vidas y las de sus vecinos, casi todos agricultores.
Muchos de ellos se aliaron a la comisión Compurires, la cual planteó un recurso de amparo en contra del plan y la concesión de caudal –de 70 litros por segundo– que le solicitó al Gobierno la Junta Administrativa de Servicios Eléctricos de Cartago (Jasec).
Ese recurso fue rechazado por la Sala Constitucional, y es solo uno de los cientos de reclamos que llegan a ese tribunal relacionados con el acceso al líquido potable: un bien de dominio público.
Crítico. El agua potable es el servicio público que más reclamos causa. Entre 1989 y el 2012, la Sala IV recibió 278 quejas al respecto, y solo entre el 2013 y 2014 se presentaron 164. Ese número de recursos significó el 59% del total planteado en los 23 años anteriores.
El dato (independientemente de cómo falle la Sala) refleja una creciente disfuncionalidad. El agua toca altos intereses y sensibilidades políticas, sociales y económicas; sintetiza las tensiones de la modernidad, y presiona por su escasez y el cambio climático, interpretó Fernando Cruz, magistrado de la Sala IV.
¿Qué detona estas quejas? Una causa crítica es la falta de planificación urbana, porque los municipios dan avales de construcción sin que haya garantía de acceso al agua. Muchos pobladores se niegan a pagar la instalación para que el líquido llegue a sus casas.
Son muy comunes en el despacho de los magistrados las batallas de acceso al agua entre vecinos de comunidades; las pugnas entre cantones por las concesiones de caudal; entre pobladores y compañías distribuidoras del líquido, y entre arrendantes y arrendatarios.
También son frecuentes los pleitos por la tutela del recurso, a raíz de la contaminación de mantos acuíferos con gasolina o pesticidas de la piña, por ejemplo.
De hecho, la contaminación con agroquímicos de acuíferos en Siquirres de Limón, y la imposibilidad de 7.000 pobladores de abastecerse del líquido, llevará a Costa Rica a una audiencia en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, el 20 de marzo.
¿Y ahora? “Hay un problema social creciente que trasciende la intervención de la Sala, y tiene que ver con el modelo político y de planificación. Aunque el agua sea insípida, tiene mucho sabor cuando se trata de su manejo, distribución y reparto”, dijo el magistrado Cruz.
Yamileth Astorga, presidenta del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (AyA), opinó que una política de fortalecimiento de los 1.548 acueductos rurales mitigaría los conflictos sobre la gestión del agua. Una mejor comunicación es clave para mejorar, aseguró.
Eso es justamente lo que le exige al AyA el Centro de Derecho Ambiental y de los Recursos Naturales (Cedarena). Con base en los últimos 15 años, el Centro reveló que la mayoría de conflictos socioambientales de la actualidad se relacionan con el recurso hídrico.
“Solo a través de la integración de acciones desde las diferentes instituciones del Estado, los acueductos comunales y la sociedad civil, se podría lograr una mejor gestión del recurso que garantice su acceso. Los conflictos no son sólo un tema de infraestructura; dependen de factores como la necesidad de un enfoque ecosistémico, una gestión por cuencas hidrográficas y la inequidad social. El agua es un bien de dominio público, por lo que el Estado tiene que garantizar el acceso equitativo, pero esto lo debe de hacer mediante la participación y el diálogo con las comunidades”, declaró Soledad Castro, vocera de Cedarena.
Para mejorar la accesibilidad, la Empresa de Servicios Públicos de Heredia (ESPH) –con 66.500 abonados– se acercará al pueblo y los grupos organizados, e invertirá en perforar pozos y mejorar las fuentes superficiales.
“Aunque históricamente los conflictos sociales han sido por la tenencia del agua, los nuevos conflictos sociales empiezan a mutar hacia la protección del recurso y la distribución Un acuífero está en toda una región y la protección integral del mismo es deber de esa región, no de una sola municipalidad. ”, declaró Francisco Angulo, de la ESPH.
El sector coincide en que urge una nueva ley de aguas, y que la controversia e imposibilidad –a nivel país –de crear una norma constitucional que declare el recurso como derecho fundamental, amenaza con boicotear aún más el acceso.
“Una nueva la ley de aguas no es lo único necesario pero sí crea el sector y lo ordena. La ley vigente no incorpora temas como la priorización de los usos del líquido y la gestión de cuencas, por ejemplo", dijo Astorga, del AyA.
Plan para regular líquido no avanza. El proyecto de ley 17.742, denominado "Ley para la gestión integrada del recurso hídrico", se presentó el 25 de mayo del 2010 ante la Asamblea Legislativa, mediante iniciativa popular. La idea es sustituir la Ley de Aguas vigente desde 1942, y tratar nuevas situaciones en torno al recurso (gestión, administración y conflictos por el acceso, por ejemplo). La Ley de Iniciativa Popular establece que el pueblo puede legislar; para eso, solicita al Tribunal Supremo de Elecciones el permiso para recoger las firmas del 5% del padrón vigente que apoyen la presentación del plan.
Esta iniciativa recibió el primer debate en el plenario el 31 de marzo del 2014 y el 10 de julio se envió a consulta de la Sala Constitucional. La respuesta negativa de la Sala IV (por carecer de criterios técnicos y científicos para reducir áreas protegidas) se recibió en el plenario el 6 de octubre. Desde entonces, el proyecto está en manos de la Comisión de Consultas de Constitucionalidad, y no ha sido convocado por el Gobierno durante las sesiones extraordinarias que terminan el 30 de abril.
