La Comisión de Notables que investiga la carretera a Caldera señaló ayer a los posibles responsables de la cadena de fallas ocurridas en este proyecto de 80 kilómetros.
Entre los funcionarios identificados se cita al exsecretario técnico de Concesiones, Guillermo Matamoros, y a la gerente del proyecto, Hadda Muñoz.
Por último, se señala a los cuatro miembros de la Comisión de Acceso en Puesta en Servicio (CAPS), que inspeccionó y dio el visto bueno para inaugurar la vía antes del plazo previsto en el contrato.
De los cuatro miembros del CAPS, ayer trascendieron los nombres de los ingenieros Júnior Araya, director de Ingeniería de Tránsito, y Manuel Serrano, del Conavi.
El resumen del informe fue divulgado anoche por Francisco Jiménez, ministro de Transportes y presidente de la junta directiva del Consejo Nacional de Concesiones.
El documento , según Jiménez, revela que “sí hay elementos suficientes para aplicar sanciones administrativas”.
Sin embargo, el jerarca se abstuvo de detallar “los hechos y las circunstancias” que ameritan la apertura de procedimientos disciplinarios, pues las personas señaladas no habían sido notificadas.
“Por ahora el informe sigue siendo secreto”, declaró Mario Quesada Aguirre, juez del Tribunal Administrativo de Transportes y uno de los miembros de la Comisión de Notables.
Este grupo, nombrado por orden de la presidenta Chinchilla en setiembre, también lo integran los ingenieros Max Sittenfeld, Enrique Angulo y Édgar Herrera. Todos ellos son especialistas en construcción de carreteras.
Anoche, la junta directiva del Consejo Nacional de Concesiones acogió la recomendación de nombrar órganos directores para investigar a los funcionarios.
Además, resolvió ampliar las pesquisas a la firma Cano Cacisa, actual supervisora del proyecto, la cual ya estaba contratada cuando se abrió la vía en enero del 2010.
Aunque los expertos no encontraron vicios en el documento, sí advierten que por ser Matamoros abogado no poseía los conocimientos para determinar que la carretera presentaba deficiencias.
Este informe será trasladado a la Contraloría General de la República, donde Matamoros labora actualmente.
También indica que la Comisión de Puesta en Servicio debió detectar deficiencias en el manejo de aguas y taludes en la carretera. Aun así, Concesiones decidió mantener en la CAPS a Serrano y a Araya y nombrar a los ingenieros Johnny Barth y Álvaro Ulloa.
Por último, los Notables señalaron que en el caso de Hadda Muñoz podría abrirse una investigación administrativa o rescindirle el contrato por servicios profesionales.