El intendente de agua, Marco Cordero Arce, atribuyó la crisis por la falta de agua que padecen muchas comunidades del país a la ineficaz rectoría técnica y a la mala planificación y gestión del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (AyA).
El funcionario de la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (Aresep) aseguró que no existe un sector hídrico consolidado, y que eso causa que cada empresa aborde el problema de manera independiente.
Lo anterior conlleva, entre otras cosas, a la sobreexplotación del recurso, advirtió Cordero este miércoles en un foro organizado por la Defensoría de los Habitantes y el Centro Cultural de España.
Cordero también responsabilizó de la crisis a los altos niveles de pérdidas por fugas y agua no contabilizada, además de una estructura tarifaria regresiva y rezagada que afecta la obtención de recursos para nuevos proyectos y provoca que quienes consumen más no estén pagando lo que les corresponde.
El intendente criticó la falta de ejecución de obras clave. En el caso de Orosi II afirmó: “Está en un papel, no tiene fuente de financiamiento, no hay diseños, no hay nada que nos diga que eso va a entrar. Tenía que entrar en el 2028 pero ya no y eventualmente vamos a sufrir las consecuencias”.
También señaló la existencia de “importantes barreras” para incorporar la tecnología en la gestión del recurso hídrico. A esto se suma el rezago en inversiones estratégicas y una infraestructura con más de 50 años de antigüedad.
Cordero reconoció que el cambio climático tiene un impacto significativo. Sin embargo, advirtió que la totalidad del agua extraída no llega a los usuarios. Según el funcionario, Costa Rica lleva al menos diez años de atraso en la prestación de servicios.
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En el foro, Yamileth Astorga, exjerarca del AyA y catedrática de la Universidad de Costa Rica (UCR), recomendó considerar la disponibilidad de agua en función de las cuencas, no a nivel nacional.
Astorga citó una larga lista de causas para la pérdida de recurso hídrico: impermeabilización de los suelos, la pérdida de manantiales y el aumento de cargas contaminantes. También mencionó la falta de saneamiento de aguas residuales, la mala gestión de residuos sólidos y la ausencia de planes reguladores.
La académica se refirió a los proyectos que se han dejado de ejecutar. Para ella, Orosi II “ya se sacó de la prioridad”. Consideró necesario crear nueva legislación en materia de agua y, además, fortalecer el AyA.
Para la defensora de los Habitantes, Angie Cruickshank Lambert, las medidas anunciadas por el AyA para atender la crisis en las comunidades sin agua son insuficientes. Sostuvo que ni los horarios de racionamiento, la asistencia con cisternas o la colocación de tanques han aliviado la falta del líquido para miles de habitantes.
La Defensoría reiteró que las denuncias de ciudadanos afectados por los problemas de acceso al agua potable han aumentado.
Cruickshank agregó a las causas de la crisis factores como la disminución de caudales, una planificación deficiente, la falta de ejecución de proyectos y descoordinación en el AyA.
Plan de inversión de AyA
El presidente ejecutivo del AyA, Juan Manuel Quesada, reconoció que los problemas actuales se deben a un deficiente modelo institucional, al abandono de la infraestructura y a la falta de planificación y ejecución de proyectos, sumado a una época seca “sin precedentes”.
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Quesada hizo referencia al portafolio de inversiones presentado el 8 de mayo, el cual no contempló la ampliación del Acueducto Metropolitano Orosi II dentro de la priorización de proyectos.
El jerarca aseguró que en los últimos meses se han incorporado diez nuevas fuentes de agua a los sistemas. Prometió sumar 30 más para el próximo verano.
Quesada afirmó que los proyectos no incluidos en el plan de aceleración de inversiones se llevarán “a un nivel de madurez” para definir alcances y costos. También citó el proyecto para la reducción de agua no contabilizada.