Todos los funcionarios de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) que a este viernes 4 de febrero no se hayan vacunado contra la covid-19 serán sacados de los centros de salud, oficinas y cualquier otra dependencia de esa institución.
A partir de este momento se aplicará la rebaja salarial por el tiempo no laborado, y si en dos días no están inmunizados, se enfrentarán, además, a procedimientos disciplinarios que podrían deparar en sanciones.
Esta fue la orden emitida este jueves 3 de febrero por las autoridades de la Caja, mediante la circular GG-0359-2022, firmada por el gerente general, Roberto Cervantes Barrantes, y el director jurídico, Gilbert Alfaro Morales, y de la cual tiene copia La Nación.
“La presente circular dispone que ante la negativa de la persona trabajadora de aplicarse la vacuna de la covid-19 y sus respectivas dosis, la jefatura deberá indicarle que se retire del recinto de trabajo, bajo el apercibimiento de que no se podrá incorporar a sus labores habituales hasta tanto demuestre haber sido vacunada. Por consiguiente, al no haber prestación efectiva de sus labores, la jefatura se encuentra obligada a rebajarle el salario por los días en que no laboró”, advierte la nota.
“Una vez transcurrido el plazo de dos (02) días hábiles sin que la persona trabajadora haya demostrado la aplicación de la citada vacuna, la jefatura competente procederá a ordenar el inicio del procedimiento administrativo disciplinario, para establecer lo que en derecho corresponda”, añade.
La CCSS sustentó su decisión en disposiciones legales del Código de Trabajo, la Ley General de Salud, la Ley Nacional de Vacunación, varios decretos ejecutivos y pronunciamientos de la Sala Constitucional.
Por ejemplo, la orden de la Gerencia General y la Dirección Jurídica enfatizan que el artículo 71 inciso h del Código de Trabajo establece la obligación del trabajador de observar rigurosamente las medidas preventivas que acuerden las autoridades competentes y las que indiquen los patronos para seguridad y protección personal de ellos o de sus compañeros de labores, o de los lugares donde trabajan.
Además, los artículos 214 y 284 de esa misma norma obligan a todo empleador a cumplir con las normas y disposiciones legales y reglamentarias de salud ocupacional.
Asimismo, artículos de la Ley General de Salud dan potestad para que la Caja Costarricense de Seguro Social o cualquier otro patrono exija la vacunación para su personal.
“Son obligatorias la vacunación y revacunación contra las enfermedades transmisibles que el Ministerio de Salud determine”, dispone el artículo 150 de esa legislación. El 152 también indica que “toda persona está obligada a mostrar los certificados de vacunación y de salud de conformidad con los reglamentos respectivos”.
La Caja le recordó a sus jefaturas y trabajadores que el artículo 3 de la Ley Nacional de Vacunación específica que “son obligatorias las vacunaciones contra las enfermedades cuando lo estime necesario la Comisión Nacional de Vacunación y Epidemiología”.
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Según cifras dadas por la institución, 60.395 funcionarios de la entidad poseen dos dosis contra la covid-19. La Nación consultó cuánto representa esa cifra porcentualmente entre la planilla institucional, pero aún no han dado respuesta.
Lenín Hernández, secretario general del Sindicato Nacional de Enfermería, manifestó que respaldan la vacunación y que los empleados de la CCSS deben entender que existe una obligación legal y ética de vacunarse.
Además, calificó la decisión tomada por la CCSS este 3 de febrero como una medida “de buena fe”, ya que están dando dos días hábiles antes de abrir procedimientos administrativos que podrían desembocar en despidos.
En Costa Rica, las autoridades sanitarias incluyeron al personal sanitario en el primer grupo para recibir la vacuna contra la covid-19, debido a que por la naturaleza de su trabajo tienen mayor riesgo de contagiarse y enfermar. Sin embargo, algunos funcionarios se han resistido a recibir las dosis.
En setiembre de 2021, este diario dio a conocer el caso de un ingeniero en sistemas del Hospital de San Carlos que rechazó la vacuna alegando que colocársela significaba ser rastreado por un satélite ruso.