El viceministro de la Presidencia, Luis Paulino Mora, aseguró que el mandatario, Luis Guillermo Solís, analiza vetar parcialmente la ley que recorta las pensiones de los exdiputados, porque esa normativa a su vez, podría revivir el viejo régimen del Ministerio de Hacienda que giraba cuantiosas jubilaciones a un sector de los funcionarios públicos, incluidos los diputados.
Esa es una opción que se baraja en Casa Presidencial, aunque también se evalúan otras opciones, como que los legisladores aprueben una nueva ley que deje sin efecto una parte de esta en cuestión, la cual se aprobó por unanimidad el pasado 17 de diciembre en el Congreso.
Este lunes, Mora sostendrá un encuentro con asesores del Ministerio de Trabajo, la Superintendencia de Pensiones (Supen) y de la diputada del PLN y exministra de Trabajo, Sandra Piszk, para consensuar una solución. El veto sería la última alternativa.
¿Existen dudas sobre el portillo que puede abrir esa ley?
Al establecerse esta reforma, se vuelve a revivir todo el artículo 3 y se vuelve a revivir todo el régimen de Hacienda, que era muy oneroso y que daba unos privilegios excesivos comparados a los regímenes actuales. La intención loable del proyecto de racionalizar los aumentos se perdía totalmente con esa posibilidad.
¿Cómo se solucionará?
Estamos a nivel técnico, don Marvin Carvajal (asesor jurídico de Casa Presidencial), abogados del Ministerio de Trabajo y asesores de Sandra (Piszk, diputada del PLN), analizando el caso para ver las posibles soluciones, incluso se evalúa un veto presidencial, únicamente en cuanto a ese aspecto para que no quede margen de duda de que la intención es rebajar los aumentos y no revivir un régimen derogado.
¿Cuán viable es el veto?
Don Marvin Carvajal es quien se ha encargado de la redacción del eventual veto, pero todavía queremos explorar algunas posibilidades antes de proceder de esta forma.
¿Cuáles otras opciones?
Una interpretación del expediente o de la Procuraduría o del propio Ministerio de Trabajo. También hay otro proyecto similar de caducidad de las pensiones de los hijos e hijas de los regímenes de Hacienda que trata sobre los mismos artículos, entonces, eventualmente podemos solucionar el tema en ese otro proyecto que goza de mucho consenso legislativo. Digamos que tenemos un marco de posibles soluciones y queremos examinar cuál es la mejor, en ese sentido, todavía no una decisión tomada, pero la solución tiene que ser pronto, porque vamos a tener diez días a partir de la comunicación oficial.
Si no se encuentra una solución en el plenario, ¿es un veto inminente del presidente?
Sería un veto de una fácil tramitación porque creo que los diputados van a encontrar mérito al veto. Entonces, la ley entraría en vigencia sin dificultades interpretativas.
El presidente puede vetar y de una vez dar una solución al problema, ¿es una opción?
Sería así, de una vez señalar el error y dar una redacción que nos quite ese problema, pero ya eso sería solo si no existe un consenso para que se solucione de otra forma.
¿Si se opta por una interpretación de la Procuraduría o de Trabajo, se podría dejar abierto el portillo, o sea, no sería la mejor solución?
Claro y habría que ver, porque eso no nos libera de que judicialmente después se dé otra interpretación. Es la opción mejor favorable, falta que los técnicos que tiene más conocimiento nos den su criterio.