Carolina Delgado, diputada del Partido Liberación Nacional (PLN), inclinó la balanza para que una mayoría de legisladores de la Comisión Legislativa de Asuntos Económicos rechazara rebajar a $1.500 millones la colocación de eurobonos en el mercado internacional que el Congreso autorizaría al Gobierno.
Sin argumentar su voto en la discusión, Delgado se sumó este miércoles al bloque conformado por cuatro diputados del gobernante Progreso Social Democrático (PPSD), la Unidad Social Cristiana (PUSC) y Nueva República (PNR) que rechazaron un informe de mayoría de subcomisión.
Este contenía un texto sustitutivo que recomendaba autorizar solo $1.500 millones en un plazo de un año, luego de que el Ministerio de Hacienda solicitó permiso para endeudarse por $6.000 millones en el exterior.
Minutos antes de la votación, la jefa de bancada del PLN, Kattia Rivera, había solicitado votar a favor de la reducción, alegando los altos costos de colocación actual y la necesidad de que el Gobierno exponga una ruta de endeudamiento y de consolidación fiscal.
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El resultado final quedó con cinco votos en contra y cuatro a favor provenientes de legisladores del PLN, Frente Amplio (FA) y Liberal Progresista (PLP).
Aún queda pendiente de votar en el foro, un informe de minoría de subcomisión, elaborada por la diputada del PUSC, María Marta Carballo, que recomienda autorizar al Gobierno una colocación de $6.000 millones en eurobonos en cuatro años.
Esta segunda propuesta indica que $1.500 millones se colocarían el primer año calendario y $4.500 millones en los siguientes tres años, siempre que haya un superávit primario en los ingresos y gastos del Gobierno.
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Por su parte, el texto descartado, era una recomendación de los diputados Monserrat Ruiz, del Partido Liberación Nacional (PLN), y Gilberto Campos, del Partido Liberal progresista (PLP), quienes votaron a favor.
Contenía, además de la reducción, una serie de controles como exigir que el uso de los recursos sea para afrontar los vencimientos de deuda, sanciones si se incumplía este mandato y el envío al Congreso de informes con detalles de la colocación y el plan de endeudamiento del Gobierno.
Recomendaba, además, dictaminar el texto sustitutivo y dar por superada su etapa en comisión, para que pasara directamente al plenario para su aprobación en dos debates.
Hacienda mantiene ante los diputados la solicitud de captar estos recursos en los próximos cuatro años, al tiempo que pide permiso para colocar otros $6.000 millones para el repago de las primeras emisiones y $2.000 millones en líneas de créditos con organismos multilaterales.
La moción descartada solo autorizaba vender títulos de deuda por $1.500 millones en el mercado internacional, y eliminaba del proyecto de ley la autorización en líneas de créditos por $2.000 millones.
Justificaciones
Al presentar su informe en la comisión, Ruiz admitió que la solicitud del Gobierno tiene validez técnica.
Sin embargo, dijo que existe la duda de la conveniencia de autorizar toda la solicitud del Ejecutivo, dado que podría generar una especie de estabilidad artificial en las finanzas públicas, sin que el Gobierno implemente una reducción del gasto y de la evasión fiscal, mejora en la recaudación y reforma del Estado.
Del mismo modo, señaló que existen dudas sobre una serie de reformas pendientes en materia de pensiones, el creciente aumento en el costo de la vida, los bajos salarios del sector privado y medidas efectivas de reactivación económica, añadió Ruiz.
“También estamos planteando una serie de controles para la correcta rendición de cuentas del Ejecutivo ante el Legislativo, entre los que se incluye las garantías de la conversión de la moneda y la correcta colocación del título de valores en el mercado externo”, citó.
La diputada Carballo, por su parte, resaltó la necesidad de introducir controles en la autorización, pero advirtió sobre los efectos negativos en la economía si se avalaba la reducción.
“Estaríamos obligando al Gobierno a captar recursos con intereses muy altos (en el mercado interno) que son los costarricenses quienes van a pagar.
“Además, en menos de seis meses tendríamos nuevamente, en esta comisión, un proyecto para autorizar otros $1.500 millones, con la desventaja de que habríamos enviando un mensaje negativo al mercado externo de que estamos en crisis y emergencia, lo que aumentaría las tasas de interés”, advirtió la socialcristiana.
Carballo aseguró que para el 2023, el Gobierno afrontaría vencimientos de deuda pública por $4.032 millones; en 2024, por $4.121 millones; en 2025, $4.020 millones; y en 2026, $4.088 millones.
“No es cierto que solo se vencerían $1.000 millones el próximo año. No es un tema político, es un tema técnico. Es para pagar deuda externa o cancelar vencimientos de deuda en general y tampoco estamos autorizando más endeudamiento para el Gobierno”, aclaró la socialcristiana.
Por el rechazo a la reducción votaron los diputados Alexander Barrantes, del oficialista Partido Progreso Social Democrático (PPSD); Carballo y Vanessa Castro, del PUSC; Olga Morera, de NR; y Carolina Delgado, del PLN.
A favor se manifestaron Kattia Rivera y Montserrat Ruiz, del PLN; Sofía Guillén, del FA; y Gilberto Campos, del PLP.
