Tribunal de Apelación confirma sentencia contra expresidente del AyA Óscar Núñez

El Tribunal de Apelación de Sentencia Penal del Segundo Circuito Judicial de San José confirmó la condena de cinco años de prisión contra el expresidente del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (AyA), Óscar Núñez Calvo.

Así lo confirmó vía telefónica el propio Núñez, cuando respondió que presentará un recurso de casación, que quedará en manos de la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia.

La sentencia, anunciada en marzo del año pasado por el Tribunal Penal de Juicio de Hacienda de Goicoechea, encontró al político responsable de los delitos de tráfico de influencias y peculado.

El hecho por el que lo condenaron se dio en el 2010. La sentencia dio como hecho probado que Óscar Núñez, como jerarca del AyA, influyó para viajar con una subalterna que entonces tenía 23 años a México y, además, cobrar los viáticos, pese a que le pagaban todos los gastos para realizar ese viaje.

La ratificación por parte del Tribunal de Apelación se produjo el 13 de abril a las 4 p. m., con el voto 2023-000-488.

En la sentencia de primera instancia, de febrero del 2022, los jueces determinaron que Núñez también quedaba inhabilitado para el ejercicio de cargos públicos por un lapso de cinco años y que debía cumplir su sentencia de prisión en arresto domiciliario, con monitoreo electrónico.

En dicho arresto, la persona solo puede salir de su casa a citas médicas o asuntos autorizados por el Juzgado de Ejecución de la Pena, como el sepelio de un familiar cercano o ir a votar.

Antes de ser presidente del AyA, en mayo del 2010, Núñez había sido diputado del Partido Liberación Nacional (PLN), durante el periodo 2006-2010, donde también ejerció la jefatura de la fracción parlamentaria durante una legislatura.

También, fue alcalde de Desamparados y como secretario general del Comité Ejecutivo Nacional del PLN.

Como presidente del AyA, estuvo hasta el 28 de junio del 2011, fecha en que la Procuraduría de la Ética Pública (PEP) le atribuyó infracciones contra la ley anticorrupción, por el viaje a México con recursos públicos en compañía de su subalterna, entre junio y agosto del 2010.

Lo denunciado por la PEP originó una investigación contra Núñez por parte de la Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción (Fapta), por uso de recursos públicos en beneficio propio (peculado) y por influir para que un servidor público obtuviera un beneficio económico (tráfico de influencia).

El argumento de la Fiscalía fue que Núñez se había valido de su cargo para influir en al menos tres subordinados directos, a fin de que autorizaran que una funcionaria viajara con él a Ciudad de México, simulando que ella participaría en una capacitación, cuando solo él había sido invitado a la actividad.

De acuerdo con la sentencia, las acciones de Óscar Núñez le generaron a la entidad un perjuicio económico de $2.518 por concepto de viáticos, sin tomar en cuenta la estimación del salario de ambos funcionarios durante su estancia en México.

El abogado Gerardo Huertas asumió la defensa de Núñez para la etapa de casación, junto con la penalista Daniela Vargas. Vía telefónica, Huertas aseguró a La Nación que harán el apersonamiento a inicios de la próxima semana, ante la Sala III.

El representante legal consideró que hay vicios de procedimiento “bastante graves” en la resolución del Tribunal de Apelación. “Son vicios de forma relacionados con la valoración de prueba y con la asignación de cargos que se hizo, eso es lo que vamos a estar alegando”, puntualizó.

Entre los vicios de forma, está la interpretación del Tribunal sobre cómo se configura un delito de tráfico de influencia, que consideran no existe, porque “se tuvo por demostrado que no hubo ningún ejercicio de presión por ningún medio, requisito necesario para que se configure el delito”.

Huertas aseguró que también alegarán que no se configuró delito de peculado, porque ellos consideran que no hubo distracción de fondos públicos.