Gerardo Ruiz R.. 12 julio, 2016
El presidente Luis Guillermo Solís indicó que su gobierno no se vale de la pauta publicitaria para presionar a los medios de comunicación. Su cartera de Comunicación prepara un plan de ley para regular el uso de recursos públicos en la pauta.
El presidente Luis Guillermo Solís indicó que su gobierno no se vale de la pauta publicitaria para presionar a los medios de comunicación. Su cartera de Comunicación prepara un plan de ley para regular el uso de recursos públicos en la pauta.

Casa Presidencial

Luis Guillermo Solís consideró que no hay ninguna justificación para que las instituciones del Estado utilicen su pauta de publicidad para coaccionar a los medios de comunicación. Sin embargo, no anunció ninguna acción de parte del Poder Ejecutivo para investigar el caso ocurrido en el Banco Nacional.

Así reaccionó el gobernante, un día después de que La Nación publicara que el gerente general del Banco Nacional de Costa Rica (BNCR), Juan Carlos Corrales, reconoció que ordenó la suspensión de la pauta en el diario, en respuesta a varias publicaciones sobre presuntas irregularidades en la entidad financiera.

Para el mandatario, quien el lunes no quiso referirse al tema, el hecho que reconoció el gerente bancario debe ser investigado y, eventualmente, sancionado.

"Creemos que cualquier denuncia sobre la eventual utilización de pauta o de cualquier recurso institucional, para favorecer o para afectar el adecuado funcionamiento de los medios, debe ser investigada y, una vez que esa investigación se realice, debe ser sancionada de acuerdo a lo que estipula la ley y de acuerdo a lo que son los principios y valores de la administración (...)", dijo.

"Lo que pueda haber sucedido en el Banco Nacional debe ser investigado, lo está haciendo ya la propia institución, hay poderes que están haciendo investigaciones propias, como el Poder Legislativo que ha indicado su voluntad de realizar una investigación y me parece que eso es lo que procede", dijo Solís, sin hacer referencia a que el Poder Ejecutivo vaya a tomar cartas en el asunto.

"Este Gobierno cree que no debe haber ninguna acción que se produzca desde las instituciones públicas que pedan lesionar la libertad de expresión y la libertad de prensa".

"Desde el punto de vista de la administración no avalamos, ni tampoco estimulamos, ni tampoco actuamos en el sentido de coaccionar ni presionar de cualquier forma indebida a los medios y cómo estos valoren la función de las instituciones del Estado", cerró Solís.

Con base en recomendaciones de sus subalternos, el gerente del Banco Nacional decidió suspender la pauta en La Nación luego de que el periódico publicara, por ejemplo, que los directores del BN intentaron acaparar las juntas directivas de las empresas subsidiarias del banco y que un error contable elevó el bonos anual que se les paga a los empleados.

Corrales dijo que él mismo, posteriormente, echó atrás la decisión de suspender la pauta.

A la vez, el Banco evaluó posibles demandas contra periodistas, así como obtener una orden judicial para que el medio quitara de su página web un documento sobre la vulnerabilidad del Banco Internacional de Costa Rica (BICSA), del cual el Nacional es dueño en un 49%.

Proyecto. El ministro de Comunicación, Mauricio Herrera, agregó que el Gobierno está a punto de presentar un proyecto de ley que ha trabajado durante un año con varios sectores y que pretende imponer criterios técnicos para la publicación de pauta de las entidades públicas.

"Este gobierno se apega a los postulados y a la doctrina de la relatoría de la libertad de expresión de la Organización de Estados Americanos (OEA), y ahí se establecen los estándares para impedir que, en cualquier momento, la pauta sea usada como premio y castigo para los medios de comunicación", subrayó el jerarca.

El ministro de Comunicación dijo que el plan sería enviado a los diputados próximamente, aunque no especificó ninguna fecha para presentar la propuesta ante la Secretaría del Directorio Legislativa ni cuáles partidos bendecirían el plan que busca crear criterios técnicos para impedir que las entidades públicas utilicen sus presupuestos de publicidad para premiar o castigar a los medios de prensa.