Aarón Sequeira. 24 septiembre
Ivonne Acuña, de Nueva República, se encargó de recolectar las firmas de apoyo al proyecto. Foto: Melissa Fernández
Ivonne Acuña, de Nueva República, se encargó de recolectar las firmas de apoyo al proyecto. Foto: Melissa Fernández

Los diputados del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC) y del bloque fabricista Nueva República promueven un proyecto de ley, entre las demás bancadas políticas, para evitar la figura del matrimonio entre personas del mismo sexo, o matrimonio igualitario, y solamente permitir la unión civil.

En su iniciativa, los legisladores alegan que no se debe permitir a las parejas homosexuales utilizar la misma figura que utilizan las heterosexuales, para no generar “innecesarias polarizaciones sociales” en el país.

“En opinión de los suscritos diputados, si bien la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) señaló el matrimonio como una de las posibles figuras legales de las que podría echar mano el Estado costarricense para garantizarles aquellos derechos a las uniones conformadas por las personas del mismo sexo, ello no obliga al parlamento a tener que expresar su voluntad legislativa haciendo uso exclusivo de esa figura jurídica”, dice el razonamiento del plan, aún en borrador.

Según los promotores de la iniciativa, la figura de la unión civil es la que “mejor se adapta al estado de evolución social, política y jurídica" del país.

El término que utiliza para las personas que integren una pareja del mismo sexo es la de conviviente civil o de hecho, en lugar de cónyuge.

En agosto del 2018, la Sala IV declaró inconstitucional el inciso 6 del artículo 14 del Código de Familia, el cual prohíbe explícitamente el matrimonio entre personas del mismo sexo.

Según la sentencia, la norma cuestionada se traduce en una prohibición que niega el acceso al matrimonio con base en la orientación sexual de las personas, al igual que el reconocimiento de la unión de hecho.

Adicionalmente, los magistrados le otorgaron a la Asamblea Legislativa un plazo de 18 meses para que “adecúe el marco jurídico nacional con la finalidad de regular los alcances y efectos derivados de las relaciones de parejas entre personas del mismo sexo en los términos expuestos en esta sentencia”. Ese periodo culmina el 26 de mayo del 2020.

El tribunal determinó que, si el parlamento no actúa, dicha norma del Código de Familia perderá vigencia al cabo del plazo indicado.

Los magistrados explicaron que al menos cinco leyes deben ser reformadas para garantizar el pleno ejercicio del matrimonio igualitario, resolviendo preguntas como: ¿aplica la Ley de Penalización de Violencia contra la mujer en el caso de las parejas lésbicas? ¿Cómo entender el concepto de madre jefa de hogar, cuando se trata de una pareja lésbica en la que las dos personas trabajan con un empleo remunerado?

Por el momento, la iniciativa del PUSC y de Nueva República está en borrador, bajo consulta a otras fracciones para conseguir mayor apoyo parlamentario.

La fabricista Ivonne Acuña, encargada de recoger las firmas del proyecto entre las demás bancadas, indicó que tiene cerca de 24 legisladores con ella, entre ellos cuatro o cinco de Liberación Nacional (PLN), dos de Integración Nacional (PIN) y dos del Republicano Social Cristiano.

Además, están con la iniciativa ocho de los nueve socialcristianos, pues María Vita Monge no firmó la iniciativa.

Adicionalmente, se les unió un legislador del Partido Acción Ciudadana (PAC), Welmer Ramos.

Acuña añadió que el proyecto se ajusta a la resolución de la Sala Constitucional sobre el matrimonio igualitario y justificó que se emplee una figura diferente, la de conviviente, para “responder al por tanto de la Sala”.

“Lo que la Sala solicita es legislar en función de las uniones de personas del mismo sexo. Realmente, la Sala no habla de matrimonio en el por tanto y por eso resolvimos con uniones civiles. Se crea la figura de conviviente porque no hace figura de matrimonio, como lo conocemos nosotros, y como está en la Constitución Política”, dijo.

Acuña indicó que Luis Ramón Carranza, subjefe del PAC, apoyará la propuesta pero, por ser el subjefe de la bancada, evitará poner su firma, por ahora.

En tanto, el jefe de Restauración Nacional, Eduardo Cruickshank, indicó que no firmaron la iniciativa porque recién lo conocieron hace unos días y, por ser un poco extenso, con 108 páginas, los diputados no han tenido tiempo para estudiarla toda.

Eso sí, dijo que él ya se leyó la iniciativa, pero tiene dudas que solucionaría a través de mociones de fondo.

Añadió que, antes de tomar una posición como fracción, tienen que hacer una deliberación y definir el criterio como bancada hacia la iniciativa.

“Me quedan mis dudas si, después de que se anuló el inciso 6 del artículo 14 del Código de Familia, este proyecto tendría fundamento legal o no”, explicó el jefe del PRN.

“Hay que verificar si tiene procedencia o si, en ausencia de ese artículo 14, no tiene fundamento”, dijo Cruickshank.

Ivonne Acuña advirtió, hacia el final de la sesión del plenario, que no presentarán la iniciativa este miércoles, para darles tiempo a los restauracionistas de tomar una posición.

Enrique Sánchez: ‘Nos quieren usar para la campaña’

El diputado Enrique Sánchez, del Partido Acción Ciudadana (PAC), reaccionó a la iniciativa que promueven socialcristianos y fabricistas, mediante un discurso en el plenario legislativo.

El oficialista adujo que la intención de los legisladores es utilizar a la comunidad LGBTI como moneda de cambio en medio de la campaña electoral para los comicios municipales de febrero del 2020.

“Esta impertinencia de insistir una vez más con un proyecto de esta naturaleza, solo puede responder al interés de que las personas LGBTI volvamos a estar expuestas en medio de un periodo electoral, para volver a hacer campaña con nosotros y usarnos con fines político electorales”, dijo Sánchez.

Sánchez agregó que la intención de calificar a las parejas del mismo sexo con una categoría jurídica diferente a la del matrimonio es, en criterio de la Corte IDH, discriminatorio o estigmatizante. Agregó que los magistrados constitucionales reconocieron ese criterio de la Corte Interamericana, en su resolución de agosto del 2018.

“La norma cuestionada que impide el matrimonio o la unión de hecho contraría la línea jurisprudencial de la Corte IDH, en la medida en que esta ha venido a expandir la cobertura de protección en esta materia”, citó Sánchez.

De acuerdo con el oficialista, la Corte consideró inadmisible que haya dos clases de uniones solemnes jurídicamente para considerar la convivencia heterosexual y homosexual, porque habría discriminación en razón de la orientación sexual de las personas.

Aparte de 47 artículos sobre la regulación de las uniones civiles, el texto promovido por los fabricistas y el PUSC plantea modificaciones a otras leyes, como el Código Civil y el Código Procesal Civil, la Ley General de Arrendamientos Urbanos y Suburbanos, el Código de Comercio, el Código de Trabajo y la Ley de Reforma Procesal Laboral.

También, se reformaría la Ley Integral para la Persona Adulta Mayor, el Código Notarial, la Ley General de Migración y Extranjería, el Código Penal y el Procesal Penal, entre muchas otras.

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