La fracción del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC) advirtió al presidente Luis Guillermo Solís de que, si levanta el veto de la reforma procesal laboral antes de mañana, no apoyará al PAC el próximo 1.º de mayo.
De esta forma se le plantó la bancada rojiazul al Gobierno ante lo que considera un incumplimiento del acuerdo, entre ellos y el oficialismo, de no tocar el veto de Laura Chinchilla antes de que se cumplan 12 meses.
Así lo confirmaron los diputados socialcristianos Rafael Ortiz, jefe de la bancada; Rosibel Ramos, subjefa; Humberto Vargas, Johnny Leiva y Gerardo Vargas Rojas.
Aunque no han definido como grupo las acciones que tomarán ante una inminente decisión presidencial, el criterio de la agrupación es que el levantamiento del veto implica la ruptura del pacto político con el Partido Acción Ciudadana (PAC).
Una de esas acciones, aparte de negarles el voto a los candidatos oficialistas para el Directorio de la Asamblea Legislativa, es endurecer la línea de oposición hacia el Gobierno de la República.
“El 80% de acuerdos del 1.º de mayo no se ha cumplido. El más importante era el no levantamiento del veto”, dijo Ramos.
Añadió que si el mandatario levanta el veto, tal decisión dejaría en claro que no cumple con su palabra. Leiva añadió que eso daría por deshecho el pacto.
“Sería una bofetada al acuerdo y habría que estudiar todos los acuerdos con el PAC y revisarlos en fracción”, dijo Humberto Vargas anoche, vía telefónica.
En cambio, la Unidad pide a Solís que impulse un proyecto para enmendar la reforma procesal laboral, de consenso entre ellos, el PAC y el Frente Amplio, para definir mejor en qué servicios se permitirían las huelgas.
Entre la espada y la pared. El acuerdo entre el PAC y el PUSC le permitió al oficialista Henry Mora obtener la presidencia legislativa el pasado 1.º de mayo.
El apoyo de los ocho diputados socialcristianos fue fundamental porque, antes de consolidar esos votos, el PAC solo tenía sus 13 legisladores y los nueve del Frente Amplio para ganar la elección del Directorio del Congreso.
Con la Unidad, en esa ocasión, Mora logró 30 votos, uno más que el mínimo necesario para ser elegido presidente de la Asamblea Legislativa.
A la vez, el Gobierno buscó responder con una decisión sobre el veto a la presión del Frente Amplio para levantarlo.
Esa bancada le exigió al Poder Ejecutivo tomar una decisión antes de mañana, pues de lo contrario también le retiraría el apoyo al PAC para la elección de mayo.
Plazo fatal. Mañana vence el segundo plazo de cuatro años para tramitar el proyecto de ley 15.990, Ley de Reforma Procesal Laboral, vetada por la entonces presidenta Laura Chinchilla el 9 de octubre del 2012.
El argumento de Chinchilla para vetar esa ley fue que, con ella, se permitía el llamado a huelga en servicios básicos esenciales, como los que prestan los hospitales y la Policía, y que ello resulta inconstitucional.
Para evitar que ese plazo venza, el Gobierno intentó consolidar los votos de 38 legisladores requeridos para aprobar una moción de extensión del plazo cuatrienal por un nuevo periodo y a la vez promover una vía rápida para varias enmiendas a la ley.
Ayer, el ministro de la Presidencia, Melvin Jiménez, y el diputado de confianza del presidente Solís, Víctor Morales Zapata, hicieron un último intento de reunir esos 38 votos.
Sin embargo, una vez más el Partido Liberación Nacional (PLN) le negó a Zapote sus votos para extender el plazo, según informó Morales, pues esa bancada pide que se prohíban las huelgas en servicios esenciales, entre otros cambios al plan vetado.
Tras los hechos en el Congreso, se espera un anuncio sobre el veto entre hoy y mañana.