Proyecto de PLN plantea polémico incentivo a bancos para pasar préstamos en dólares a colones

Meses atrás, en medio de la campaña electoral, el Partido Liberación Nacional (PLN) empezó a ofrecer un planteamiento para atender a quienes tienen créditos en esta moneda. Finalmente, la semana pasada, justo cuando el dólar tuvo una rebaja considerable, los diputados del PLN presentaron un proyecto de ley para facilitar la colonización de deudas.

Sin embargo, para dos expresidentes del Banco Central (BCCR), el plan contiene un polémico incentivo en favor de los bancos, el cual podría perjudicar la política monetaria y, por tanto, a toda la población.

El PLN propone que los deudores puedan pedir a los bancos la conversión de sus deudas en dólares a colones, ya sea con la misma entidad financiera o con otra, por un periodo de 12 meses, prorrogables hasta seis meses, si así lo dispone el Ministerio de Economía, Industria y Comercio (MEIC).

Si los bancos acceden a la solicitud, no podrán cobrar ninguna comisión, multa por pago anticipado, traspaso o cualquier otro gasto que implique la conversión.

A cambio, estas entidades financieras estarían autorizadas a deducir el saldo de las operaciones colonizadas de la base de cálculo del encaje mínimo legal.

El encaje mínimo legal es un porcentaje de los depósitos y captaciones que los bancos están obligados a mantener en el Banco Central de Costa Rica (BCCR) sin que, en general, se les reconozca intereses.

Actualmente, el porcentaje está en un 15% que fija la ley. Recientemente, el BCCR subió la cifra para retener liquidez de los bancos, como una de las medidas para combatir la inflación.

Los encajes pueden ser vistos como un instrumento de política monetaria, pues, en el tanto sea elevado, restringe la oferta monetaria. Si es bajo, la expande.

Con la decisión de subir el encaje, tomada en junio pasado, el Banco Central pretende evitar que los excesos de liquidez que muestran los intermediarios financieros exacerben las presiones inflacionarias.

Rodrigo Bolaños, expresidente del BCCR, expuso que permitir a los bancos descontar el saldo de las operaciones colonizadas, en el cálculo del encaje, iría en el sentido contrario de la política para contener la inflación.

“Es una aberración; es tratar de distorsionar las cosas para lograr los objetivos, pero meterse con el encaje legal es el viejo manoseo del Banco Central”, indicó Bolaños.

“Lo que están diciendo es ‘como no pueden cobrar (comisiones), yo se lo compenso con una medida que va a tener un perjuicio en la política monetaria y va a afectar a la generalidad de la población”, señaló Bolaños.

El expresidente del BCCR añadió que, al retener menos dinero, el banco tendrá que hacer un balance con bonos de estabilización que tienen un costo por las tasas de interés y eso tiene efecto sobre la inflación.

Por su parte, el también expresidente del Central, Rodrigo Cubero enfatizó en la inconveniencia de usar los instrumentos de la política monetaria “para lograr fines específicos de un proyecto de ley”.

Precisamente, por esta misma razón el proyecto le genera dudas a la superintendente general de Entidades Financieras, Rocío Aguilar, quien aseguró que es necesario aclarar posibles imprecisiones del incentivo propuesto en el texto del PLN, al tiempo que advierte la posible objeción del BCCR.

Paulina Ramírez, diputada de Liberación y presidenta de la Comisión de Hacendarios, aseguró que el proyecto de ley ha sido socializado con los mismo bancos, por lo que esta propuesta sobre el encaje mínimo legal viene de las mismas fuentes consultadas.

Afirmó que, ante las observaciones, la fracción está en la disposición hacer los ajustes necesarios para que prospere.

No obstante, para la jerarca de la Superintendencia General de Entidades Financieras (Sugef), el proyecto es innecesario, todavía más en el nuevo contexto, pero sobre todo por la forma de “compensar” a los bancos.

¿Es necesario?

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Después de reconocer las buenas intenciones y el interés político de presentar este proyecto de ley, los expertos y la Asociación Bancaria Costarricense coinciden en que el proyecto es innecesario.

“Los bancos no necesitan una ley para pasar créditos en dólares a colones; obligarlos a no cobrar (comisiones) es como ‘dispararse en el pie’, porque se les disminuye el incentivo. No pueden obligarlos, ni creo que convenga”, afirmó el expresidente del BCCR, Rodrigo Bolaños.

Bolaños agregó que las condiciones han cambiado: el dólar ha bajado y las tasas en colones han ido en aumento, por lo que ya no podría ser tan atractivo o urgente cambiar el préstamo de moneda.

Un criterio similar externó la directora de la ABC, María Isabel Cortés: “El proyecto no adiciona nada a lo que ya han venido haciendo los bancos. Desde la crisis financiera generada por la pandemia, los bancos han estado dispuestos a ayudar a los deudores y, entre las opciones que se le han ofrecido, está la colonización de deudas”.

“Es un proceso que ya está dándose. Es mejor dejar eso a decisión de clientes y bancos, de manera que no es necesario el proyecto”, coincidió Rodrigo Cubero.

La directora de la ABC anotó, además, que las tasas de interés hoy tienden al alza y, por tanto, pasar una deuda en dólares a colones, en este momento, no garantiza que la cuota del crédito varíe en el tiempo.

“Si las tasas suben, los deudores necesitarán más colones para ajustarse al pago de la cuota. Tanto el tipo de cambio como las tasas de interés son dinámicas. Por esa razón, hay que sensibilizar la cuota y decidir qué es lo más conveniente”, señaló la directora ejecutiva.

En tanto, Rocío Aguilar sugirió que los deudores pidan a los bancos una propuesta para valorar si vale la pena colonizar sus créditos, sustituyendo el riesgo cambiario por una cuota posiblemente más alta.

Para el expresidente del BCCR, Rodrigo Cubero, otro de los inconvenientes es el efecto que la colonización de créditos tendría sobre el tipo de cambio, Explicó que, si bancos adquieren operaciones que tienen otras entidades, tendrán que buscar dólares para saldar los préstamos y esto podría meter presión sobre el precio del dólar.

Los expertos coinciden en que esta propuesta ley es facultativa, según lo señala el propio texto, por lo que ni bancos ni deudores estarían obligados a hacer el cambio.