En la Asamblea Legislativa avanza un proyecto de ley que plantea un invasivo rastreo de ciudadanos mediante identificación facial y otros datos biométricos.

La iniciativa del diputado liberacionista Daniel Ulate Valenciano daría “acceso total” de los cuerpos policiales a una megabase de datos de las huellas dactilares y los rasgos faciales que identifican a millones de habitantes de Costa Rica.

Los registros estarían disponibles de forma directa e inmediata para el Ministerio de Seguridad Pública, el Organismo de Investigación Judicial (OIJ), la Dirección General de Migración y Extranjería y la Fiscalía por medio de una Plataforma Nacional de Identificación Biométrica.

El servicio de verificación de identidad también se pondría a disposición de los ministerios y los poderes de la República, de forma gratuita, así como de los órganos descentralizados y las empresas del sector privado que paguen por el servicio.

La Plataforma Nacional de Identificación Biométrica concentraría los registros de todos los costarricenses mayores de 12 años, así como de los extranjeros que residan en el país y los foráneos que ingresen por medio de una visa.

El riesgo es que la propuesta no incluye limitaciones o controles para el uso de los datos por parte de la Policía, ni de las demás instituciones. Por el contrario, indica que el acceso será total.

Ulate dice que no ve cómo podría darse un abuso.

Esta iniciativa denominada Ley de Repositorio Único Nacional para Fortalecer las Capacidades de Rastreo e Identificación de Personas, ya obtuvo un primer aval en la Comisión de Gobierno y Administración, con votos de los partidos Liberación Nacional (PLN), Unidad Social Cristiana (PUSC), Acción Ciudadana (PAC) y un independiente.

El objetivo, según propuso Ulate, es darle a los cuerpos policiales acceso total a los registros biométricos del repositorio nacional, para que realicen “las consultas y los cotejos pertinentes para rastrear e identificar a sospechosos de haber participado en hechos ilícitos”.

El texto dictaminado de forma afirmativa y unánime en la comisión indica que los primeros registros de acceso inmediato para los cuerpos policiales serán las huellas de los diez dedos y los rasgos faciales, “sin perjuicio de que se pueda adquirir nueva tecnología que permita ampliar la identificación de personas a través de la incorporación de más rasgos biométricos que se consideren necesarios”.

LEA MÁS: Alajuela usará inteligencia artificial y reconocimiento facial para combatir delitos y violación de medidas sanitarias

La idea de Ulate es que, en el futuro, se puedan almacenar también grabaciones de la voz, las palmas y las falanges de las manos, entre otros.

El proyecto de ley obligaría a que, en un plazo de dos años, el TSE modernice sus equipos y sistemas, “de forma tal que estos resulten útiles y compatibles con los requerimientos técnicos necesarios que dispongan las autoridades judiciales”.

En Comisión, votaron a favor de la iniciativa los diputados Jorge Luis Fonseca, David Gourzong y Luis Fernando Chacón, del PLN; Pablo Heriberto Abarca, del PUSC; Víctor Morales Mora, del PAC y el independiente Jonathan Prendas.

Acceso irrestricto a base del TSE

El proyecto de ley le asignaría al Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) la responsabilidad de crear y administrar la plataforma.

Las instituciones que ya registran ese tipo de datos —como Migración, en el caso de los extranjeros— lo seguirían haciendo, pero tendrían que almacenar toda esa información en la base del órgano electoral, para que toda la información biométrica de las personas que permanecen dentro del país quede centralizada en un mismo repositorio.

El Tribunal ya almacena las huellas digitales de la población, como parte de su función de emitir cédulas de identidad, pero con el proyecto de Ulate, se modificaría el procedimiento que utilizan las autoridades para acceder a dichos datos.

El Ministerio Público indicó a La Nación que, con la normativa actual, cuando necesita cotejar huellas como parte de un proceso de investigación judicial, el fiscal a cargo del caso debe conseguir la autorización previa de un juez.

Por su parte, el TSE indicó que para utilizar el Repositorio Nacional de Identificación Biométrica existente, se requiere de un convenio interinstitucional. Hasta ahora lo empleaba solo el Poder Judicial; Migración obtendrá acceso a partir de una carta de entendimiento recién firmada.

Con la reforma, el TSE tendría que garantizarle a los cuerpos policiales “los mecanismos oportunos para una consulta directa e inmediata a la plataforma”.

Este medio consultó el contenido de la iniciativa con Mauricio París, abogado especialista en protección de datos, quien expresó asombro por los alcances de la iniciativa y su grado de avance.

“Hay que preocuparse sin ninguna duda”, afirmó el experto.

De acuerdo con París, aunque el objetivo de darle herramientas tecnológicas a las autoridades para combatir el crimen es loable, es peligroso que todos los cuerpos de policía tengan acceso irrestricto y sin controles a un registro con datos sensibles de toda la población.

“Aun y cuando fuera una herramienta de investigación debería de haber control judicial en el acceso a esa base de datos; no solo permitir que todas las instituciones que ahí se indican puedan tener acceso, sino que haya una garantía de que existe una investigación judicial en curso que permita acceder a esa base de datos”, afirmó el abogado.

El experto es del criterio de que este tipo de información debería ser accesible únicamente para el OIJ y la Fiscalía, cuando haya investigaciones judiciales que lo ameriten. Fuerza Pública, Policía de Control Fiscal y los demás cuerpos de vigilancia, dice, no tendrían por qué acceder a estos datos para identificar personas.

Riesgo de abusos policiales

De acuerdo con París, el riesgo con la ausencia de controles es que, en manos equivocadas, la tecnología se podría utilizar igualmente para buscar criminales en fuga o para rastrear sindicalistas y periodistas, por ejemplo.

La Nación consultó a Daniel Ulate por qué su proyecto no incluye garantías sobre el uso adecuado de las herramientas de identificación biométrica. El legislador respondió que no cree que la norma se pueda prestar para abusos policiales, e insistió en que la herramienta se necesita para evitar fraudes y suplantaciones de identidad.

“Yo no veo eso que dice de que pueda haber algún abuso, por lo menos eso no lo hemos visualizado por un tema de seguridad (...); yo visualizo solamente las posibilidades que existen con la tecnología, de que se pueda verificar la identidad por parte de cuerpos policiales”, alegó Ulate.

Según el legislador, la Ley de Protección de la Persona Frente al Tratamiento de sus Datos Personales es garantía suficiente para evitar abusos con el uso de la herramienta.

No obstante, París apuntó que dicha ley, implementada hace nueve años, no se diseñó para lidiar con tecnología de identificación biométrica.

En Estados Unidos y el Reino Unido, los cuerpos policiales ya utilizan sistemas de reconocimiento facial. Sin embargo, en ambos países se han dictado leyes y resoluciones judiciales que frenan los abusos en el uso de la herramienta.

El año pasado, California aprobó una ley que prohíbe el reconocimiento facial de civiles con las cámaras que portan los oficiales en sus uniformes. Los propulsores de la nueva norma lograron demostrar que el sistema tiene una alta tendencia a confundir personas e identificarlas, erróneamente, como delincuentes.

Univisión reportó que dichos fallos son más comunes con personas afrodescendientes.

De acuerdo con el San Diego Union Tribune, en el estado de Michigan, un ciudadano presentó una querella en la que alegó que la Policía lo arrestó injustamente, luego de que un software de reconocimiento facial encontrara coincidencia entre la foto de su licencia de conducir y las imágenes captadas por una cámara de vigilancia durante un asalto.

Y en el Reino Unido, en junio, un tribunal de apelaciones encontró que la policía de Londres estaba haciendo un uso ilegítimo, discrecional y sin controles del reconocimiento facial.

En esa ciudad, en febrero, la Policía estacionó camionetas con cámaras fuera de un centro comercial, con el objetivo de hallar gente “buscada por delitos graves”, según reportó Milenio.

De acuerdo con la BBC, China es la nación líder en tecnología de reconocimiento facial. Ahí, desde el 2019 es obligatorio que quien contrate un servicio de telefonía se someta a un escaneo de su rostro. Así, el Gobierno sabe a quién pertenece cada celular.

El país asiático, descrito como un “Estado de vigilancia” por la BBC, también usa el reconocimiento facial con fines policiales. Por ejemplo, en el 2018, la tecnología se usó para encontrar a un fugitivo en medio de 60.000 asistentes a un concierto.

A Beijing, defensores de derechos humanos lo acusan de “exportar el autoritarismo”, por venderle sus sistemas a otros países, de acuerdo con Los Angeles Times.

‘Primer país que comercializa los datos biométricos’

De acuerdo con el proyecto de ley, la comercialización de servicios de identificación de personas sería la principal fuente de financiamiento de la Plataforma Nacional de Identificación Biométrica.

“Nos convertiría en el primer país del mundo que comercializa los datos biométricos de sus habitantes, incluyendo los menores de edad y cualquier turista que se atreva a venir a Costa Rica”, señaló París.

La iniciativa no pone límites al tipo de servicios de identificación que el TSE les podría vender a las empresas.

“Siendo una cosa tan seria, me parece que no se puede dejar eso abierto simplemente a que el día de mañana puedan meter todo tipo de información biométrica, teniendo como única limitación la tecnología que se llegue a utilizar”.

“Y esa información, sobre todo cayendo en manos privadas, vía comercialización del TSE, me parece una cosa terrible, espeluznante”, opinó el abogado.

Como el proyecto de ley cuenta con el visto bueno de la comisión de Gobierno y Administración, el plan ahora inicia su trámite de plenario. Los 57 diputados podrán hacerle modificaciones y, después, votarán para aprobar o rechazar la iniciativa en dos debates.

Desde el 2015, el TSE ofrece un servicio de autenticación de huellas dactilares, con el cual las empresas y los bancos pueden comprobar si las personas que se presentan a realizar trámites son quienes dicen ser. El fin es evitar suplantaciones de identidad.

Lo que se les vende a los clientes no es la base de datos, sino el acceso a un sistema que capta la huella, la coteja con la información del Registro Civil y responde si la identidad del sujeto es auténtica o no.

De acuerdo con el Tribunal, quienes adquieren dicho servicio aceptan someterse a auditorías para garantizar el uso correcto de la herramienta. El sistema, además, registra en una bitácora cada consulta que se realiza, así como el motivo de la misma.

En el documento adjunto puede leer la versión del proyecto de Ley de Repositorio Único Nacional para Fortalecer las Capacidades de Rastreo e Identificación de Personas que se aprobó en comisión: