El Poder Judicial extraditó al opositor nicaragüense, Douglas Gamaliel Pérez Centeno, conocido como Douglas Gamaliel Álvarez Morales, de 44 años, la mañana del viernes 16 de febrero, a solicitud del régimen de Daniel Ortega.
El abogado defensor de Pérez Centeno, Daguer Hernández, aseguró que se había advertido del riesgo de tortura que conllevaba la entrega del hombre a las autoridades del régimen.
Las autoridades nicaragüenses acusan a esa persona de ser un miembro de una organización criminal que operaba en el departamento de Río San Juan, que manejaba armas de fuego propias del ejército y la Policía Nacional de Nicaragua, así como ropa militar, y que habría cometido varios delitos.
Específicamente, se les acusa de participar en un asalto, con víctimas mortales, a empleados de la empresa Agroindustrial del Río S. A.
Según relató vía telefónica el abogado Hernández, el ciudadano nicaragüense fue movilizado por las autoridades judiciales este jueves 15 por la noche y llevado hasta la frontera, donde fue entregado al régimen de Ortega, este viernes a las 8 a. m.
El OIJ confirmó que el operativo de extradición lo llevaron a cabo agentes de la Policía Judicial destacados en la Oficina Central Nacional-Interpol San José.
La entrega a las autoridades nicaragüenses se dio bajo la dirección del Tribunal Penal de Liberia, en el puesto de Peñas Blancas, y en colaboración con la Policía de Migración.
“El sujeto quedará a las órdenes del Juzgado Décimo Distrito Penal de Audiencias de la Circunscripción de Managua, Nicaragua”, confirmó el OIJ.
Hernández aseguró que él se enteró tarde de la situación y corrió a presentar un recurso de habeas corpus en la Sala Constitucional, que según consta en resolución de este viernes a las 3 p. m., fue cursado y se ordenó la suspensión del proceso de extradición, ya cuando este se había ejecutado.
La Sala informó de que el recurso fue presentado a las 9:56 a. m. del viernes, cuando ya la extradición se había efectuado dos horas antes, a las 8 a. m.
Pérez Centeno fue detenido, junto con otros supuestos miembros de la misma organización criminal, en un operativo coordinado entre la Policía de Nicaragua y la Fuerza Pública de Costa Rica, el 18 de octubre del 2022, en el centro de San José.
No obstante, la información oficial del OIJ, indica que Pérez fue detenido el 31 de octubre de ese año, en Los Lagos de Heredia, porque contaba con una alerta internacional de captura, como sospechoso de homicidio, fabricación, tráfico, tenencia y uso de armas restringidas, así como crimen organizado y secuestro simple.
“El objetivo era que no hubiera ningún proceso, sino enviarlos directamente a Nicaragua”, indicó el abogado, pero aseguró que Pérez Centeno tenía en trámite una solicitud de refugio en Costa Rica, que se denegó en el plazo de los 15 días posteriores a su detención.
En ese momento, los familiares de Pérez presentaron un recurso de habeas corpus, sin que ellos supieran dónde estaban él y los demás detenidos, lo que finalmente detuvo la deportación en aquel momento y se modificó el proceso a una extradición, que las autoridades de Nicaragua tuvieron que solicitar formalmente a Costa Rica.
Daguer Hernández relató que en ese proceso de extradición no se entra a revisar el fondo de la acusación, relativo a los delitos cometidos por Pérez y los otros individuos.
Según el abogado, en 12 días, el gobierno de Ortega armó el caso contra su defendido, por una serie de delitos comunes, y en abril del 2023, el juez de Quepos que conocía del caso, ordena la extradición, contra lo cual él presentó recurso de apelación y revocatoria, en el Tribunal de San Ramón.
En agosto del 2023 se ratificó la extradición. “Tanto en Quepos como en San Ramón, señalamos el peligro de que él fuera extraditado a Nicaragua y la posibilidad incluso de tortura”, enfatizó.
En la sentencia de extradición dictada en primera instancia por el juez Derick Sebastián Vargas Bustamante, consta que el requerimiento de los nicaragüenses lo hizo Gloria María Saavedra Corrales, jueza que Daguer Hernández asegura es un brazo del orteguismo, quien ha ordenado una serie de acciones judiciales contra presos políticos y nicaragüenses exiliados.
De hecho, Saavedra Corrales ordenó, a favor del orteguismo, la confiscación de todos los bienes de la Universidad Centroamericana, (UCA).
“Nosotros tratamos de señalar esto al juez, el riesgo de tortura, pero los jueces de Costa Rica nos dijeron que eso era problema de Nicaragua, que acá solo se conoce si se cumplían los requisitos del tratado de extradición y no se iba a entrar en un problema de situaciones políticas de Nicaragua”, señaló Hernández.
El abogado explicó que los tribunales costarricenses carecían de conocimiento sobre la situación real en el país vecino. Por esta razón, al tratarse de delitos comunes y cumplirse con los requisitos establecidos en el convenio de extradición, se dictaminó el proceso.
El representante legal recordó que en octubre del 2023 se ordenó la extradición de todos los detenidos, pero se logró frenar el envío de Douglas Pérez Centeno y Reinaldo Picado Morales.
“Hicieron un proceso totalmente extraño, sacarlos de la cárcel por el OIJ. Fui a preguntar en ese momento y no me decían nada, que no había entrado nadie. Al final, esa noche presentamos un habeas corpus a las 10:30 p. m., porque ellos estaban desaparecidos, nadie decía dónde estaban”, dijo.
En aquella ocasión anterior, la Sala Constitucional ordenó detener el proceso de extradición, cuando Pérez y Picado estaban en la frontera, pero los regresaron. En diciembre se declaró sin lugar el habeas corpus.
En el caso de Picado, el abogado dijo que se presentó una nueva solicitud de refugio, por hechos nuevos, que lo mantiene protegido, pero no se pudo hacer en el caso de Douglas Pérez.
“El juez de Quepos de nuevo señaló que se iba a extraditar, hace como una semana. Esperábamos que lo hicieran formalmente, que notificaran y avisaran el día, con todas las coordinaciones correspondientes, pero lo hicieron igual.
El abogado relató que la noche del jueves liberaron al individuo, indicándole que sería puesto en libertad. Las autoridades lo trasladaron a Nicaragua a las 8 a. m. del viernes, y la Sala Constitucional tomó acción a las 3 p. m.