Plenario aprueba informe que pide renuncia de Ottón Solís al BCIE

El plenario de la Asamblea Legislativa aprobó, este lunes, un informe mayoritario de la comisión investigadora sobre las finanzas del PAC de las elecciones 2010, en que se exige la renuncia de Ottón Solís como representante del país ante el BCIE.

El documento tuvo el apoyo de 40 legisladores de la oposición, mientras que 10 votaron en contra de la propuesta.

Los votos a favor del informe los emitieron 16 legisladores del Partido Liberación Nacional (PLN), los seis de Restauración Nacional, cuatro legisladores del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC), dos del Partido Integración Nacional (PIN), el legislador del Partido Republicano Social Cristiano (PRSC), el del Frente Amplio, y nueve independientes.

Los diez que se pronunciaron en contra fueron todos los miembros del Partido Acción Ciudadana (PAC).

El informe, anunciado el 5 de abril pasado, afirma que hay más responsables de la estafa sentenciada en el 2016 contra el PAC, y le recomienda al presidente de la República, Carlos Alvarado, destituir al fundador de ese partido, Ottón Solís, del cargo que actualmente ocupa como representante del país ante el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE).

También se incluye, entre las recomendaciones, que se destituya a la exsecretaria general del PAC, Margarita Bolaños, como garante de la ética del gobierno.

El informe se emitió luego de dos años desde que se instaló la comisión, que principalmente se dedicó a tratar de probar que el mismo mecanismo usado para estafar al Estado en el 2010 se habría utilizado para las campañas 2002 y 2006.

Eso lo aseguran legisladores como Pedro Muñoz, del PUSC, y el independiente Dragos Dolanescu.

El informe, emitido por seis legisladores de la oposición, recomienda al Ministerio Público retomar la investigación sobre la estafa que el PAC cometió al cobrar ¢516 millones al Tribunal Supremo de Elecciones (TSE), mediante el cobro de contratos falsos por servicios especiales, con dirigentes y militantes que, en realidad, ofrecieron su trabajo de forma gratuita, dieron un servicio distinto al cobrado o del todo no participaron de las elecciones.

El caso fue a juicio y la condena se ratificó en la Sala III, en contra del PAC y dos exmilitantes, el extesorero Maynor Sterling y el excolaborador Manuel Antonio Bolaños.

Durante una sesión dedicada exclusivamente para atacar al partido de gobierno, por la estafa ya condenada, usaron la palabra el propio Viales y Muñoz, quien alega que si un partido podría estar tras las rejas, debería ser el PAC.

En tanto, los fabricistas del bloque independiente autodenominado Nueva República afirmaron que Acción Ciudadana como partido debería desaparecer, mientras que el frenteamplista José María Villalta resaltó que sí considera que el Ministerio Público debería mantener abierta la indagatoria y seguir investigando.

Sin embargo, Villalta aseguró que rescata las recomendaciones del informe de minoría, firmado por la oficialista Catalina Montero, en el que sugiere que se haga una comisión investigadora de las finanzas de todos los partidos y no exclusivamente del suyo.

En ese sentido, reclamó el frenteamplista que no se haya investigado la estructura paralela de financiamiento para la campaña electoral de Fabricio Alvarado, que en el 2018 fue el candidato presidencial de Restauración Nacional, así como el viaje en helicóptero que habría hecho financiado por una persona jurídica.

En la misma sintonía reclamó la oficialista Paola Vega, quien manifestó que todas las investigaciones que propuso sobre la campaña de Fabricio Alvarado fueron bloqueadas por el PLN, el PUSC y el PRN, bajo el argumento de que eran casos ya judicializados.

“El PAC estaría en la cárcel o con tobillera, si fuera una persona física y no una jurídica”, dijo el jefe de Liberación, Luis Fernando Chacón.

Aunque el PAC votó en contra de esta investigación, la oficialista Laura Guido alegó que el partido se puso a disposición de las autoridades competentes, en referencia a las judiciales.

También enfatizó que el caso se investigó jurídicamente y se determinó quiénes fueron los responsables y “no puede ser que haya una revisión posterior de parte de un cuerpo político”.

“Entonces, si los tribunales no cumplen con mi expectativa de sacar al contrincante del juego, entonces la Asamblea les hace control político a los tribunales. Es que no nos damos cuenta que se cruzó un delicadísimo límite de la división de poderes”, dijo Guido.

Agregó que los legisladores tomaron como testigo principal al principal imputado de la estafa, Maynor Sterling.

“Yo parto de una tesis. Este es un instrumento para ustedes, imponiéndose sobre la ley y sobre la división de poderes, para lograr lo que no han logrado en las urnas”, reclamó Guido.