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Dos diputadas frenaron este lunes la aprobación del proyecto que legalizaría el cannabis medicinal y la industria del cáñamo, justo cuando estaba listo para ser votado en el plenario de la Asamblea Legislativa.
Se trata de la legisladora Mileyde Alvarado y de la independiente Shirley Díaz, ambas opuestas al plan de ley. La primera habló durante 23 minutos en contra de la legalización y la segunda durante 12 minutos. Con ello fue suficiente para evitar el primer debate.
Al cierre de la sesión del plenario, a las 6:06 p. m., quedaron pendientes en la lista de oradores el independiente Jonathan Prendas, el restauracionista Carlos Avendaño y el socialcristiano Erwen Masís. En otros momentos, también engrosó la lista Wálter Muñoz, del Partido Integración Nacional (PIN).
El plan entró en la corriente legislativa el 7 de mayo del 2019 y estuvo congelado entre diciembre del 2020 y julio del 2021 porque el Gobierno no lo convocó durante las sesiones extraordinarias, en las que el Ejecutivo tiene el control de la agenda legislativa.
El objetivo del expediente es autorizar la producción del cannabis para uso medicinal y fines terapéuticos, su consumo y la producción de derivados, a la par de su comercialización. En cuanto al cáñamo, también de la misma familia del cannabis, se permite su producción para fines industriales, pues en ese caso tiene bajísimos niveles de tetrahidrocannabinol (THC), que es el componente psicoactivo del cannabis.
Antes de que se iniciara el debate de fondo de la iniciativa, se aprobó una moción para aumentar la cantidad de licencias de producción que se entregarían a las micro, pequeñas y medianas empresas (mipymes), que ya no sería el 30%, sino el 40% de las licencias totales.
Además, se aprobó una moción para aclarar que la licencias para el cultivo del cannabis y cáñamo no podrían darse dentro del marco de zona franca, pero sí las demás actividades relacionadas con ese nuevo mercado.
El argumento de Shirley Díaz se centró en que la iniciativa es un portillo para el consumo libre de la marihuana, mientras que Mileyde Alvarado manifestó que el plan es una amenaza y un peligro para la seguridad nacional.
La restauracionista hizo suyos los criterios que manifestaron en contra, antes de que el plan se dictaminara en la Comisión de Ambiente, en noviembre del 2020, los ministerios de Seguridad Pública (MSP) y de Agricultura y Ganadería (MAG), además de los institutos de Alcoholismo y Farmacodependencia (IAFA) y Costarricense sobre Drogas (ICD).
Además, la restauracionista se opuso al artículo que permite el autoconsumo de cannabis para fines medicinales y terapéuticos, para lo cual una persona podría tener plantas en su casa de habitación.
La proponente de la iniciativa, la independiente Zoila Volio, destacó que para defender u oponerse a un proyecto cada quien requiere “estudio, investigación y conocimiento para tener un mejor criterio”. Ella agregó que, en una democracia, hay que escuchar muchas veces “criterios que no tienen fundamento en el texto”.
“En ningún momento se legaliza ningún tipo de droga; el plan es contundente en cómo se haría la producción del cannabis, controlado, con supervisión de Seguridad, de Agricultura, Salud. Ellos no han profundizado bien en el proyecto y, probablemente, lo confunden con el de don Enrique Sánchez (PAC), que sí legaliza la marihuana recreativa, pero no con este”, dijo Volio.
La idea del proyecto es incentivar la producción, industrialización y comercialización de ambos productos. El MAG tendrá a su cargo la regulación del mercado del cáñamo, mientras que el Ministerio de Salud se encargará de regular el cannabis para uso medicinal y terapéutico. Los productores de cannabis y cáñamo tendrán que registrarse y mantener informadas a las autoridades sobre sus actividades.
El proyecto autoriza la venta de materia prima de cannabis a la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) y a laboratorios autorizados para el desarrollo de los medicamentos.
