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La diputada Luz Mary Alpízar, del Partido Progreso Social Democrático (PPSD), pidió a los jefes de las seis fracciones legislativas aprobar el reglamento sobre violencia política aplicable a las diputaciones.
Se trata de un cuerpo normativo que permitiría resolver denuncias de conductas agresivas cuando estén implicados, como agresores o agredidos, diputados o diputadas de la Asamblea Legislativa.
Alpízar hizo la petición en nombre del Grupo Parlamentario de Mujeres Diputadas, el cual ella preside, y les enfatizó a los voceros partidarios que se trata de una deuda pendiente establecida como obligación por la Ley para prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres en la política.
Esta legislación dio un año a la Asamblea Legislativa para aprobar y poner en vigencia dicha reglamentación, plazo que se cumplen a inicios de mayo, lo que implica que el plenario debe aprobarlo a más tardar en abril.
Alpízar explicó que los puntos más relevantes de la reglamentación son:
-Confidencialidad del expediente y la confirmación contenida en él.
-Prohibición de revictimización de la persona denunciante.
-Persona podrá plantear la denuncia por escrito ante cualquier integrante del Directorio legislativo.
-Una comisión investigadora se encargará del debido proceso para resolver la denuncia planteada.
-Plenario deberá determinar si la falta existe o no.
-Sanción para diputado o diputada responsable será una amonestación ética pública.
Para que el reglamento pueda aprobarse se debe lograr el acuerdo de los jefes de las seis fracciones parlamentarias, pues la agenda del plenario siempre se establece por acuerdo de una mayoría.
El reglamento está en agenda del plenario desde el mes de enero y, hasta la fecha, no ha habido avances en su discusión y aprobación.
Frente a la petición realizada por Alpízar, solamente dos jefes de fracción manifestaron su total aval para que se discuta y apruebe el reglamento: Kattia Rivera, jefa de Liberación Nacional (PLN), y Jonathan Acuña, del Frente Amplio.
Los demás voceros políticos guardaron silencio ante la petición.
“Este es uno de los temas en que, por más que una esté aquí y tenga carrera política, normalizamos y hasta sufrimos. Considero importante y necesario discutir esto en el plenario, primero por esa sensibilización más que necesaria y aunque pueda resultar difícil el mecanismo sancionatorio, es un tema de educación”, comentó Rivera.
El frenteamplista opinó que el tema es de primera importancia, así como que la Asamblea Legislativa cumpla con el plazo que esta misma estableció para cumplir con los reglamentos.
Acuña también dijo que, si bien un mes y medio puede ser suficiente, con los tiempos y discusiones legislativas sería necesario establecer una hoja de ruta para cumplir con el plazo.
“Con todos mis privilegios de hombre, cisgénero, he estado por muchos años trabajando en la Asamblea y he percibido la violencia que reciben las compañeras, es desigual. He estado en momentos muy tensos y a mí se me trata distinto, las confrontaciones son distintas conmigo, que cuando se trata de compañeras. Entonces, en buena hora tenemos la oportunidad de dar esta discusión”, dijo el frenteamplista.
Rodrigo Arias, presidente de la Asamblea, declaró que él está en la total disposición de que el tema avance y el Congreso cumpla con los plazos.
El reglamento sería aplicable a las diputaciones, tanto si son denunciados por violencia política como si son víctimas de este tipo de agresión.
Ya en noviembre del 2022, el Directorio de la Asamblea aprobó el reglamento de la ley contra la violencia hacia las mujeres en política aplicable al personal del Congreso.
Alpízar dijo que es “urgente dar la discusión y que el reglamento sea aprobado antes de que termine abril”.
“La ley dispuso crear una reglamentación particular en el caso de las diputaciones, para evitar manejos indebidos que generen revictimización para las personas agredidas, cuando los actos discriminatorios provengan de un diputado o diputada. En ese sentido, las reglas deben estar claras para todas las partes implicadas por igual”, explicó Alpízar.
El reglamento fue preparado por ella misma y la diputada Dinorah Barquero, del Partido Liberación Nacional (PLN), junto con la jefa de la Unidad Técnica de Igualdad y Equidad de Género (Utieg), así como un representante del Departamento de Asesoría Legal.
