La Inspección Judicial abrió este viernes una investigación al letrado de la Sala IV, José Joaquín Alvarado Acuña, quien contribuyó en la confección del borrador de decreto que reformaría la norma técnica sobre el aborto terapéutico.
El documento excluiría el peligro para la salud de la madre como justificación del aborto terapéutico, a pesar de que esa es una de las condiciones previstas en el artículo 121 del Código Penal.
El Ministerio de Salud admitió haber entregado el borrador a los miembros de una comisión técnica convocada para revisar este tema.
El abogado Acuña, quien labora para la presidencia de la Sala IV, admitió que brindó su opinión académica sobre el texto por solicitud del abogado Raúl Escalante, quien laboró como asesor de la exdiputada Shirley Díaz, del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC).
No obstante, el funcionario judicial negó que la propuesta de reglamento sea de su autoría.
Al trascender estos hechos, la tarde de este viernes, el Poder Judicial confirmó la apertura de un expediente de investigación.
El letrado calificó a Escalante como un amigo; sin embargo, indicó que desconoce si esa solicitud de asesoría la hizo en representación de alguna entidad, o si lo hizo por su cuenta. “No me lo reveló al momento de la solicitud”, dijo.
El letrado de la Sala IV agregó que, en su criterio, la ley no le impide hacer observaciones académicas a cualquier documento que sometan a su opinión. Indicó que no cobró por esta asesoría y que sus observaciones se limitaron a asuntos de forma.
De ser aprobado por el Gobierno, cabe la posibilidad de que el decreto sea impugnado ante el Tribunal Constitucional.
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“El licenciado Raúl Escalante me solicitó que le brindara una opinión académica como bioeticista sobre un documento en que él estaba trabajando, a lo que accedí”, dijo Alvarado, por medio de la oficina de prensa de la Sala IV.
“Accedí como bioeticista y amigo”, reconoció el letrado.
El jurista sostuvo que fue consultado en su condición de conocedor del campo de la bioética y profesor de la Universidad Santa Paula, así como de los cursos de Buenas Prácticas en la Investigación de la Maestría en Bioética de la Universidad Nacional (UNA).
“Al recibir el documento de referencia en formato PDF, lo copié y pegué en un documento de Word, en mi computador personal, para así poder agregar mis observaciones como especialista y académico en Bioética. Imagino que por esa razón aparezco como autor del documento”, dijo el letrado Acuña, quien ha sido candidato a magistrado de la Sala IV.
Informó de que su aporte consistió en hacer las observaciones bioéticas y académicas sobre el “lenguaje médico técnico del documento”.
“Al ser una opinión académica y en una materia no relacionada con mi ejercicio profesional como funcionario judicial y letrado de la Sala Constitucional, no me alcanza ninguna de las limitaciones contenidas en el artículo 9 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, para hacer las observaciones académicas a cualquier documento que se someta a mi opinión experta en Bioética”, señaló.
En el 2018, al participar en un concurso para elegir un magistrado de Sala IV, Acuña se pronunció en la Asamblea Legislativa en contra del matrimonio igualitario y dijo que, en lugar de ello, el país pudo legislar en favor de un proyecto de sociedades de convivencia, según publicó el semanario Universidad en aquel momento. Además, calificó de “injerencia” la opinión consultiva de la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre ese tema.
Cambios
El Ministerio de Salud confirmó que, desde el 20 de enero, envió un borrador de nuevo reglamento a los miembros de la comisión técnica convocada por esta institución para revisar la norma técnica de interrupción del embarazo cuando peligren la vida o la salud de la madre, emitida en el 2019.
La noche del jueves, la institución aseguró que el documento no lo conocían el presidente de la República, Rodrigo Chaves, ni el ministro de Salud interino, Alexei Carrillo.
La abogada Larissa Arroyo, integrante de la comisión técnica, declaró que el grupo recomendó no tocar la norma, pero el viernes pasado los integrantes fueron convocados al ministerio, en donde se les dijo que el nuevo decreto debía salir “sí o sí”. Lo presentó un funcionario que, según la abogada, es el enlace con el despacho ministerial.
Arroyo confirmó que fueron convocados a una reunión virtual dirigida por Guillermo Castro, quien se identificó como jefe de legal del Ministerio de Salud y asesor enlace del ministro en ejercicio. De parte de la entidad, también estaba Allan Varela, director de la unidad de Amornización de Servicios de Salud.
A la reunión asistió, además, una representante de lnstituto Nacional de la Mujer (Inamu).
El Colegio de Médicos no fue consultado en esta ocasión.