Las noticias de independencia recorrieron un largo camino desde el norte del subcontinente, en Guatemala, hasta llegar a Costa Rica en octubre de 1821.
Era una provincia remota y pobre de menos de 60.000 habitantes, que lejos de recaudar muchos impuestos para la Corona Española, dependía de sus préstamos para construir las pocas obras.
Si bien la Gobernación de Cartago ejercía una especie de jerarquía central sobre la provincia, supeditada a la diputación de Costa Rica en la Intendencia de León, en Nicaragua, las estructuras políticas básicas de los pueblos eran los ayuntamientos.
Incluso antes del surgimiento de la joven nación, los ayuntamientos tenían importantes rangos de autonomía y se encargaban de muchos aspectos de la vida cotidiana de sus habitantes, como la recaudación de impuestos sobre transacciones comerciales, la administración del agua y la celebración de cabildos abiertos con participación de vecinos para la toma de decisiones políticas.
Esas estructuras eran similares a las municipalidades. Estaban presididas por gobernadores, corregidores o alcaldes. Y también tenían regidores y síndicos. Juntos, conformaban el cabildo cerrado.
“Los ayuntamientos prácticamente organizaban todo lo referente a las pequeñas ciudades: impuestos locales, regulaban los mercados, eran receptores de impuestos y administraban las cárceles. Tenían una gran cantidad de atribuciones”, afirmó el historiador cartaginés Franco Fernández.
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Pese a que los ayuntamientos enviaban una parte de esos recaudos a la Hacienda Real, ubicada en la Intendencia de León, añadió el cronista, era muy poco lo que aportaban los pueblos de Costa Rica a la Corona Española.
“En el caso nuestro, como era una provincia bastante pobre, comparada con Guatemala, por ejemplo, más bien no fue tan grande la recaudación. En muchísimas oportunidades, se necesitaba dinero para cumplir con las obligaciones de los ayuntamientos que eran bastante pobres”, afirmó Fernández.
Cuando llegaron a estas tierras las noticias independentistas, los cabildos —acostumbrados a procesos más democráticos que en otras colonias españolas—, aquellos pobres ayuntamientos, jugaron un papel predominante en el proceso de separación de la estructura española en América.
Toma de decisiones inéditas
La independencia no llegó en un acta desde Guatemala. Más bien, las declaratorias de los pueblos de la provincia de Costa Rica, de su separación con España, ocurrieron como desenlace de una serie de hechos acontecidos en octubre de 1821.
Así lo explica el investigador David Díaz, director del Centro de Investigaciones Históricas de América Central (CIHAC) de la Universidad de Costa Rica (UCR).
La noticia de la decisión de Guatemala de separarse de España, firmada el 15 de setiembre de 1821, llegó a Cartago el 13 de octubre de 1821, casi un mes después.
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La copia venía junto con un documento conocido como el Acta de los Nublados del Día, firmado por las autoridades de la Intendencia de León, en Nicaragua, de la cual la provincia de Costa Rica formaba parte.
“Ellos recomiendan no hacer nada, no declarar la independencia. No se iba a seguir a Guatemala, porque había una animadversión contra Guatemala desde finales del siglo XVIII.
“Las provincias consideraban que las élites guatemaltecas eran las únicas que se beneficiaban del mercado colonial, explotando a las demás”, dijo el historiador de la UCR.
El gobernador de Cartago, el español Juan Manuel de Cañas, visitó el ayuntamiento de San José para dar las noticias, con la advertencia de que la provincia no tomaría medidas por el momento, debido a las indicaciones de los representantes de Costa Rica en León.
Los ayuntamientos, que tenían importantes grados de autonomía en ese momento, decidieron aguardar “hasta que se aclaren los nublados del día”, haciendo referencia a la espera de una posible reacción por parte de la Corona Española ante la rebeldía de Guatemala.
La expectativa se mantuvo hasta que, 15 días después, llegó la noticia de la independencia de León. Esa misma noche del 28 de octubre, el ayuntamiento de San José celebró su separación de España. La mañana siguiente llegó la información a Cartago, que también declaró su independencia.
“Los ayuntamientos se independizaron uno a uno, empezando por el de San José, el 28 de octubre. Después, lo hizo el ayuntamiento de Cartago el 29 de octubre. Hay gente que reclama que ese es el Acta de Independencia de Costa Rica, pero históricamente eso no tiene fundamento”, comentó Díaz.
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Las noticias fueron llegando a los pueblos a campanadas, que avisaban a los vecinos de una convocatoria extraordinaria a cabildos abiertos para declarar la independencia de sus tierras.
“Entre el 1.° de noviembre y el 6 de noviembre de 1821, se fueron declarando independientes cabildos como Heredia, Barva, los Pueblos de Indios, entre otros”, afirmó el historiador de CIHAC.
Con esas declaratorias independentistas, afirma el historiador, la soberanía de los pueblos estuvo en manos de sus unidades políticas más pequeñas: los ayuntamientos.
“Tenemos entonces alrededor de 12 cabildos que se declaran independientes. El Acta de Independencia de San José es muy clara, porque decía ‘en esta ciudad libre e independiente’ y también señalaban que no respetaban ninguna autoridad más que la de su ayuntamiento”, recordó Díaz.
Los cabildos estaban tomando decisiones inéditas sobre su soberanía. “Nadie sabía cómo se hacía una independencia”, puntualizó.
Los pueblos dibujaron el comienzo
Debido a los acontecimientos recientes, Cartago tomó la iniciativa de convocar a los ayuntamientos de la provincia a conformar la Junta de Legados de los Pueblos.
En ese espacio político, con representantes de todos los territorios, se discutió el futuro de Costa Rica después de las múltiples declaratorias de independencia de los ayuntamientos.
Enseguida, los pequeños pueblos eligieron a sus representantes políticos que conformarían una Asamblea Constituyente en Cartago.
“Se eligieron representantes, llamados legados, porque se les dio un pergamino con instrucciones de lo que podían hacer, de lo que podían discutir en Cartago.
“Esos legados se reúnen en noviembre de 1821 y deciden que el estilo de Gobierno de la provincia va a ser una Junta Gubernativa y firman el Pacto de Concordia, que comienza diciendo que Costa Rica es libre e independiente.
“Ahora sí, el Pacto de Concordia declara la independencia de la provincia de Costa Rica en ese momento”, afirmó el investigador de la UCR, David Díaz.
Para el historiador cartaginés, Franco Fernández, esa fue una de las primeras representaciones democráticas —con sus defectos— del pueblo costarricense en aquella época.
“Cuando se reúnen los ayuntamientos de los pueblos de Costa Rica para hacer la primera constitución política, tenemos representación prácticamente de todo el territorio de la provincia de Costa Rica”, afirmó Franco Fernández.
¿Qué decía la primera constitución de Costa Rica?
El Pacto de Concordia, considerado como la primera Constitución Política de Costa Rica, declaró a la provincia “en absoluta libertad”.
De acuerdo con lo acordado por la Junta de Legados de los Pueblos, la provincia podrá elegir su nueva forma de gobierno y “será dependiente o confederada de aquel Estado o potencia a que le convenga adherirse, bajo el preciso sistema de absoluta independencia del Gobierno español y de cualquiera otro que no sea americano”.
También, protegió los derechos naturales y las libertades civiles de sus habitantes, así como la propiedad. Además, proclamó la religión católica “como única verdadera”.
Aquel histórico acuerdo fue firmado por los legados de Escazú, Cartago, San José, Heredia, Alajuela, Curridabat y Aserrí, Pueblo Nuevo, Laborío, “Ujarraz”, “Quircó”, Tobosi, Cot, Bagaces, “Barba”, Esparza, Cañas, Térraba y Boruca, Orosi, Tucurrique y Pacaca.
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El Pacto otorgó la ciudadanía a “todos los hombres libres naturales de la provincia o avecindados en ella con cinco años de residencia”.
Asimismo, se instaló la Junta de Gobierno Provisional, la cual estaba compuesta por siete vocales elegidos popularmente. “Este Gobierno permanecerá hasta que se forme y establezca la Constitución del Estado a que la provincia se adhiera”.
Esa junta gubernativa fungió al frente de la provincia de Costa Rica durante un año. De acuerdo con el investigador David Díaz, ese órgano tuvo muchos problemas para imponer el orden.
Especialmente en aquellos territorios donde algunos sectores de la población todavía eran leales a la Corona Española.
“En Cartago, por ejemplo, había facciones realistas, seguidores del rey, que querían volver el camino hacia atrás y seguir siendo colonia de España.
“Conspiran en muchos momentos para que eso ocurra también representantes eclesiásticos, muchos sacerdotes decían que era un pecado mortal ‘eso de la independencia’ y llamaban a los feligreses a oponerse a la independencia porque Dios estaba en contra de eso.
“Incluso ocurre un terremoto en 1822 y estos sacerdotes utilizaron eso para decir que ahí estaba una prueba de que Dios no era independentista”, manifestó Díaz.