La Junta de Protección Social (JPS) evitó realizar una licitación pública para desarrollar su nuevo sitio web de lotería y chances en línea, el cual entró a operar el pasado domingo 19 de mayo con la particularidad de que exige a los usuarios tener firma digital para poder comprar.
En vez de licitar, la Junta Directiva de la institución acordó ampliar una contratación preexistente, de baja cuantía, que no tenía como finalidad crear la plataforma de ventas, sino adquirir un proveedor que suministrara “horas de ingeniería para la gestión de tecnologías de información”.
Dicha decisión se tomó sin los estudios técnicos y financieros que justificaran la medida y se fundamentó en un solo factor: que la nueva página web estuviese lista a más tardar el 18 de mayo, fecha en que vencía el contrato del anterior servicio www.jpsenlinea.com, el cual se sustituyó por www.jpsenlinea.go.cr.
La Junta Directiva tomó la determinación el 18 de enero anterior, seis meses después de que la JPS declaró infructuosa una licitación pública para el desarrollo de los juegos en línea, y a escasos cuatro meses para la conclusión del contrato anterior.
El máximo órgano de la Junta optó por un desarrollo “con recursos internos”, ampliando las subcontrataciones a la empresa One Way Technologies S. A., la cual tenía un contrato de servicios de tecnologías de la información (TI), por demanda, desde finales del 2022.
La JPS no respondió una solicitud de entrevista de La Nación sobre la lotería en línea, mientras que la jerarca, Esmeralda Britton, argumentó que estaba atendiendo múltiples asuntos y no podía responder cada consulta de forma directa, sino mediante la oficina de Prensa. Este último despacho no suministró un vocero a este medio para hablar del tema.
JPS no exigió experiencia al proveedor
Aunque lo llamó un proyecto con “con recursos internos”, lo cierto es que, desde el primer momento, la JPS sabía que no contaba con el personal necesario para desarrollar un sitio de este tipo y necesitaba de la ayuda de un tercero.
A este tercero no se le exigió experiencia en loterías ni nuevas garantías bancarias por eventuales incumplimientos, como sí se exigió en la licitación que se declaró infructuosa. La garantía vigente es de solo ¢4,5 millones.
Por el desarrollo de la plataforma, en cuestión de tres meses, One Way obtuvo al menos dos órdenes de compra que, en conjunto, suman ¢649,5 millones, según consta en el Sistema Integrado de Compras Públicas (Sicop). Una es del 21 de enero de este año y otra, del 1.° de abril.
Dicho monto es un 333% superior a los ¢150 millones que la Junta presupuestó pagarle a esa compañía por año cuando la contrató para servicios de TI por demanda, a finales del 2022.
Estas dos órdenes de compra, además, superan el monto que se previó pagar por el sitio. Inicialmente, la JPS planeó que el portal costaría ¢356,4 millones. El monto previsto se consignó en las actas de la Junta Directiva del 18 y 25 de enero del 2024.
El miércoles 22 de mayo, este medio contactó al presidente de One Way, Manuel Quirós, a su teléfono celular. Por WhatsApp, pidió que se le remitieran las preguntas por correo. Ese mismo día se le enviaron y, horas después, respondió que iban a proceder “a revisar el expediente para atender la cantidad de consultas que nos remitió”.
“Lo que le podríamos decir, ahora, es que el contrato se trata de un contrato bajo la modalidad de entrega según demanda y se tramitó como una licitación pública”, adelantó. A la hora de publicación de este artículo, no se obtuvo otra respuesta a las preguntas enviadas.
Dos directivos de la JPS en contra
Si bien la cúpula de la JPS acordó ampliar la subcontratación de One Way, en enero pasado, la decisión no fue unánime. Dos directivos votaron en contra, pues tenían dudas sobre los costos y la conveniencia para la institución. Luis Andrés Vargas Garro adujo que no tenía claridad de que esta fuese la solución idónea.
“En mi opinión, profesional y personal, me hace falta información importante como para votar a favor el proyecto. Por ejemplo, información operativa del proyecto, temas internos claros como flujos de diseño de procesos, responsables, políticas, procedimientos para administrar una plataforma a lo interno. (...). ¿Cuáles son las implicaciones financieras para la institución al ejecutar el proyecto de la manera en que se presentó?”, cuestionó Vargas Garro ese día.
Adelita Ramírez Arias votó en contra porque el proyecto no contaba con criterios técnicos, legales y financieros suficientes para justificar su voto. “Hay muchos vacíos en el planteamiento, sobre todo, en temas financieros”, alegó.
A favor votaron seis directivos, incluyendo a la presidenta de la JPS, Esmeralda Britton, quien reconoció, en actas, que la idea de negocio “nunca me ha gustado”, pero creía que “la forma como está planteada podría funcionar”.
¿Por qué sin estudios de mercado?
Ningún estudio de mercado concluyó que la opción escogida por la JPS, para desarrollar la lotería en línea, era la mejor opción de negocio.
La idea de efectuar una nueva licitación pública se descartó en la sesión extraordinaria del 14 de diciembre del 2023.
Ese día, la gerenta general de la JPS, María Gabriela Díaz Díaz, excluyó esa opción porque no permitía cumplir con la solicitud de los directivos de que se asegurara la continuidad del negocio de lotería electrónica en cinco meses.
Entonces, quedaron tres escenarios: usar recursos internos, con la subcontratación de One Way; un procedimiento por excepción, contratando directamente a Radiográfica Costarricense (Racsa), sin un concurso previo; o bien, una figura de la Ley de Loterías que permite contratar comercializadores. Esta figura fue utilizada para contratar al proveedor anterior, C Móvil Costa Rica S. A., al que se le venció el contrato el 18 de mayo.
La cúpula se inclinó por la primera opción. Sobre la segunda opción, Racsa declinó participar por la vía de la excepción.
En cuanto a la última, la JPS argumentó que sería más rentable el desarrollo interno porque, al no depender de un proveedor externo, se ahorraría el pago de comisiones por cada billete de lotería o chances electrónico vendido.
C Móvil cobraba, desde junio del 2023, un 6,75% de comisión. Antes, devengaba un 12%, al igual que los vendedores de lotería. Esta empresa había sido contratada el 18 de mayo del 2020, en medio de la pandemia.
Siete días después de la decisión, el 25 de enero, Adán Corrales, del Departamento de Ventas, presentó un estudio de mercado donde no se comparaba lo cobrado por One Way con otros proveedores, sino que se exponían las bondades económicas de no tener que pagarle la comisión a C Móvil. Por ejemplo, se consignó que, solo en el 2023, a esa compañía se le giraron ¢2.620 millones.
En otra sesión de Junta Directiva, solo se compararon los precios por hora ofrecidos por One Way con un único competidor, excluyendo al resto de opciones que había en el mercado.
Desde el 4 de abril pasado, esta contratación está bajo investigación de la Contraloría General de la República, luego de que diputados del Frente Amplio enviaron una relación de hechos bajo la presunción de que la JPS podría haber irrespetado los principios de contratación pública, fragmentación de compras y simulación de procesos licitatorios.
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La continuidad del fallido proyecto Centauro
El desarrollo del nuevo sitio web, con la subcontratación de One Way, es parte del proyecto denominado Renacer, sustituto del fenecido proyecto Centauro, que fue como se denominó a la licitación pública que se sacó en el 2022, pero que se declaró infructuosa en julio del 2023 y sigue en apelación en la CGR.
Dicha licitación tenía dos componentes: la plataforma tecnológica y otro de trade marketing, que tiene que ver con los servicios de gestión de puntos de venta fijos, logística, supervisión, distribución y colocación de los productos de la JPS.
En cuanto al primer aspecto, para poder cumplirlo sin realizar un concurso público, la Junta lo fragmentó en cuatro partes: el sitio web, la pasarela de pagos —el proceso que se realiza para validar las compras con las tarjetas de débito y crédito—, el call center y la gestión de mercadeo.
El desarrollo de la plataforma se le dio a One Way, aprovechando que esa empresa ya tenía un contrato vigente de un año que se podía prorrogar hasta por cuatro años más. Sin embargo, solo se le contrató la lotería y los chances en línea, excluyendo el desarrollo del resto de juegos de la JPS (3 Monazos, Lotto y Nuevos tiempos y apuestas deportivas en un futuro cercano).
La pasarela de pagos se pretende desarrollar mediante una contratación directa y sin concurso, con el Banco de Costa Rica (BCR), utilizando una excepción prevista en la Ley General de Contratación Pública.
Los servicios de call center se le asignaron, también sin concurso, a otra empresa que, al igual que One Way, ya tenía un contrato vigente para atender consultas telefónicas.
Ambas contrataciones —la del sitio web y la del call center— tienen en común que se otorgaron mediante la modalidad de entregas según demanda, que permite hacer las contrataciones a discreción de la institución e, incluso, elevar los montos contratados sin necesidad de nuevos concursos y más requisitos.
El cuarto componente tiene que ver con la parte de mercadeo, para promocionar la lotería y los chances en línea. Se le recargó al personal interno de la Junta de Protección Social.
Esos cuatro aspectos formaban parte de uno de los dos componentes del proyecto Centauro, el que tenía que ver con la plataforma tecnológica, como se mencionó anteriormente.
Para esa fallida licitación solo se recibió una oferta del consorcio C Móvil-Cash Two Pay, la cual fue declarada infructuosa porque no cumplió “los requisitos de admisibilidad relacionados con las razones financieras”. La Junta no valoró las especificaciones técnicas de la oferta.
Ese concurso pedía, entre otras cosas, una garantía de participación de ¢16 millones o el equivalente al 1% de los ingresos proyectados a percibir sobre las ventas del primer año y una garantía de cumplimiento de ¢161 millones o el equivalente al 10% de los ingresos proyectados a percibir sobre las ventas del primer año. En otras palabras, se trataba de una licitación de al menos ¢1.610 millones.
En cambio, One Way aportó una garantía de participación de ¢1,5 millones y otra de cumplimiento de ¢4,5 millones, de acuerdo con el expediente de contratación N.° 2022LN-000002-0015600001, que consta en el Sicop.
Cuestionamientos a One Way como proveedor
La Junta Directiva de la JPS acordó prorrogar por un año más el contrato a One Way el 25 de enero, siete días después de aprobar el inicio del desarrollo del nuevo sitio web subcontratando a esa compañía.
Ese día, el Departamento de Recursos Materiales solicitó renovar ese contrato de licitación pública y como respaldo adjuntó un documento donde el Departamento de Tecnologías de la Información calificaba con nota 100 el desempeño de esa empresa.
No obstante, cuatro días después, el 29 de enero, Marco Antonio Bustamante Ugalde, jefe de Planificación Institucional, cuestionó esa calificación. Argumentó que One Way no cumplía a tiempo con los trabajos encomendados.
“Si usted me pregunta a mí, desde el punto de vista de lo que es el desarrollo de planificación, yo no les daría un 100, jamás. Están durando mucho, o sea, es de esperar que One Way sea una solución muy ágil y están durando bastante en función de la cola que hay”, aseguró Bustamante.
“(...) Desde que empezó One Way, cuando hizo el primer mapeo, yo desde siempre he mantenido la posición crítica de que son muy largos los plazos, verdad, y desde entonces hablábamos de que había que meter más recursos, para que las cosas fluyeran más rápido”, agregó.
El mismo día que se le amplió el contrato a One Way, también se le prorrogó a la firma GPT Energytel S. A., como proveedor alterno. Sin embargo, la JPS solo le ha girado una orden de pedido de ¢8,7 millones en más de un año de contrato y eso ocurrió en febrero anterior. Ese pedido no tenía relación con la plataforma de ventas.
En cambio, One Way suma 110 órdenes por $5,8 millones al 7 de mayo anterior, incluyendo $1,1 millones (¢649,5 millones) pagados por la web para la comercialización de la lotería y los chances.