Los jefe de las fracciones de Liberación Nacional (PLN) y Acción Ciudadana (PAC), Carlos Ricardo Benavides y Víctor Morales Mora, criticaron la decisión de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, quienes concluyeron que la reforma fiscal afecta al Poder Judicial a menos de que se les exima de las medidas de contención de gasto y de orden en el empleo público.

Ambos líderes de bancada coincidieron en que los jueces actuaron como un gremio que está protegiendo sus condiciones laborales antes que como expertos en Derecho.

“Una buena parte de los magistrados hoy no hicieron razonamientos propios de un juzgador ni de un experto en Derecho, sino más bien razonaron como miembros de un gremio al que estaban defendiendo. Obedecieron más a esa defensa del gremio que con base en la Constitución”, aseguró el liberacionista.

Benavides añadió que es incluso ofensivo que los magistrados consideren que el tope de ¢5,3 millones que propone el plan fiscal para los jerarcas “afecte la independencia de un funcionario”.

“Eso ofende la inteligencia de los costarricenses que saben que eso no es así”, dijo.

Por su parte, Morales Mora afirmó: “Con la posición que han tomado, obviamente están protegiendo las condiciones laborales de la Corte. Eso es así. La Corte hizo lo que consideró correcto, nosotros tenemos que seguir haciendo lo que nos parece correcto”.

Con los voceros liberacionista y oficialista coincidió el jefe del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC), Erwen Masís, en el sentido de que no se entiende cómo un pronunciamiento sobre el proyecto de Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas se basara más en criterios políticos que jurídicos.

“Yo habría preferido un pronunciamiento más basado en jurisprudencia”, dijo el rojiazul.

Esperar el fallo de la Sala IV o conseguir 38 votos

Aunque Morales Mora se toma el criterio de la Corte Suprema de Justicia como un reto y afirma que les plantea el “desafío político” de conseguir los 38 votos para el segundo debate del plan fiscal, Benavides y Masís toman distancia, pues uno prefiere esperar a que la Sala Constitucional se pronuncie y el otro dice que buscar los votos le toca al Gobierno.

“Lo primero es recibir el acuerdo para analizar la letra, porque eso también ayuda a definir las acciones a futuro. Lo segundo es que la Sala Constitucional se erige como un órgano muy importante, ya de Derecho, de justicia, que tendrá que revisar los criterios de la Corte", alegó Benavides.

Añadió el verdiblanco que varios de los criterios que les escuchó a los magistrados son absolutamente contrarios a lo que la Sala IV ha marcado en materia salarial.

Apuntó que, antes que hablar de 38 votos, es necesario que los jueces constitucionales se pronuncien. “En materia salarial, ellos han dicho que el Estado es uno solo y que no hay razón para interpretar que se pierda independencia”, agregó.

Masís apuntó que “hay muchísimos votos”, pero que el trabajo de buscarlos le corresponde al Poder Ejecutivo, a la fracción de gobierno e, incluso, al presidente de la República.

Agregó que, en cuanto al voto disidente contra el plan fiscal de la socialcristiana Shirley Díaz, ella se mantiene en su posición y que, de todas formas, le expondrían los pros y los contras.

Según Morales, la única forma de seguir el trámite legislativo, ahora que la Corte se pronuncia en contra del proyecto de Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, es seguir adelante. Con él coincide la presidenta del Directorio de la Asamblea Legislativa, Carolina Hidalgo.

Ella aseguró que se deben buscar más consensos “para las etapas que faltan”.

“Continuamos con el procedimiento, los esfuerzos de diálogo interno con las demás fracciones, con base en la vía rápida del 208 bis. Lo que sigue es el segundo debate, si no se presenta la consulta a la Sala Constitucional”, indicó Hidalgo.

Añadió que el próximo paso lo tendrán que decidir las fracciones parlamentarias en consenso, por la “necesidad de seguir avanzando en una solución para las finanzas públicas”.

La única opción que tienen los legisladores para apartarse de un criterio negativo de los magistrados, para aprobar un proyecto, es que se haga con 38 votos, o sea, mayoría calificada. Así lo establece el artículo 167 de la Constitución Política.

Sin embargo, un proyecto que requiera dos tercios de los diputados no se puede tramitar por la vía rápida.

Al respecto, la presidenta del Congreso alegó que eso no se sabía antes en relación con la reforma fiscal, por lo que ella tendría que dictar una resolución sobre la forma de tramitar en los próximos días la reforma fiscal.

PRN: ‘La pregunta es cómo aplicar lo dicho por la Corte’

Según el jefe de la fracción del Partido Restauración Nacional (PRN), Carlos Avendaño, ahora la pregunta que genera el criterio de la Corte es cómo implementar esas observaciones, pues por el momento ya no se le pueden hacer modificaciones al texto de la reforma.

“La fracción de nosotros se mantiene en firme, porque no hay ningún cambio sustancial por los que nosotros habíamos bregado. En este momento no, solo queda devolverlo. Ya lo habíamos dicho, si se va a modificar algo, lo más sólido es devolverlo a comisión. Así no habría resistencia”, comentó el legislador.

Avendaño añadió que está claro que el país necesita una reforma fiscal y que su lucha era “para que no recayera sobre la clase trabajadora”.