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Un informe del departamento de Servicios Técnicos de la Asamblea Legislativa consideró improcedente un proyecto de ley que ordenaría a las municipalidades pagarles seguro social a los 3.900 regidores, síndicos y concejales de distrito, con fondos públicos.
El documento recomienda a los diputados archivar la iniciativa, la cual avanza desde hace varias semanas en la Comisión de Gobierno y Administración.
Este plan aumentaría en al menos ¢1.442 millones anuales el gasto municipal en remuneraciones de los cargos de elección popular, los cuales perciben dietas por asistir a las sesiones, no salario.
Precisamente, por esa naturaleza de ingresos, Servicios Técnicos consideró inadecuada la propuesta del exdiputado José María Villalta, de que los ayuntamientos tengan que asegurar a los representantes ante la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS).
“Tomando en cuenta las diferencias en las naturalezas jurídicas del salario y las dietas, y al no tener los miembros del Concejo Municipal una ley de aplicación especial que permita obtener una asignación mensual como retribución por sus labores, esta asesoría considera improcedente tanto el artículo único de la iniciativa, como su norma transitoria. En consecuencia, desde el punto de vista jurídico, legal, jurisprudencial y doctrinario, el proyecto de ley resulta inviable en los términos planteados, y se aconseja su archivo”, recomienda el informe.
La asesoría añadió que regidores, síndicos y concejales de distrito no son sujetos de un aseguramiento porque están en el cargo por voluntad popular y carecen de una ley especial que les asigne una retribución mensual por sus labores.
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La dieta no es un salario.
El sueldo se constituye cuando existe una relación contractual permanente entre el patrono y el servidor sea público o privado, regulado por el Código de Trabajo y retribuida mediante el pago de un salario que constituye un medio de subsistencia, la cual sí está sujeta a la seguridad social, aclara el documento.
La asesoría utilizó jurisprudencia de la Procuraduría General de la República (CGR) que ha señalado la ausencia de relación de empleo entre las personas que integran los órganos colegiados como el concejo municipal y el Estado.
En esos casos, no se le podría atribuir carácter salarial a las dietas que eventualmente reciban por sus servicios, según la PGR.
“Debe entenderse que, si bien es cierto la ampliación de la cobertura de los seguros sociales se hace exclusivamente a personal administrativo de planilla ordinaria, no así respecto de los cargos de elección popular que no tienen estrictamente una relación obrero-patronal”, expuso Servicios Técnicos que, además, cita al Código Municipal, el cual establece con claridad que la dieta es el tipo de remuneración que reciben los funcionarios de elección popular.
Si bien Villalta argumentó en su propuesta que el artículo 57 constitucional ofrece una garantía salarial al disponer que “todo trabajador tendrá derecho a un salario mínimo, de fijación periódica, por jornada normal, que le procure bienestar y existencia digna”, esta norma pareciera referirse a los casos donde hay una relación de empleo entre patrono y servidor, sea público o privado, aseguró Servicios Técnicos.
Poco ambiente en comisión
El proyecto no tiene buen ambiente en la Comisión de Gobierno y Administración de la Asamblea Legislativa, aseguró su presidente Fabricio Alvarado, del Partido Nueva República (PNR).
“La mayoría de la Comisión ha manifestado su oposición a la iniciativa, principalmente, por la recomendación de archivo de Servicios Técnicos en razón de la la inviabilidad jurídica, legal, jurisprudencial y doctrinaria de la iniciativa de ley”, indicó el legislador.
Justificó la permanencia del expediente en la agenda del foro porque estaba en los plazos de consultas obligatorias con las instituciones, el cual ya se superó.
Alvarado explicó que, de hecho, al proyecto se le venció en el mes de agosto el plazo ordinario de un año para ser dictaminado por la vía ordinaria, por lo que entró en la etapa conocido como guillotina.
Esto significa que, en la sesión en que se conozca la iniciativa, la comisión debe votar sin discusión de fondo las mociones que tenga presentada para que, en una sesión posterior, se someta a dictamen.
En esa línea, la comisión someterá un informe de subcomisión afirmativo de minoría y dos mociones de fondo del proyecto, para después someterlo a dictamen. “Pero no hay consenso para aprobarlo”, reiteró Alvarado.
