Rebeca Madrigal Q.. 28 septiembre, 2017
El avance en educación técnica para insertar a trabajadores en la fuerza laboral, en entidades como el Instituto Nacional de Aprendizaje (INA), es resaltado por la evaluación de la OCDE.
El avance en educación técnica para insertar a trabajadores en la fuerza laboral, en entidades como el Instituto Nacional de Aprendizaje (INA), es resaltado por la evaluación de la OCDE.

El INA contrató a la Organización Internacional de Trabajo (OIT) un plan de modernización por $780.500 (alrededor de ¢450 millones), en el que los consultores y colaboradores se escogerán bajo las reglas de confidencialidad de la entidad.

La contratación despertó preocupaciones tanto en la Auditoría Interna del Instituto Nacional de Aprendizaje (INA) como en diputados de la Comisión de Ingreso y Gasto de la Asamblea Legislativa.

El proyecto, llamado "Modernización de la Formación Profesional en Costa Rica", fue encargado a la OIT mediante un convenio firmado el 4 de julio de 2017, sin concurso previo y sin el refrendo de la Contraloría General de la República porque ninguno de los dos procedimientos era necesario, según defendió la institución.

Con este convenio, la OIT dará apoyo técnico al INA para realizar el Plan Estratégico Institucional 2018-2023, una propuesta para mejorar la organización, la formación dual, la enseñanza del Inglés y la digitalización, según se detalla en la propuesta.

Los diputados Luis Vásquez, del PUSC; Fabricio Alvarado, de Restauración Nacional; y Rolando González, del PLN; cuestionaron al presidente ejecutivo del INA, Minor Rodríguez, los costos de la contratación en una sesión de este jueves en la que compareció la junta directiva de la institución.

Entre los gastos se contemplan $200.000 para subcontratos, $90.000 en colaboradores externos, $40.000 en consultores internacionales, $30.000 en misiones de funcionarios o consultores de la OIT y $57.000 en capacitaciones.

Una parte del costo, unos $380.000, ya fueron adelantados a la OIT sin que para la fecha se hayan contratado los consultores externos que lo podrán en marcha, confirmó el presidente ejecutivo del INA, Minor Rodríguez, a La Nación.

Este adelanto, obligatorio según el convenio, convenció a la Auditoría Interna de iniciar una investigación que tenía prevista para 2018, confirmó la auditora Rita Mora. Los resultados estarán listos en los próximos meses.

En dos ocasiones, la Auditoría solicitó al presidente ejecutivo ampliar los detalles del costo y estudio de mercado, así como el respaldo jurídico que dio origen al convenio y la justificación de los productos que se están contratando.

Los cuestionamientos también parten de que, al igual que Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos (UNOPS, por sus siglas en inglés), la OIT realizará las contrataciones para el desarrollo del proyecto bajo sus procedimientos y reglas de confidencialidad.

Por esta confidencialidad, la Auditoría realizará una consulta a la Contraloría para indagar hasta dónde se puede exigir a la OIT el detalle de esas contrataciones.

El presidente del INA aseguró que el objetivo del convenio es proponer un plan para que la institución tome las medidas que le permitan adaptarse a las nuevas exigencias del mercado. La OIT presentará esas propuestas que serán revisadas por la junta directiva, según dijo.

La razonabilidad del costo del proyecto también es de interés de la Auditoría Interna, que el pasado 10 de julio solicitó a la presidencia ejecutiva el estudio de mercado que se utilizó para definir que la OIT era la mejor oferta.

Ante la consulta de La Nación, el INA respondió, vía correo electrónico, que dos de los ocho productos que se contrataron a la OIT se intentaron realizar vía concurso público, pero se declararon infructuosos, mientras que la contratación al Cicap no había dado resultados.

El Sindicato de Trabajadores del INA (Sitraina) tampoco ve con buenos ojos esta alianza porque consideran que se debió realizar un concurso para validar la mejor oferta. Así lo manifestó a La Nación Luis Ricardo Jara, secretario general del sindicato.

El gremio también duda de las intenciones del INA con este plan, que según dice, aparenta una 'restructuración' disfrazada y lo consideran innecesario.

Discretos

La OIT tendrá a cargo la contratación de las consultorías que se requieran para realizar el plan. Esto lo hará, bajo sus propias reglas, reglamentos, directivas y procedimientos, según señala el convenio entre ambas instituciones.

En este tipo de convenios, la organización no tiene responsabilidad de entregar a terceros o a reguladores estatales la información de los servicios que se contraten.

El convenio señala que los gastos del proceso solo podrán someterse a los procedimientos de auditoría de la OIT.

Esto sucede porque la OIT goza de inmunidad de jurisdicción y de ejecución para garantizar la independencia de sus acciones como organización internacional de carácter multilateral, según lo señalado por la organización en una respuesta a La Nación cuando se le solicitó el detalle de las consultorías pagadas en el marco de un convenio pactado con el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTTS), institución con la que ha firmado tres proyectos.

La independencia que señala la OIT es similar al argumento de la Unops al negarle información a la Contraloría sobre los contratos para el desarrollo de proyectos viales con el Consejo Nacional de Vialidad (Conavi).

Precisamente, esa es una de las preocupaciones que externó la auditoría interna del INA al presidente ejecutivo y asesor legal en un oficio del 18 de agosto en el que solicita detallar la norma que permite la salida de recursos de la Hacienda Pública "de manera que ni la Contraloría pueda fiscalizarlos".

Costos y ofertas

El costo del proyecto fue aceptado por los miembros de la Junta Directiva. Sin embargo, uno de ellos el representante de sindicatos, Tyronne Esna Montero señaló que el monto global podría representar un "escándalo".

Sus observaciones constan en el acta de junta directiva del 24 de marzo de 2017, cuando se aprobó el plan.

Ante esa inquietud, el asesor legal, Ricardo Arroyo, le señaló al director que el precio se debe a la "validez" de la OIT y que el respaldo de la organización tenía un precio.

Además, indicó que solo el Plan Estratégico, uno de los ocho productos que entregará la OIT, se había contratado al Centro de Investigación y Capacitación de Administración Pública de la Universidad de Costa Rica (Cicap) por ¢70 millones.

Dicho contrato se rescindió meses después de haberse iniciado, por acuerdo entre las partes. Para cuando se terminó el contrato con la UCR, el presidente ejecutivo del INA ya tenía la propuesta para presentarla a la Junta Directiva, pues ambas decisiones se acordaron el mismo día, el 24 de marzo anterior.

Elí Sancho, coordinador del Cicap, explicó que hubo un desacuerdo en la metodología que se estaba aplicando, pese a que el INA la conoció desde un inicio de la contratación, pero tiempo después declinó por aceptarla.

Las condiciones de la recesión del contrato todavía se discuten entre las partes, según Rodríguez, por lo que se desconoce el costo de finalizar el contrato con la UCR que ya había avanzado en el plan.