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La nueva ley autoriza al Ministerio de Hacienda a rematar bienes que las instituciones públicas tienen en desuso. Se estima que este mecanismo permitirá recaudar ¢140.000 millones en cuatro años. (Rafael Pacheco Granados)
El Ministerio de Hacienda podrá recuperar ¢60.000 millones con la venta de activos ociosos durante los primeros 14 meses de vigencia de una ley que faculta a dicha cartera a deshacerse de terrenos y otros activos que las instituciones públicas mantienen en desuso. En cuatro años, esa recaudación ascendería a ¢140.000 millones.
La iniciativa fue aprobada en el plenario legislativo, el pasado martes, con 34 votos a favor y cinco en contra; estos últimos corresponden a diputados del Partido Restauración Nacional.
El proyecto establece que los fondos que se generen se utilizarán para pagar deuda pública. Las estimaciones del monto fueron reveladas por el diputado fabricista Jonathan Prendas, ante los cuestionamientos sobre el beneficio económico que traería esta propuesta para el Poder Ejecutivo.
La propuesta fue presentada en noviembre del 2020 con el objetivo de que el Estado saque provecho de terrenos y otros activos de todas las entidades de la Administración Pública Central, con excepción de las empresas del Estado.
Según el texto, esos bienes se trasladarían al Ministerio de Hacienda para su remate y la totalidad de la venta se usaría, exclusivamente, para pagar deuda. A diferencia de lo que establece la ley actualmente, esta nueva legislación daría un fin específico a ese dinero.
Cada año, las instituciones deberán presentar al Ministerio un listado de sus bienes ociosos, a más tardar el 31 de marzo.
Según el proyecto, se entiende como activo ocioso aquel bien mueble o inmueble que, estando disponible para su uso, en la ubicación y en las condiciones esperadas, requeridas y necesarias para utilizarlo, no genere utilidades, beneficios o rentabilidad alguna, ni se le pueda dar el uso previsto para el que fue adquirido o algún otro que sea en función de su naturaleza.
“Este proyecto viene a sanear mucho las finanzas del Estado; viene a dar un tanque de oxígeno muy importante y pues viene a hacer eficiente la administración pública sobre los activos que tiene el gobierno a su nombre”, manifestó Prendas, tras la aprobación de la propuesta en primer debate.
“Todo paso de activo al Ministerio de Hacienda para su respectiva subasta tiene que ser debidamente justificado y argumentado para poder ser tramitado de conformidad”, aseveró.
El debate final de este expediente se realizará el próximo lunes 25 de octubre.
