El viceministro de Hacienda, Nogui Acosta, advirtió este martes, en la Comisión de Asuntos Económicos del Congreso, de que el sistema para hacer monitoreo de las bebidas alcohólicas podría costarle al Gobierno hasta ¢747.000 millones para solo recaudar ¢20.000 millones.
Así lo expuso el funcionario al referirse al proyecto de ley que busca crear un mecanismo para el control de los licores, promovido por los liberacionistas Roberto Thompson y Daniel Ulate.
De acuerdo con Acosta, los números no son nada alentadores, luego de consultar con la empresa nacional GS Uno, cuyos cálculos son que, por cada botella de una bebida alcohólica, se gastarían $0,50 (¢287,5).
Eso implicaría entonces que, en el escenario ideal de que no haya evasión fiscal ni contrabando de licores, se gastarían ¢747.761 millones, aseguró el viceministro ante los congresistas.
Ante consulta de La Nación, añadió que esa propuesta de trazabilidad es integral, o sea, permite darle seguimiento total a cada botella desde su producción o ingreso al país, en el caso de los licores importados, hasta su colocación en el establecimiento de venta.
Acosta presentó otros escenarios menos costosos, como el que tiene Ecuador, cuyo sistema de monitoreo cuesta solamente un centavo de dólar ($0,01, o sea, ¢6,26) y que, en el escenario ideal de reducir el contrabando a cero, costaría ¢16.200 millones.
El viceministro de Hacienda alegó que, incluso en un escenario en que se consiga un sistema de trazabilidad básico, como el que paga Ecuador, tampoco resultaría rentable para el país pagar tanto por conseguir una recaudación muy cercana a ese costo de monitoreo.
El criterio de Hacienda no cayó nada bien entre los diputados, lo que fue evidente en Daniel Ulate, del Partido Liberación Nacional (PLN), y José María Villalta, del Frente Amplio.
Ulate, visiblemente molesto, exigió a Nogui Acosta que le respondiera sus preguntas sin hacer comentarios adicionales ni aclaraciones de ningún tipo. También le reclamó que haya buscado una propuesta de monitoreo tan cara y le exigió que respondiera si la empresa GS Uno hacía trazabilidad fiscal.
En tanto, Villalta aseguró que el viceministro de Hacienda había hecho una “presentación decepcionante” y afirmó que parecía ser Hacienda el único ministerio que hace cabildeo contra el combate a la evasión fiscal y el contrabando.
“Su presentación no es técnica, viene a hacer lobby en contra de una política pública, y eso deja mucho que desear. Espero que nos haga llegar los estudios técnicos en los que basa su presentación, para poder rebatirlos con estudios de verdad”, alegó el frenteamplista.
Ante consultas del socialcristiano Pablo Abarca, Acosta respondió que, al final, el sistema de monitoreo sirve para darle trazabilidad a la producción y la importación formal de licores, pero que no tendría un impacto directo en los camiones que trasiegan alcohol por los “puntos ciegos” de las fronteras.
“Si hay respuesta de la gente, uno podría decir que se aumentaría el consumo formal de licor”, añadió.
El independiente Erick Rodríguez, por su parte, criticó la iniciativa legal por el hecho de crear nuevas obligaciones fiscales al Gobierno, a cambio de no muchos beneficios.
“Así, uno entiende por qué el déficit está en un 6%, si hacen proyectos y ¿cómo se financia? Seguro dicen, ah, Dios proveerá”, comentó.