La fiscala general, Emilia Navas, ordenó definir en 15 días si se acusa o no a personeros del Partido Liberación Nacional (PLN) por los contratos de alquiler de vehículos que esa agrupación le cobró al TSE tras las elecciones del 2010.
El caso lleva más de cinco años de trámite en el Ministerio Público y se relaciona con el cobro de ¢400 millones en contratos de transporte, aparentemente falsos, al Tribunal Supremo de Elecciones (TSE).
“Tras el estudio del expediente, la fiscala Navas Aparicio dio la orden a la fiscala auxiliar Diana Hernández para que resolviera el caso en un plazo específico: el 1.° de diciembre del 2017. La funcionaria tiene a cargo el caso desde mayo del 2016.
“Actualmente, Hernández se encuentra confeccionando el proyecto de conclusión fiscal, el cual, después de la fecha indicada, será comunicado a los medios de comunicación”, indicó la oficina de prensa de la Fiscalía, ante una consulta de La Nación.
¿Es posible que alguno de los posibles delitos que eventualmente se identifiquen ya hayan prescrito, tomando en cuenta que el caso se abrió desde el 2012? "Esto se determinará cuando la conclusión fiscal esté lista", contestó el Ministerio Público.
Los hechos
El caso se remonta a mayo del 2012, cuando el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) denunció ante la Fiscalía General a 90 dirigentes del PLN por cobrar contratos de transporte supuestamente falsos tras la campaña que llevó al poder a la expresidenta Laura Chinchilla (2010-2014).
Según había denunciado el TSE, al parecer la dirigencia de Liberación habría ideado un mecanismo para transferirles recursos a sus comités cantonales, de manera expedita, mediante contratos simulados de alquiler de vehículos.
La agrupación habría facilitado contratos machote y le asignó a cada cantón un presupuesto que osciló entre ¢1 millón y ¢4 millones, para girarles cheques por ese concepto.
Sin embargo, posteriormente, los cheques habrían sido cambiados y utilizados para sufragar otro tipo de gastos, como alimentación, pago de secretarias y papelería.
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El TSE había pedido investigar, por el presunto delito de estafa en prejuicio del Estado, a los exdiputados Antonio Calderón y Óscar Alfaro (2010-2014); el extesorero verdiblanco Álex Sibaja; y el exasesor presidencial, Mario Álvarez.
También fue denunciado el extesorero del PLN, Jorge Wálter Bolaños, así como los tesoreros de los 81 comités cantonales que el PLN instaló en todo el país de cara a ese proceso electoral.
En el caso de ellos, el órgano electoral solicitó indagar si omitieron reportar donaciones, al tiempo que pidió a la Fiscalía determinar si los tesoreros cantonales y el exlegislador Alfaro usaron estructuras paralelas para evadir controles sobre el Partido.
Los fiscales a cargo del caso
A lo largo de seis años, el caso estuvo en manos de tres fiscales. El primero que asumió la investigación fue Ricky González, quien entonces era fiscal de la Unidad de Delitos Electorales. Él incluso indagó al exdiputado Óscar Alfaro, el 18 de junio del 2014.
Actualmente, él enfrenta un proceso disciplinario a lo interno del Poder Judicial por "omitir" los resultados completos de un informe de llamadas telefónicas del OIJ en una solicitud de desestimación que hizo el Ministerio Público a la Sala Tercera, en enero del 2017.
Eso ocurrió con la denuncia contra los diputados Víctor Hugo Morales Zapata (antes del PAC, ahora independiente) y Otto Guevara (Movimiento Libertario), por el presunto delito de tráfico de influencias, bajo la hipótesis de que ayudaron al empresario Juan Carlos Bolaños en la eliminación de trabas reglamentarias para importar cemento desde China y para obtener financiamientos en la banca estatal.
El informe del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) revelaba contactos telefónicos entre Juan Carlos Bolaños, Víctor Morales Zapata y Otto Guevara, así como el exlegislador Wálter Céspedes, quien también está siendo investigado por los mismos hechos.
Ricky González dejó el caso del PLN en octubre del 2015 y este fue trasladado a Vilma Sánchez, quien estudió el expediente hasta mayo del 2016.
En mayo del 2016, el caso se le asignó a la fiscala auxiliar Diana Hernández, quien lo tiene hasta ahora.
En al menos una ocasión, la fiscala Hernández llamó el exfiscal de Delitos Económicos, Francarlo Pessoa, para consultarle sobre el estado de una causa judicial, interpuesta por el BCR contra el ahora exsubgerente general y actual funcionario, Guillermo Quesada.
Ella hizo la consulta telefónica el mismo día que el letrado del magistrado Celso Gamboa, Justo Pastor López Vargas, llamó a Pessoa por la misma razón.
Así lo reveló la jefa de prensa del Ministerio Público, Tatiana Vargas, en una declaración rendida ante el tribunal de la Inspección Judicial, por el caso del cemento chino, el 23 de octubre anterior.
Ese día ella relató: "Don Jorge me pregunta que cómo había salido lo de la medida cautelar y yo le dije que se había suspendido la audiencia, entonces él me dice que hable con Frankarlo Pessoa para que le dé la información y yo pueda responder a la consulta (de medios de prensa). Saliendo de la oficina de don Jorge, yo de manera inmediata llamo desde mi celular a Frankarlo, no me contesta y yo le envío un mensaje de texto, me contesta indicando que lo llame a la extensión de la oficina, yo procedo a llamarlo a él y me comenta y que ya lo había llamado el señor Justo Pastor a preguntar por ese mismo asunto y que también lo había llamado la fiscal Diana Hernández, esta última a nombre de la Fiscalía General".
“Frankarlo me indica que no está contestando llamadas al celular, pues este señor Justo ya lo había llamado en varias veces para preguntarle sobre el caso. Yo le comento a don Jorge sobre las llamadas que le realizaron a Frankarlo, tanto Justo como Diana, don Jorge se molesta, se va a la oficina de Diana que está a la par mía y frente a Daniela Arroyo, le pide explicaciones a Diana sobre las llamadas a Frankarlo y le indica que sobre ese caso del BCR solo están facultados para preguntar él como Fiscal General y yo como encargada de prensa”.