"Dejó claro que los bloques (petroleros) pretendidos por Nicaragua estaban en zona costarricense".
Así interpretó el canciller Manuel González el fallo de la Corte Internacional de Justicia (CIJ) de este viernes, en el que se definieron las fronteras marítimas con el vecino del norte, tanto en el mar Caribe como en el Océano Pacífico.
Según el canciller, la delimitación hecha por los jueces es muy similar a la que el país propuso cuando presentó la demanda contra Nicaragua en febrero del 2014.
"Nos sentimos satisfechos con la resolución, porque marcó un linea muy aproximada a lo que Costa Rica había pretendido en su demanda. Claramente quedó muy distante de la que pretendió Nicaragua", expresó el titular de Relaciones Exteriores.
"Han quedado de nuestro lado los que habíamos advertido que estaban allí y que se consignaron originaron en el caso presentado en febrero del 2014. Nicaragua sí tiene muchos más al norte del límite ahora fijado y los ha promovido comercialmente. En esos que mantiene y son parte de su soberanía, ella continuará haciendo las gestionares que soberanamente le corresponden", agregó el canciller costarricense.
En la memoria de la querella, Costa Rica afirmó que 37 bloques petroleros pretendidos por Nicaragua, e incluso sacados a concurso internacional, estaban en territorio marítimo nacional. Veinticinco bloques están total o parcialmente en el Caribe y 12 en el Pacífico.
Al final, la Corte resolvió que, del área en disputa en el océano Pacífico, 93.000 kilómetros cuadrados pertenecen a Costa Rica y otros 71.500 kilómetros cuadrados a Nicaragua.
Llegó a esa determinación luego de fijar el punto de inicio de la frontera marítima en el punto medio de la línea de cruce de la Bahía Salinas.
Además, recalcó que la Península de Nicoya no requiere ajustes limítrofes y rechazó el argumento nicaragüense de que había que omitir ese pedazo de tierra porque le da Costa Rica una ventaja injusta por su forma a la hora de trazar la frontera marítima en el Pacífico.
En el Caribe, los jueces fijaron la frontera en la desembocara del río San Juan y dejaron 73.968 kilómetros cuadrados en manos de Nicaragua, y 30.873 kilómetros cuadrados a Costa Rica.
"Costa Rica gana aproximadamente unos 10.000 kilómetros cuadrados sobre la base de la línea petrolera, alrededor de unos 1.500 kilómetros cuadrados en la zona petrolera", precisó la Cancillería en un comunicado de prensa.
Sin embargo, si bien el presidente Solís se mostró complacido con lo resuelto por la CIJ, se apresuró a insistir en que todavía no es momento para hablar de ganadores o perdedores. En su criterio, hay que esperar hasta tener la sentencia en físico para constatar los datos y que el Instituto Geográfico Nacional haga las mediciones exactas.
"En este tema aún no podemos hablar de que perdimos un pellizco o nos ganamos un mordisco. Tenemos que esperar la sentencia física para mirar los cuadros tal cual los han anunciado los jueces para hacer nuestras propias comparaciones. Estamos hablando de resoluciones que tienen que mirarse con mucha precisión geográfica. Hacer nuestra propias mediciones con nuestros expertos para comprar. Hay un limite que no es apelable y antes no existía", declaró Solís en conferencia de prensa.
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Demanda data de hace cuatro años
A finales de febrero del 2014, el gobierno de Laura Chinchilla (2010-2014) llevó el caso a la CIJ, luego de que Nicaragua trató de concesionar bloques en el mar costarricense para la explotación de petróleo, y tras infructuosos intentos por definir, por mutuo acuerdo, los límites marítimos en una mesa de negociación.
Managua pretendía dar en concesión un área de mar territorial que podría llegar a los 15.000 kilómetros cuadrados en el Caribe y a los 20.000 kilómetros cuadrados en el Pacífico, según estimó la Cancillería costarricense en esa oportunidad.
El Estado costarricense prohibió la exploración petrolera, mediante una moratoria vigente hasta el 2021, y con los límites propuestos se garantizaría no poner en riesgo el denominado "Bloque 11", un área de 523 kilómetros cuadrados ubicada en la costa frente al extremo norte de Limón, en la que se ubicarían las mejores reservas de petróleo y gas natural del Caribe, según un estudio de la Refinadora Costarricense de Petróleo (Recope).
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Segunda demanda por incursión militar
Al caso de límites marítimos se le sumó la demanda que la administración de Luis Guillermo Solís presentó en enero del 2017, por una nueva incursión militar nicaragüense.
Sobre este particular, la CIJ calificó como una violación a la soberanía de Costa Rica la instalación de un campamento militar en una playa comprendida entre la laguna Los Portillos (Harbor Head, como se le llama en Nicaragua) y la desembocadura del río San Juan, frente al mar Caribe, al extremo norte de isla Calero.
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La Cancillería nacional pidió fusionar este caso con el límites marítimos pues no solo se pretende la expulsión de los soldados, sino que también estaba en juego la soberanía costarricense sobre varios cientos de kilómetros cuadrados.
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Este viernes también se dio a conocer el fallo de la CIJ sobre la indemnización que solicitó Costa Rica por los daños causados con la invasión de isla Calero, desde el 2010.
El país los había calculado en $6,7 millones, pero el alto tribunal solo reconoció el pago de $378.890 (¢216,7 millones), el doble de lo que Nicaragua pretendía desembolsar.
A partir de ahora, Nicaragua tiene dos meses (hasta el 2 de abril de este año) para pagar la indemnización, de lo contrario, correrán intereses sobre el monto fijado por los altos jueces, quienes fijaron una tasa del 6% anual.
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