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Costa Rica demandó a Nicaragua ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ) por la instalación de un campamento militar en una playa de isla Portillos, frente al mar Caribe, al extremo norte de isla Calero.
La nueva querella obedece a que, en criterio del gobierno de Luis Guillermo Solís, Managua mantiene soldados en una barra de arena que es territorio costarricense, a la luz de la sentencia del 2015 sobre la invasión a isla Calero.
La administración de Daniel Ortega sostiene que esa playa es tierra nicaragüense.
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La nueva querella fue presentada este lunes en la sede del Tribunal en La Haya, Holanda, informó el canciller Manuel González.
Según González, en diciembre del 2015, cuando la CIJ reconoció la soberanía de Costa Rica sobre Calero, en la sentencia se estableció que esa playa es costarricense.
"Ellos han instalado un puesto militar en una franja pequeña de ese territorio, pero aún así es territorio costarricense. Hicimos las gestiones diplomáticas en su momento, en los meses anteriores, para que lo retiraran, cosa que no ocurrió. Costa Rica recurre nuevamente a su herramienta de defensa, que es el derecho internacional, con esta nueva solicitud", declaró González.
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El titular de Relaciones Exteriores agregó que, de una vez, se le está pidiendo a los jueces declarar que la barra de arena que separa la laguna Los Portillos (Harbor Head Lagoon, como la llama Nicaragua) del mar Caribe es territorio costarricense, pues ese aspecto no quedó claro en el fallo del 2015.
"A raíz de significativos cambios en la costa caribeña a lo largo de varias décadas, en la sentencia del 16 de diciembre de 2015, la Corte Internacional de Justicia señaló que no se determinaba una delimitación más precisa de la situación fronteriza de ese punto. Nicaragua, aprovechando esta situación, ubicó un campamento militar en la playa costarricense de isla Portillos, que obliga a Costa Rica, una vez más, a acudir a la Corte, decisión que Costa Rica no ha tomado ligeramente", expresó el jerarca en un comunicado de prensa.
La tercera solicitud que hizo San José a la Corte es que esta nueva demanda se fusione con el juicio solicitado por Costa Rica en el 2014, con el objetivo definir los límites marítimos entre los dos países, tanto en el Caribe como en el Pacífico.
El canciller considera que ambos casos están vinculados y que esperaba que se resolvieran, mediante sentencia, a finales de año o principios del 2018.
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"Con el objeto de acelerar la decisión sobre este tema y no atrasar el caso de la delimitación marítima iniciado en 2014, también hemos pedido a la Corte acumular ambos casos, de forma tal que todos los asuntos se resuelvan en una misma sentencia", añadió González.
De acuerdo con la Cancillería, Nicaragua instaló el campamento militar en la playa de isla Portillos en la segunda mitad de noviembre del 2016, exactamente donde empieza la laguna Los Portillos.
A finales de diciembre, en una entrevista con La Nación, el canciller González dijo que esa laguna es nicaragüense, pero que la isla y su playa son costarricenses.
Explicó que el tratado Cañas-Jerez de 1858 y los laudos Alexander definieron como territorio costarricense todo lo que está a la margen derecha del río San Juan hasta su desembocadura y a la margen derecha de un canal de agua que nutría el laguna desde dicho cauce.
Indemnización. Al tiempo que se plantea una nueva demanda por otra invasión militar, Costa Rica también pidió a la Corte de La Haya definir el monto de la indemnización que Nicaragua le debe pagar por los daños materiales y ambientales ocasionados en Calero, según la sentencia del 2015, tras la incursión y construcción de varios caños artificiales entre el 2010 y el 2013.
En diciembre se venció el plazo que habían dado los jueces para acordar un monto, Costa Rica pide $6,7 millones.
El gobierno de Daniel Ortega guardó silencio y no respondió a la contrapropuesta costarricense para consensuar una suma y no recurrir a la CIJ, a pesar de que la administración de Luis Guillermo Solís le dio un plazo adicional de un mes.
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"Dimos un plazo prudencial y de buena fe a Nicaragua durante el fin de año y durante los primeros días del 2017 para intentar llegar a un acuerdo que nos permitiera llegar a una solución satisfactoria para los dos países y que permitiera también evitar seguir invirtiendo tiempo y recursos para que la Corte fuera la que tomara la decisión final.
"Sin embargo, Nicaragua en última instancia no respondió, por lo cual, no nos queda más que interpretar ese silencio como una negativa, a pesar de las manifestaciones que se dieron en el mes de diciembre por parte del presidente de ese país, en las que reconocía y tenía la intención de pagar lo que ordenaba la sentencia que se dictó en diciembre del 2015", aseguró el canciller González.
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