Una misión de la Corte Internacional de Justicia observó el campamento militar que Nicaragua mantiene en el extremo norte de isla Calero, el cual Costa Rica denuncia como una agresión a su territorio.
La Corte, con sede en la ciudad de La Haya, Holanda, envió a dos expertos independientes para que evaluaran las características naturales de la zona fronteriza, del 2 al 9 de diciembre, como parte del juicio en marcha para definir los límites marítimos entre ambos países.
En esa visita, el equipo divisó de primera mano el campamento que el gobierno de Luis Guillermo Solís calificó como una nueva invasión a la costarricense isla Portillos, en el extremo norte de Calero, desde la primera mitad de noviembre.
Los expertos recorrieron la región junto a dos funcionarios de la Secretaría de La Haya y personeros de las cancillerías de Costa Rica y Nicaragua.
Manuel González, canciller costarricense, informó de que incluso hubo un incidente entre los militares nicaragüenses y el funcionario enviado por San José, cuando este último empezó a fotografiar el campamento con su teléfono.
Según relató, los soldados le exigieron mostrar y borrar las fotografías, a lo que él tuvo que acceder. Costa Rica sí dispone de fotografías aéreas.
El diplomático explicó que Nicaragua retiró el campamento durante el paso del huracán Otto, a finales de noviembre, pero luego lo volvió a instalar.
Según González, los militares están en un punto de la playa de isla Portillos, frente al mar Caribe, justo donde empieza la laguna Los Portillos.
La laguna es nicaragüense, adujo el canciller, pero la isla y su playa son costarricenses. Explicó que el tratado Cañas-Jerez de 1858 y los laudos Alexander definieron como territorio costarricense todo lo que está a la margen derecha del río San Juan hasta su desembocadura y a la margen derecha de un canal de agua que nutría el laguna desde dicho cauce.
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Es decir, tanto ese caño como el lago fueron adjudicados a Nicaragua. Sin embargo, alegó González, el canal desapareció con el paso del tiempo. "Como esto desapareció por cuestiones de la naturaleza, entonces en realidad lo único que queda es la playa de isla Portillos que nosotros consideramos, inclusive con base en la sentencia del año pasado, que es territorio costarricense", declaró en referencia a la resolución que reconoció a Costa Rica la soberanía de isla Portillos el 16 de diciembre del 2015 y que condenó a Nicaragua por invadirla y dañarla ambientalmente.
"El canal estaba en un sitio ubicado hoy 150 metros metido en el mar, imagínese que el primer mojón está hoy como 500 metros metido en el mar, eso muestra los cambios constantes que se dan", apuntó el canciller.
El 17 de noviembre, Managua rechazó el reclamo de Costa Rica mediante una carta firmada por Denis Moncada, ministro asesor del presidente Daniel Ortega.
Él aseguró que el campamento está en una barra de arena ubicada frente a la laguna, que Costa Rica ha reconocido como nicaragüense.
Argumentó que no solo la barra de arena es de Nicaragua, sino también "el total del estrecho de costa colindante con el mar Caribe entre la laguna y la boca del río".
Añadió que, independientemente de su ubicación, Costa Rica y la Corte han conocido de la presencia del campamento militar en la barra desde hace muchos años.
Sobre el hecho de que la misión de La Haya observara el campamento, el canciller afirmó que esa es una ventaja, pero insistió en que ese equipo no asistió a la zona por ese reclamo y no se sabe si lo reportará a la Corte.
La Haya encargó a dos expertos para que evaluaran el comportamiento del terreno fronterizo tanto en el Caribe como en el Pacífico, en diferentes estaciones, con el fin de rendir un informe que sirva de insumo, a la hora de definir los límites marítimos entre ambos países. De hecho, volverán en la estación seca, entre marzo y abril.
"Ellos observaron el campamento, pero lo que está en discusión no es lo del campamento", comentó.
La instalación militar "es parte de un nuevo tema que tenemos que abordar en esta relación (con Nicaragua)", dijo. "Esto es una pata adicional al banco, una pata más que salió".
De hecho, cuando el presidente Ortega ofreció limar asperezas entre ambos países, el mandatario Luis Guillermo Solís le respondió que primero debía demostrar su buena voluntad con dos hechos: pagar la indemnización de $6,7 millones por los daños en isla Calero y retirar el campamento.
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El canciller declaró que evalúan opciones legales ante la presencia constante de los militares. "Definitivamente tenemos que hacerlo, esta situación no la podemos tolerar. Tampoco vamos a hacer el ridículo que se hizo en el 2010, mandar nuestros policías y toda aquella alharaca y todo ese absurdo, que terminó en lo que sabemos", declaró refiriéndose al envío de policías que hizo el gobierno de Laura Chinchilla, bajo la dirección del entonces ministro de Seguridad, José María Tijerino, a isla Calero en el 2010, cuando Nicaragua abrió el primero de tres caños artificiales en Portillos.
En aquella ocasión, los policías llegaron a la zona de difícil acceso, colocaron la bandera costarricense y se retiraron del humedal. Posteriormente, personal nicaragüense quitó la bandera y volvió a talar árboles y a abrir caños artificiales.
"Lo importante no es el tamaño del campamento ni el número de personal, sino en dónde están", sostuvo González.