EscucharEl proyecto para autorizar al Gobierno la colocación de eurobonos quedó de nuevo en suspenso en la Comisión de Asuntos Económicos de la Asamblea Legislativa. Los diputados no dictaminaron el texto, en la sesión de este miércoles, porque persistía la discusión de mociones de fondo presentadas por los partidos Liberación Nacional (PLN) y Frente Amplio (FA).
De 22 mociones nuevas presentadas al expediente, 18 corresponden a estas dos bancadas, según detalló la presidenta de la comisión, la socialcristiana Vanessa Castro.
Una mayoría de cinco diputados está dispuesta a dictaminar positivamente los $6.000 millones que pide el Gobierno, a fin de remitir el proyecto al plenario legislativo. De hecho, lograron aprobar una moción de texto sustitutivo en ese sentido, como base para el debate.
Luego de esa votación, la comisión entró en la discusión de las mociones de fondo pendientes.
El Frente Amplio insiste en condicionar los eurobonos al cumplimiento de obligaciones relacionadas con la lucha contra el fraude fiscal.
Sofía Guillén, subjefa de bancada del FA, absorbió la mayor parte del tiempo de la sesión para defender sus dos propuestas. En la discusión, le secundó Monserrat Ruiz, diputada del PLN, quien coincide con los planteamientos de la frenteamplista.
Además de pretender que se incluyan metas contra el fraude fiscal, la colocación de escáneres en aduanas y la aplicación completa del programa Hacienda Digital, Guillén y Ruiz coinciden en que ligar la autorización de eurobonos al cumplimiento de metas pactadas por el Gobierno con el Fondo Monetario Internacional (FMI), sería entregar la política fiscal al organismo internacional.
“El Gobierno no puede seguir dejando la política fiscal en manos de organismos internacionales”, señaló Ruiz.
La Comisión de Económicos lleva cinco meses discutiendo el plan de eurobonos, sin que a la fecha haya dictaminado un texto.
El texto sustitutivo aprobado este 12 de octubre autorizaría al Gobierno a colocar $6.000 millones en tractos de $1.500 millones a lo largo de cuatro años, siempre que cumpla las metas acordadas por el país con el Fondo Monetario Internacional (FMI) en cuanto a superávit primario, reducción de la deuda pública y pago de intereses.
Aprobaron el texto María Marta Carballo, de la Unidad Social Cristiana (PUSC); Gilberto Campos, del Liberal Progresista (PLP), Olga Morea, de Nueva República (PNR); Carolina Delgado, de Liberación Nacional (PLN); y Waldo Agüero, del oficialista Progreso Social Democrático (PPSD).
En contra votaron las liberacionistas Kattia Rivera y Monserrat Ruiz, quienes impulsaban un texto para autorizar solo $1.500 millones en una sola emisión, así como Sofía Guillén, del Frente Amplio. A ellas se sumó la socialcristiana Vanessa Castro, presidenta de la Comisión.
Castro, aunque coincide con un una autorización de $6.000 millones, no está convencida de las condiciones que el nuevo texto establece.
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El texto le exigiría al Gobierno elevar el superávit primario desde un 1% al 2,45% del producto interno bruto (PIB), del 2022 al 2026.
Para el mismo periodo, la deuda pública debería bajar de un máximo del 70% a un 63,55% del PIB en el mismo periodo.
