EscucharEl sector productivo se opone a que los diputados reduzcan el horario laboral diurno de los trabajadores en el proyecto de jornadas flexibles, conocido como 4-3.
Enrique Egloff, presidente de la Cámara de Industrias de Costa Rica, indicó que reducir ese horario de 12 horas como se acordó en una mesa multisectorial coordinada por el Gobierno, a 11 horas como lo plantean los legisladores de una comisión, haría inviable la iniciativa.
La razón, añadió el empresario, es que, en las actividades productivas de 24 horas continuas donde se aplicaría la legislación, se requiere de jornadas diarias de 12 horas para atender la demanda.
Agregó que reducir los horarios a 11 horas o menos implicaría que las empresas tengan que habilitar una jornada adicional diaria de dos o tres horas, para poder completar el ciclo de las 24 horas.
“Tiene que ver con automatización, con robotización, tiene que ver con que una empresa que produce 24 horas no puede tener tres jornadas, porque si usted pone jornada de 11 horas, se tiene que meter una jornada adicional de dos horas o de cuatro horas. No se puede (reducir la jornada). No es aplicable”, sentenció Egloff.
La observación quedó planteada en la Comisión Legislativa de Asuntos Hacendarios, donde los empresarios tuvieron una sesión de trabajo con los diputados para discutir un borrador de texto sustitutivo acordado por los legisladores con el Gobierno.
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Esa redacción es distinta al acordado por el Gobierno con los sectores, el año anterior, que plantea jornadas de 12 horas diarias, con 90 minutos de descanso.
Este texto ya fue acogido en comisión, pero los diputados de Hacendarios, con la colaboración del Poder Ejecutivo, plantean reducir a 11 horas la jornada diaria, con 60 minutos de descanso y una remuneración adicional sobre el salario base de los empleados.
La idea es satisfacer a la bancada del Frente Amplio que mantiene bloqueada la iniciativa en comisión con 419 mociones.
La nueva propuesta dice que a los trabajadores actuales de jornada diurna de ocho horas, quienes trabajarían cuatro días a la semana y descansarían tres, se les aumentaría un 14,29% sobre el salario mínimo de su categoría.
A los asalariados que hoy tienen jornada nocturna de seis horas, quienes trabajarían por tres días y descansarían cuatro, se les agregaría un 20% de su remuneración mínima.
Egloff explicó que los empresarios no tienen ningún problema con incorporar salario extra a la remuneración mínima; sin embargo, insistió en que la jornada diaria debe ser de 12 horas.
“No es cuestión de (decir) subamos aquí, bajemos allá; bajemos aquí, subamos allá”, señaló el empresario.
En ese sentido, Egloff indicó que el sector productivo se inclina por el texto negociado en la mesa del Gobierno que contiene jornadas de 12 horas y descanso de 90 minutos.
Luego de la objeción de los empresarios, la mesa de Hacendarios acordó que la Coalición Costarricense de Iniciativas de Desarrollo (Cinde) elabore una nueva propuesta con base al texto consensuado en la mesa de trabajo del Gobierno.
Natalia Díaz, ministra de la Presidencia, explicó que la idea es que una nueva propuesta de texto sustitutivo esté lista esta a finales de esta semana, distribuirla entre los diputados y que estos lo discutan con sus bancadas, a principios de la próxima.
La ministra añadió que existe la voluntad del Poder Ejecutivo de lograr un consenso alrededor del proyecto. En caso de que el FA mantenga las objeciones, el Gobierno impulsaría en el plenario legislativa una vía rápida a la iniciativa.
El proyecto de ley indica que las áreas donde se podrán aplicar jornadas extendidas serían manufactura tecnificada, industria de implementos médicos en ciencias de la vida humana y animal, y servicios de apoyo para ambas actividades; así como servicios corporativos.
Por su naturaleza, en estas actividades se requieren procesos continuos e ininterrumpidos de 24 horas a fin de garantizar su operación en las diferentes zonas horarias geográficas, según el texto actual en discusión.
También, se puede aplicar en servicios privados de salud como hospitales, clínicas, laboratorios clínicos, farmacias, centros de atención de adultos mayores y servicios de atención extrahospitalaria (ambulancias), según el texto en discusión.
