Los diputados de la Comisión Especial de Nombramientos escogieron, este martes, la terna de candidatos para llenar la última plaza de magistrado que queda vacante en la Sala Constitucional, por la jubilación de Ernesto Jinesta Lobo.

Los tres abogados recomendados son Anamari Garro Vargas, exasesora legislativa, exletrada constitucional y actual magistrada suplente; María del Rocío Carro Hernández, abogada litigante y exsuplente de la Sala II; y Hubert Fernández Argüello, juez de la Contencioso Administrativo y exletrado constitucional.

De los 18 postulantes a magistrado constitucional que obtuvieron una nota mayor a 70, finalmente los legisladores definieron una lista con los diez nombres mejor calificados luego de concederles audiencia.

Los tres integrantes de la terna fueron escogidos, por votación, de la lista de esas diez personas con los mejores promedios, luego de las calificaciones otorgadas por los legisladores con base en varios criterios, entre ellos sus atestados y sus entrevistas ante la Comisión de Nombramientos.

El primer lugar de la terna lo tiene Garro, quien obtuvo una calificación final de 84,69; el segundo lugar lo tiene Carro con una calificación fue de 83,10. En tanto, aunque Fernández tuvo una mejor calificación (90,27), ocupa el tercer lugar de la terna.

En el plenario, los diputados pueden escoger a alguien que no forme parte de la recomendación de Nombramientos.

Luego de definir los nombres recomendados, el socialcristiano Rodolfo Peña, presidente de la Comisión, destacó el estudio profundo de los atestados de los candidatos y la intención de los legisladores de saldar la deuda de nombramientos en el Poder Judicial.

“Nuestro compromiso es elegir personas con las capacidades idóneas para optar por un puesto en la Sala Constitucional”, dijo Peña.

Anamari Garro

En el caso de Garro, presentó entre sus atestados una experiencia como exasesora de la Asamblea Legislativa durante dos años (2004-2006), en particular vinculada a la Comisión de Ambiente y la Comisión de Concesiones, aunque en su currículum no detalla para cuál diputado laboró.

Ella ha estado ligada a la Sala Constitucional desde noviembre del 2012, primero como letrada de ese tribunal y, desde diciembre del 2013, como magistrada suplente del mismo órgano y hasta la fecha.

Su primera experiencia en el sector público, tal como lo dice su hoja de vida, se dio entre 1995 y 1996, como asesora del entonces primer vicepresidente de la República y entonces ministro de la Presidencia, Rodrigo Oreamuno.

En cuanto a títulos, tiene un doctorado por la Universidad de los Andes, en Santiago de Chile. Además, es máster en Derecho Público por la misma casa de estudios y máster en Estudios Jurídicos por la Universidad de Navarra. Sus estudios de grado los obtuvo en la Universidad de Costa Rica (UCR).

María del Rocío Carro

En el caso de Carro Hernández, tiene actualmente un bufete donde ha ejercido liberalmente como abogada desde 1998. Según su currículum, ha hecho asesoría jurídico laboral para empresas, litigios en juicios laborales y ha llevado procedimientos administrativos ante el Ministerio de Trabajo, la Caja Costarricense de Seguro Social y el Banco Popular, entre otros.

María del Rocío Carro también estuvo ligada a la Corte Suprema de Justicia, pero como magistrada suplente de la Sala Segunda, entre los años 2003 y 2015.

Antes de eso, fungió como asesora en asuntos laborales y contenciosos del Ministerio de la Presidencia en la segunda mitad del gobierno de José María Figueres Olsen. También, fue letrada de la Sala Segunda, entre 1991 y 1996.

Además, fue jueza de Trabajo y actuaria del Juzgado Tercero de Trabajo entre 1986 y 1991.

La formación de Carro como abogada se dio en la Universidad de Costa Rica (UCR), primero, y luego en la Universidad de Pisa, Italia, como experta en temas laborales.

Hubert Fernández

El tercer postulante incluido en la terna, Hubert Fernández, ha estado vinculado más directamente al Poder Judicial, donde labora como juez de apelaciones del Tribunal de lo Contencioso Administrativo y lleva un año como suplente de la Sala Constitucional.

En los 80, fue abogado liberal en el bufete Fernández y Argüello, en Naranjo, pero luego entró al sector público como auxiliar judicial en el Juzgado Tercero de lo Contencioso, en el OIJ y en la Sala IV. Fue letrado durante toda la década de los 90 en el tribunal constitucional.

Luego, entre 2000 y 2011 fue juez de primera instancia y superior. En su caso, es licenciado en Derecho por la UCR.

Una vez que el plenario de la Asamblea reciba el informe con la terna de los candidatos, los jefes de fracción deberán disponer una fecha para hacer el nombramiento del nuevo magistrado constitucional.