Edgardo Araya impulsaría proyecto de ley para que delitos de corrupción no prescriban

Durante la presentación, la diputada Patricia Mora explicó que el cambio se haría mediante una reforma al artículo 62 de la Ley contra la corrupción y el enriquecimiento ilícito.

La diputada, encargada de explicar las propuestas frenteamplistas para el combate a la corrupción, agregó que también se haría una modificación a la Constitución Política para que la inmunidad ya no cobije a los miembros de los supremos poderes: presidente, diputados y magistrados, cuando sean investigados por corrupción.

José María Villalta, candidato a diputado por San José y uno de los encargados del programa de gobierno, explicó que el fuero se retiraría cuando la fiscalía anticorrupción abra una causa contra alguno de esos funcionarios públicos.

“No se trata de violentar el debido proceso, sino de establecer una exigencia de la ciudadanía, que es poder contar con que, en la Constitución, se establezca que se pierde la inmunidad ante ese tipo de delitos”, explicó la diputada Mora, presidenta de la agrupación política.

Siempre en el ámbito del combate a la corrupción, Edgardo Araya propuso en su plan de gobierno que se creen auditorías ciudadanas sobre el funcionamiento de los servicios públicos y se impulsaría la reforma constitucional de Ottón Solís, del Partido Acción Ciudadana (PAC), para establecer causales y procedimientos para la destitución de diputados que violen el deber de probidad.

Sin hablar de impuestos

El candidato a segundo vicepresidente del FA, Luis Paulino Vargas, aseguró que el problema principal del país no es el fiscal, y que este no se resuelve con el incremento de los impuestos, pues aseguró que el principal escollo es la falta de empleo.

Sin embargo, Edgardo Araya prefirió no fijar una meta sobre creación de empleo, pues alegó que las metas podrían ser conservadoras y dependen de la situación económica que vayan a enfrentar.

Vargas añadió que, un eventual gobierno de Araya, se enfocarían en el impulso a la inversión pública para generar empleo y el abaratamiento del crédito para que se genere una mayor inversión productiva en el sector privado.

Según Araya, promoverán que los bancos se enfoquen menos en ganancias astronómicas y que esa rentabilidad que obtengan se pueda reflejar más bien en la reducción de las tasas de interés para los créditos de micro, pequeños y medianos empresarios.

Otras medidas propuestas, para paliar la situación fiscal, son promoción del turismo interno, de hoteles pequeños y medianos, del turismo rural y de los encadenamientos entre productores locales y de estos con la inversión extranjera.

Al fin y al cabo, los impuestos quedan fuera de la ecuación para el programa de gobierno frenteamplista.

Soberanía alimentaria

En su intervención, Edgardo Araya aseguró que la base de todas las propuestas es la protección ambiental y la búsqueda de una soberanía de producción agropecuaria nacional, además de los incentivos para la energía solar y de otros tipos.

Según Villalta, es posible que se fusionen el Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo (INVU) y el Ministerio de Vivienda y Asentamientos Humanos (Mivah), “para que dejen de hacer las mismas funciones, que deje de haber duplicidad”.

Araya propone que se derogue la Ley de concesión de obra pública y eso se sustituya por “esquemas de contratación más sencillos regulados en la Ley de Contratación Administrativa”.

También se impulsa la revisión de los contratos de los puertos del Pacífico y de la Junta de Administración Portuaria y de Desarrollo Económico de la Vertiente Atlántica (Japdeva), pues el Frente Amplio asegura que se debe eliminar los “sesgos políticos partidarios en la junta directiva, los abusos y la mala gestión”.