El 30 de junio del 2016, día en que los diputados aprobaron en primer debate cuatro proyectos de ley que supusieron una reforma a las pensiones que paga el Gobierno, dos legisladores presentaron una moción que libró a los jubilados de lujo del Régimen Transitorio de Reparto del Magisterio Nacional (RTR) de que les impusieran un límite de ¢2,7 millones a sus beneficios.

El RTR es el sistema con la mayor cantidad de jubilados de lujo del país.

Los excongresistas que impulsaron la moción, a última hora, fueron Aracelly Segura Retana, del Partido Liberación Nacional (PLN); y Abelino Esquivel Quesada, de Renovación Costarricense.

Al filo de la votación, ellos reiteraron una propuesta para modificar uno de los cuatro expedientes que se discutieron ese día, el número 19.661, que hoy es la Ley de Reforma Normativa de los Regímenes Especiales de Pensiones con Cargo al Presupuesto Nacional para Contener el Gasto (9388).

Los entonces diputados Segura y Esquivel lograron que el plenario aprobara una moción con dos nuevos artículos que no fueron incluidos en el texto base del proyecto y que fueron rechazados cuando se presentaron en comisión.

Uno de esos artículos es el número 7, el cual derogó el artículo 3 de la Ley 7605.

Ese último numeral, introducido en 1998, fue el que estableció que las pensiones con cargo al Presupuesto Nacional no podían superar los ¢2,7 millones, el equivalente a diez veces el salario más bajo pagado en la administración pública, si los ingresos por cotizaciones eran insuficientes para pagar el gasto en estas jubilaciones.

En el Régimen Transitorio de Reparto del Magisterio, que cubre a docentes que empezaron a laborar antes de 1992, cerca de 1.800 personas hoy tienen jubilaciones que superan los ¢2,7 millones.

Los pensionados del RTR, entre ellos profesores y catedráticos universitarios, reciben jubilaciones hasta de ¢12 millones. En total, este régimen demanda más de ¢600.000 millones anuales al Gobierno.

A pesar de que estas pensiones siempre fueron deficitarias y de que la ley 7605 existía desde 1998, ningún gobierno aplicó el límite hasta que, en el 2014, el entonces ministro de Trabajo y actual titular de Presidencia, Víctor Morales Mora, ordenó hacerlo.

No obstante, el tope solo pudo aplicarse durante un mes pues, en el momento en que empezó a ejecutarse, un beneficiario presentó una acción de inconstitucionalidad ante la Sala Constitucional, a la que le siguió un conjunto de recursos de amparo, en contra del tope. Esto obligó a paralizar la aplicación del techo.

De hecho, por ese incidente, el gobierno tendrá que devolverles dinero a la mayoría de estos jubilados, por haberles aplicado el tope durante el mes de setiembre del 2014 (administración de Luis Guillermo Solís), con el inconveniente de que algunos de ellos recibían montos hasta de ¢16 millones en ese entonces.

Posteriormente, en noviembre del 2018, la Sala IV avaló la imposición del tope a las pensiones otorgadas después de 1998 pero, cuando el gobierno recibió la noticia y evaluó a quiénes podía aplicárselo, se dio cuenta de que el artículo que sostenía ese límite había sido derogado.

En la moción presentada en aquel día de junio del 2016, Segura y Esquivel también incluyeron un artículo 6, llamado Excepciones, el cual establecía que la ley por aprobar excluía a las pensiones del Régimen de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM) de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), así como a los regímenes del Magisterio Nacional y del Poder Judicial.

En el proyecto aprobado, solo se mantuvo el tope de ¢2,7 para las pensiones de los regímenes de Gobierno y Exdiputados, en donde hoy unas 380 personas lo superan.

Para el RTR, existe en otra ley un tope que hoy equivale a ¢3,9 millones. Sin embargo, muchos beneficiarios lo evaden con solo postergar un día su fecha de retiro, pues así se los permite la legislación, con la ventaja de que pueden aumentar la pensión hasta en un 39,2% por laborar siete años adicionales.

Así, un catedrático universitario con un salario de referencia de ¢4 millones puede obtener ¢1,5 millones más por la postergación.

La Nación intentó comunicarse con Aracelli Segura y Abelino Esquivel, pero no fue posible localizar a ninguno de los dos en sus teléfonos celulares.

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Una sesión ajetreada

Al momento de discutir la moción de ambos exdiputados, 42 legisladores estuvieron presentes; 38 la votaron a favor, mientras que cuatro se manifestaron en contra de esta.

Pese a que se trató de alteraciones al proyecto de ley hechas a última hora, ninguno de los legisladores de entonces objetó que se agregaran dos nuevos artículos al expediente 19.661.

El único que discutió los ajustes fue Ottón Solís, del Partido Acción Ciudadana (PAC), pero lo hizo por la edad de retiro, pues consideró que esta debía fijarse en 60 años y no en 55, como lo sugería el proyecto de ley.

No obstante, aunque esa misma tarde presentó una moción para que se aumentara la edad de jubilación, solo 7 de los 44 diputados presentes apoyaron su moción; 37 la votaron en contra.

“A mí realmente me ha sorprendido que se escapara esa norma (la derogatoria del tope), porque el objetivo era claro: reducir el gasto del gobierno en pensiones. No sé qué pasó, dónde se negoció, porque yo he preguntado eso de que se eliminara el tope, y no hay respuestas”, aseguró el exdiputado y fundador del Partido Acción Ciudadana (PAC).

Según el actual representante por Costa Rica ante el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), “hay diputados capaces de impedir que se vote un proyecto y que se pierda lo bueno que pueda salvarse” y, en esos casos, lo que se hace es sacar “la mejor posibilidad de avance (de los proyectos de ley) y no la perfecta”.

“Hay diputados que chantajean y, si no se les aprueba lo que ponen, impiden que pase todo el proyecto, entonces se pierde lo otro que tiene bueno. En la Asamblea hay que estar dispuestos, a veces, a que salga algo imperfecto con tal de que salga algo”, aseveró Solís.

Uno de los exlegisladores que apoyó la moción de Solís para aumentar la edad de jubilación a los 60 años fue Otto Guevara, del Movimiento Libertario.

Según Guevara, no recuerda muy bien lo ocurrido ese día, pero sí destacó el beneficio de que, en la actualidad, sea posible ver cómo votan los diputados. Hoy, al momento de la votación hay un sistema que refleja quiénes se manifiestan a favor de los proyectos de ley y quiénes lo hacen en contra.

“Sinceramente, no creo que haya habido una negociación para eliminar ese tope, sino que creo que fue un golazo”, agregó el libertario.

Pasado el episodio de la moción presentada por Esquivel y Segura, los diputados aprobaron el expediente 19.661, el cual se convirtió en la ley 9388.

De los 44 legisladores presentes en el plenario al momento de la votación, 43 lo aprobaron y solo uno lo rechazó.

Dicha ley, así como las otras tres aprobadas ese día, solo impuso recortes a las pensiones de lujo de Gobierno y Exdiputados, cuyo cargo para el Presupuesto Nacional, actualmente, es de casi ¢140.000 millones al año.

En cuanto a la ley 9388, esta sí retoma el tope de los ¢2,7 millones, pero solo para pensionados por los regímenes de Gobierno y Exdiputados después del 2016, cuando se aprobó la reforma.

‘El espíritu siempre fue revivir el tope’

¿Por qué los diputados aceptaron eliminar el tope de ¢2,7 millones en el 2016 si el propósito de aprobar cuatro nuevas leyes sobre pensiones fue, justamente, bajar el gasto hacen los contribuyentes en estas, el cual es de más de ¢1 billón al año?

Tanto el director nacional de Pensiones, Luis Paulino Mora, como Sandra Piszk –exdiputada quien lideró la reforma– y Antonio Álvarez, presidente de la Asamblea Legislativa en aquel entonces, sostienen que el espíritu siempre fue bajar el gasto del gobierno en esas jubilaciones.

Según Mora, las jubilaciones del Magisterio no se tocaron porque a estas ya se les habían impuesto contribuciones solidarias desde 1995, con la ley 7531.

En su artículo 44, esa normativa establece que el techo para las pensiones de los profesores no podrá superar el equivalente al salario de un catedrático de la Universidad de Costa Rica (UCR), con 30 anualidades y dedicación exclusiva. Esa suma corresponde hoy a ¢3,9 millones.

El jerarca de Pensiones expresó que todavía no es posible saber qué fue más provechoso: la derogatoria del tope de los ¢2,7 millones o la imposición de contribuciones solidarias en otro de los proyectos de ley aprobados en la reforma del 2016 (el 19.254, hoy ley 9383).

“Habría que hacer un estudio, que no lo tenemos ahorita, para saber si fue beneficioso el cambio, porque antes no se podía topar a gente (del Magisterio) que se hubiera pensionado antes del 98, que son las pensiones más altas. Ahora podemos cobrarles contribución solidaria. A la gente que había postergado no la podemos topar, sin embargo, ahora sí les podemos poner contribución solidaria”, comentó Mora.

Agregó: “El negocio fue bueno en el sentido de que ya quedaron claros los topes y que ahora las contribuciones solidarias están establecidas. En el 2016, cuando se hizo el cambio, el asunto estaba pendiente en los tribunales, no se sabía cómo se iba a resolver”.

Sandra Piszk fue enfática en que la visión de los diputados siempre fue recortar las pensiones de lujo por medio de contribuciones solidarias.

“Me interesa que quede claro que las decisiones que se tomaron siempre fueron para ponerles el tope. El trabajo que se hizo durante esos años y en lo que trabajamos todos los partidos, era en el sentido de bajar las pensiones”, afianzó Piszk.

“Es cierto que no tocamos al Magisterio, porque ellos ya tenían tope, y lo que se nos demostró es que a ellos sí se les hacían deducciones bastante importantes”, argumentó la exlegisladora.