Dos diputados de la bancada de Gobierno instan a Casa Presidencial a dar prioridad al proyecto de reforma a la Ley contra el Crimen Organizado, pero hasta el momento las señales emitidas por Zapote indican que la labor legislativa será concentrada en otra iniciativa a partir del 1.° de mayo, fecha en que el Poder Ejecutivo asumirá la agenda del Congreso por tres meses.
Los diputados Jorge Rojas y Alexánder Barrantes, del Partido Progreso Social Democrático (PPSD), buscan que la bancada de Gobierno negocie con otros partidos la posibilidad de dar vía rápida al proyecto de reforma al expediente legislativo 23.090, a fin de evitar la liberación de presuntos cabecillas criminales.
Así lo confirmaron tanto Rojas como la jefa de esa bancada, Pilar Cisneros, quien respondió que ellos sí se lo comentaron a ella como coordinadora de la fracción, pero no como gestión oficial.
En declaraciones luego de una reunión de los jefes de fracción con autoridades judiciales, Pilar Cisneros confirmó que el plan no es prioridad gubernamental, sino que, a partir del 1.° de mayo, el Poder Ejecutivo pondrá en el primer lugar de la agenda el plan sobre jornadas laborales 4-3, al que pretende darle vía rápida.
En tanto, la ministra Natalia Díaz coincidió en medios televisivos con Cisneros y añadió que no se puede tramitar dos mociones de vía rápida a proyectos de ley distintos para el plenario.
De no entrar en vigencia la reforma sobre crimen organizado el 6 de junio próximo, el Poder Judicial estaría obligado a liberar a presuntos jefes de organizaciones criminales y se caerían algunas de las investigaciones sobre delincuencia organizada que están en trámite.
El proyecto de ley permitiría duplicar plazos necesarios para prisión preventiva a sospechosos de narcotráfico y otros delitos de crimen organizado; también se duplicarán los plazos para la continuidad y suspensión de los debates de los juicios, y para interponer recursos de sentencia y casación.
“Alexánder y yo somos los que estamos intentando que el proyecto supere las mociones, lunes y jueves, y poder llegar. Si falta tiempo, sacarlo en vía rápida. Con doña Pilar, yo he conversado con ella. Nosotros dos somos conscientes de la necesidad de que el proyecto se apruebe”, dijo Jorge Rojas.
“Nosotros hacemos lo imposible porque las cosas se den. El peligro sería que pasemos al otro periodo y no se haya avanzado”, agregó ese diputado.
No obstante, Cisneros dijo que ella los remitió a la ministra de la Presidencia, Natalia Díaz.
Aunque se trata de la iniciativa de mayor urgencia solicitada por las autoridades judiciales, el Ejecutivo no tiene la misma prioridad, pues no hay voluntad de ponerlo en agenda de las sesiones extraordinarias que empiezan el 1.º de mayo.
Eso significa que solo quedan ocho días hábiles para que el plan avance en la Asamblea Legislativa, tiempo que podría ser insuficiente para tramitar los centenares de mociones que han presentado los liberacionistas Carolina Delgado y Danny Vargas.
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La ministra Natalia Díaz aseguró que, para los primeros días de mayo, cuando las comisiones parlamentarias aún no están funcionando por acomodos del Congreso, solo buscarían la vía rápida al plan de jornadas flexibles.
Consultada para este artículo, Díaz declaró que anunciarán la lista de proyectos convocados a extraordinarias en días próximos. Ella agregó que antes de que se inicie ese periodo, en mayo, es decisión de los diputados avanzar o no en una vía rápida para el 23.090.
“Pudieron haberlo hecho durante este periodo (sesiones ordinarias, del 1.º de febrero al 30 de abril). Sin embargo, en este momento hay una cantidad importante de mociones presentadas a este proyecto”, alegó.
Alexánder Barrantes respondió, vía telefónica, que hay mucha preocupación con lo que pueda suceder si no se aprueba el proyecto, pero que a él le aseguraron que convocar en sesiones extraordinarias un proyecto con tantas mociones es imposible.
“Estamos con sesiones adicionales de la Comisión de Seguridad y Narcotráfico. Este lunes hay una, después de plenario, y hay que programar otras sesiones extra, para ver si es posible tramitar las mociones. Si eso sucede, se puede convocar”, alegó.
Barrantes alegó que no es que el Gobierno no le dé prioridad al expediente, sino que está saturado de mociones y no se ha podido avanzar.
