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Los diputados de la Comisión de Control de Ingreso y Gasto Público declararon privada la sesión de este jueves, en la que investigaron detalles de los negocios del Banco de Costa Rica (BCR) con la empresa importadora de cemento chino, Sinocem.
Solo los legisladores del foro pudieron escuchar la comparecencia de Mario Barrenechea y Paola Mora, gerente general y presidenta del BCR, respectivamente, así como de abogados y funcionarios de la entidad financiera.
El presidente de ese comisión, Mario Redondo, de Alianza Demócrata Cristiana, declaró que la sesión se efectuó a puerta cerrada bajo el supuesto de que se conocería información de Sinocem que está cubierta por el secreto bancario.
"Hay un consentimiento del cliente, el cliente permite que se informe pero solo a diputados. El derecho es en beneficio del cliente y ellos así lo autorizan", expresó Redondo.
Sin embargo, después de la sesión, el legislador reconoció que cierta parte de la audiencia no requería del secreto, pues no tenía que ver con información protegida con el fuero bancario.
En específico, dijo, los diputados conocieron los detalles de un crédito de $20 millones (¢11.200 millones) que el BCR le otorgó a la compañía, en el 2014.
El gerente general del Banco, además, fue llamado a comparecer luego de que Diario Extra informara que uno de sus hijos, Javier Barrenechea, tenía una presunta relación contractual con Sinocem.
Según el diputado Redondo, Barrechenea reconoció que una compañía de su hijo tiene una relación con Sinocem, pero como cliente. Además, el gerente negó que él hubiese intercedido para que se aprobara el crédito a la compañía de cemento chino.
Diario Extra también mencionó una supuesta injerencia del gerente bancario en un cambio reglamentario interno que habría facilitado el crédito del BCR a Sinocem. No obstante, dijo Redondo, él rechazó haber influido.
Se trata de la norma que permite otorgar préstamos a un cliente que otorgue seguros expedidos por una compañía aseguradora como garantía. Antes, el Banco solo permitía cauciones (seguros) del Instituto Nacional de Seguros (INS) y, con el cambio reglamentario, ahora acepta de empresas privadas, como ocurrió en el caso de Sinocem.
"Ellos sostienen que el crédito está completamente garantizado, que no hay riesgo alguno, consultamos si hubo un trato preferencial y dicen que más bien se tardaron varios meses en su tramitación. También, niegan que hubiese influencia de Casa Presidencial (...). Hay todavía algunos detalles donde le queda a uno cierta duda, particularmente a mí me inquieta la discrecionalidad para cambiar reglamentos ante casos particulares. Uno quisiera que las reglas fueran más estáticas y que hubiese más seguridad jurídica", aseveró el diputado de Alianza Demócrata Cristiana.
Jorge Arguedas, del Frente Amplio (FA), también manifestó insatisfacción, mientras que Otto Guevara, del Movimiento Libertario, y Rolando González, de Liberación Nacional (PLN), declararon que no hay razones para dudar sobre la legalidad del crédito.
"Una vez escuchadas todas las participaciones, evacuadas las consultas y contrastados los puntos de vista, inusualmente debo decir que encuentro que el BCR actuó apegado a derecho, que sí se quiere es un crédito tramitado con criterios mucho más duros y excluyentes que otros ordinarios, y que la cadena de garantía financiera que estableció el Banco es completamente solvente y aseguradora de que el banco no corre ningún riesgo (...).
"No queda ninguna duda de que la actuación del gerente del banco en esta situación no tiene que ver nada con tráfico de influencias, ni con una relación de parentesco con quién es cliente y proveedor de una empresa del grupo colectivo (JCB) que integra esta línea de crédito", expresó González.
La relación entre esa compañía y el BCR forma parte de una investigación que se abrió en la Comisión de Ingreso y Gasto Público no solo para conocer las políticas de gestión de riesgo de las carteras crediticias de esa entidad, sino también las del Banco Nacional de Costa Rica y el Banco Crédito Agrícola de Cartago, a raíz del otorgamiento de algunos préstamos presuntamente irregulares.
En la sesión de este jueves –además de Redondo, Arguedas, Guevara y González– también estuvieron los diputados Patricia Mora, del FA; Ottón Solís y Marlene Madrigal, del Partido Acción Ciudadana (PAC); Gonzalo Ramírez, de Renovación Costarricense; Johnny Leiva, de la Unidad Social Cristiana (PUSC), y Julio Rojas, del PLN.
