Los diputados de la Comisión de Asuntos Sociales de la Asamblea Legislativa revivieron, esta semana, una norma que eliminaría el régimen de pensiones para los futuros expresidentes.
Se trata de una moción de fondo aprobada en el expediente legislativo 21.345, que añade un inciso en el artículo que deroga varios regímenes de pensiones con cargo al Presupuesto Nacional.
Aunque había dos mociones casi idénticas, con el mismo objetivo, se aprobó la de los diputados Rosalía Brown y David Segura, de Nueva República, y no la de Johanna Obando, del Partido Liberal Progresista (PLP).
Originalmente, el proyecto fue presentado por el excongresista Víctor Morales Mora, del Partido Acción Ciudadana (PAC), y proponía eliminar ese régimen que le da una pensión a los expresidentes de la República apenas abandonan la Casa Presidencial.
La ley 313, del 23 de agosto de 1939, establece el derecho del exmandatario a una pensión mensual, así como a un ex vicepresidente que hubiere reemplazado de forma absoluta al mandatario por más de dos años.
La norma vigente también asegura que, cuando el beneficiario de la pensión fallezca, el derecho se hereda a la viuda o los hijos del expresidente.
Actualmente, los expresidentes tienen una pensión con un monto igual a la remuneración mensual de un diputado de la República, es decir, de ¢4 millones.
El ministro de Trabajo, Luis Paulino Mora, enfatizó que dicha iniciativa solo puede tener efecto a futuro, es decir, que no afectaría el derecho de los que ya adquirieron una pensión, sino para próximos expresidentes o descendientes.
Es decir, que una viuda de un expresidente ya no podría reclamar el derecho cuando la ley se encuentre derogada.
Incluso, un exmandatario como Carlos Alvarado, quien tiene un derecho adquirido o latente, podría recibir esa pensión, a pesar de que él no haya querido cobrarla.
“Esa norma tendría efectos ultractivos, o sea, a futuro”, enfatizó el ministro.
Según datos del Ministerio de Trabajo, para agosto del 2021 había 10 pensiones de este régimen, con un promedio de ¢3,7 millones mensuales.
La congresista Johanna Obando enfatizó que el problema de esa pensión es, precisamente, que reciban ese dinero mensualmente a pesar de no haber cotizado para ello.
“No es proporcional obtener un beneficio de por vida y aún después de la muerte, porque se hereda a los descendientes, pero en cuatro años no se cotiza lo suficiente. No hay relación ni proporción, para nuestro país es una pensión muy ostentosa”, dijo.
La liberal adujo que se trata de un beneficio procedente de un puesto de privilegio. “Entiendo que se trata de una labor muy importante de la representación del país, pero no corresponde con la realidad de los costarricenses. Eso crea una desigualdad”, enfatizó.
El liberacionista Luis Fernando Mendoza aclaró que su fracción está a favor de eliminar el régimen de pensiones y votaron afirmativamente la iniciativa en la Comisión de Sociales.
Sin embargo, la también verdiblanca Dinorah Barquero se había manifestado en contra, un día antes, pues alegó que los expresidentes se merecen más que un retrato con un marco dorado y la bandera en el Salón de Expresidentes y Expresidenta de la República, en la Asamblea Legislativa.
“Ser un expresidente de la República tiene una connotación particular, es una escogencia de todo el electorado costarricense y eso tiene prerrogativas y particularidades especiales, sobre todo porque no se es presidente de la República y se termina ahí la vida pública; sigue siendo un representante de este país”, adujo.
También, alegó que la pensión no era un factor de enriquecimiento ni de privilegio, sino un reconocimiento para “personas que continúan ejerciendo un grado de influencia y representación”.
David Segura, de Nueva República, respondió que él no podía estar “jamás a favor del comentario” de Barquero porque se trata de una pensión de lujo, con la que “los costarricenses en la calle no están nada contentos”.
“No podemos hablar de dignidad para expresidentes, cuando los demás costarricenses están recibiendo pensiones de menos de ¢100.000, mientras que muchos adultos mayores que trabajaron toda su vida reciben pensiones muy bajas o pensiones no contributivas más bajas aún”, agregó el legislador.
Aparte de las pensiones de futuros expresidentes, el proyecto busca impedir que nazcan 470 nuevas pensiones de lujo, al cerrar los regímenes contributivos con cargo al Presupuesto de la República, excepto el del Magisterio Nacional, y trasladar al sistema de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM) de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) a los últimos funcionarios que podrían jubilarse con esos regímenes.
Además, se derogarían los regímenes no contributivos, para los que no existieron cotizaciones de parte de los beneficiarios, como el régimen de Premio Magón y Beneméritos de la Patria.