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Los diputados de la Comisión Investigadora de Créditos Bancarios solicitaron a la Unión Costarricense de Cámaras y Asociaciones de la Empresa Privada (Uccaep) que despojen a Samuel Yankelewitz de la presidencia honoraria de esa organización y que remuevan los retratos del empresario de todos los salones de esa entidad.
Así lo anunciaron este miércoles los investigadores de los créditos bancarios en el segundo informe de la comisión, el cual versa sobre los créditos otorgados a la compañía de plásticos Yanber, que era propiedad de Yankelewitz.
Según el documento, la recomendación a la Uccaep se debe a que la Unión de Cámaras no ha tomado, hasta la fecha, ninguna acción relacionada con Yankelewitz, a pesar de “la evidencia contundente sobre sus retorcidos comportamientos como empresario, los cuales no representan los valores de la mayoría de los miembros de esa organización”.
Entre esos “retorcidos comportamientos”, los congresistas mencionaron el hecho de que la compañía Yanber presentara estados financieros maquillados a varios bancos públicos y privados, con tal de obtener financiamiento.
También, consideran totalmente irregular que la empresas de Yankelewitz fingieran ventas hasta por $30 millones a una compañía panameña ficticia, llamada Interplastic, que era una firma de papel perteneciente a Yanber.
A la vez, critican que se haya creado un fideicomiso, de nombre CJE, para desviar pagos que debían entrar a la empresa Yanber cuando ya se había solicitado el convenio preventivo de acreedores, mediante el cual se debían honrar las deudas pendientes.
Regaño a diputadas y exdiputado del PLN
Además de hacer esa recomendación a la Uccaep, la Comisión determinó, en su informe de mayoría, que la Asamblea Legislativa debería regañar a las diputadas liberacionistas Sandra Piszk y Paulina Ramírez, así como al exlegislador y excandidato presidencial Antonio Álvarez Desanti, por haber enviado una carta a la Dirección de Tributación, en el 2016, en la que cuestionaron una supuesta divulgación de secretos comerciales de Yanber y su relación con la ficticia Interplastic.
“Se considera que este acto constituye una imprudencia en el tanto la Dirección de Tributación podría haberse sentido presionada a actuar de manera diferente en relación con intereses específicos particulares”, determinó la Comisión, por mayoría.
Aunque la mayoría determinó que se les debe llamar la atención a los tres verdiblancos, para que no establezcan comunicaciones de ese tipo con Tributación, la frenteamplista Patricia Mora considera que se debe reprochar públicamente a Piszk, Ramírez y Álvarez Desanti, porque considera su acción “como una falta al deber de probidad”.
Consultada sobre la mención de su nombre y los de Ramírez y de Álvarez Desanti, la diputada Piszk se mostró muy molesta, porque asegura que se trata de una mala interpretación de la acción que ellos hicieron, en febrero del 2016. En su criterio, esta se debió a una denuncia que recibieron de parte de Manrique Constenla, presidente de Polymer.
”Él (Constenla) nos entrega una cantidad grande de documentos, en la cual nos indica que a él mismo le llegó información de sus competidores y que no quisiera que posteriormente fuera al revés. Visto eso, tomando en consideración que no era la única denuncia, pero era la única que teníamos documentada, escribimos esa carta a Carlos Vargas”, recordó Piszk.
Añadió que eso se dio durante la discusión de la Ley para el fortalecimiento de la lucha contra el fraude fiscal, cuando surgieron cuestionamientos contra la Dirección de Tributación por la filtración de información de los contribuyentes.
La verdiblanca comentó que, en los documentos que les entregaron, aparecía información de Plásticos Modernos y de Yanber, nada sobre Interplastic. Por ello, adujo que el informe de la Comisión Investigadora de Créditos se redactó con ligereza.
“Lo correcto sería hacer una modificación, no sé si se va a poder hacer. Mi punto, lo que es absolutamente cierto, lo defenderé”, comentó.
Comisión: ’Alfredo Ortuño faltó al deber de probidad’
En el capítulo del informe de la Comisión de Créditos Bancarios, referido al préstamo dado a la compañía Las Brisas, los diputados afirmaron que Alfredo Ortuño Victory, desde su representación del gobierno ante el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), “no se inhibió para la toma de decisiones en el otorgamiento de créditos a su primo Gaspar Ortuño de la Goublaye de Menorval”.
Gaspar Ortuño era el apoderado generalísimo de Las Brisas, por lo que los legisladores consideran que el banquero faltó al deber de probidad, estipulado en el artículo 3 de la Ley contra la corrupción y el enriquecimiento ilícito.
Este caso se refiere al fideicomiso que constituyeron el Banco de Costa Rica, el BCIE y el Bancrédito a favor de la compañía Las Brisas, para desarrollar el parque industrial y zona franca Hacienda San Rafael.
Para ello, el BCIE dio un crédito por $36 millones, en cuya formalización firmó y compareció como director por Costa Rica, Alfredo Ortuño, pese a ser primo del apoderado de Las Brisas.
Además, el BCR puso $20,3 millones y el Bancrédito puso $2 millones, los tres en función de financiastas.
“No actuó en condiciones de igualdad para los habitantes de la República; sus decisiones no se ajustaron a la imparcialidad y a los objetivos propios de la institución en que se desempeñaba, y falló al no velar por que la administración de los recursos públicos se ajustara a los principios de eficacia, economía y eficiencia, rindiendo cuentas satisfactoriamente”, dice el informe en su página 43.
Por esa falta al deber de probidad atribuida a Ortuño, se remitirá el informe a la Procuraduría de la Ética Pública (PEP) y, en ese sentido, recomendaron que se hagan vinculantes las resoluciones de la PEP en materia de nombramientos de los miembros de las juntas directivas en los bancos del Estado.
Otras recomendaciones sobre el caso Yanber
El resto de recomendaciones hechas por los legisladores se dirigen al Ministerio Público y al Colegio de Contadores Públicos, tanto por las actuaciones de los empresarios, como de los auditores que estuvieron relacionados con el proceso, tanto positiva como negativamente, además de las omisiones en que habría incurrido, a criterio de los parlamentarios, el Tribunal Fiscal Administrativo.
Recomendaciones al Ministerio Público:
– Accionar pronto y con diligencia para determinar las responsabilidades penales de Samuel y Andrés Yankelewitz, Ronald Soto y Allan Paniagua, así como de otras personas asociadas al caso Yanber, con tal de fortalecer la lucha contra la impunidad y devolver la confianza de la ciudadanía en el sistema de justicia
– Incorporar a la investigación penal los hechos consignados en el informe de la Comisión Especial Investigadora
– Indagar sobre las empresas nacionales usadas por Yanber para encubrir las ventas ficticias con Interplastic
– Investigar al auditor Albán Brenes, por presunto incumplimiento de sus responsabilidades, al encubrir la situación financiera real de Yanber
– Identificar los beneficiarios de los movimientos irregulares de las cuentas del fideicomiso CJE, creado por el abogado Francisco Luis Vargas por petición de Yankelewitz, con el fin de determinar las responsabilidades administrativas y penales
– Determinar el uso que Yankelewitz y Francisco Vargas dieron al fideicomiso de contingencias laborales, así como el monto total
– Determinar la responsabilidad de Vargas al crear ese fideicomiso
– Investigar las acciones del Bancrédito y del Banco Nacional, al otorgar y renovar líneas de crédito a Yanber, para determinar responsabilidades administrativas y penales, enfatizando en el caso de Gerardo Ulloa Castro, exgerente del BN
– Establecer responsabilidades para los miembros del Tribunal Fiscal Administrativo que recibieron las pruebas de la vinculación entre Yanber y la ficticia Interplastic, sin realizar la correspondiente denuncia penal; además, envían el caso de los funcionarios de ese Tribunal que resolvieron que no había vinculación entre las empresas, pese a las pruebas
– Indagar los vínculos entre Luis Alonso Barboza y su empresas Kineret, con Andrés Yankelewitz y Yanber, por un “posible uso” en el funcionamiento irregular de la compañía de plásticos
Recomendaciones al Colegio de Contadores Públicos:
– Sancionar a Albán Ugarte Brenes, exauditor de Yanber, por su accionar en torno a la compañía y su encubrimiento de la situación financiera real de la empresa
– Reconocer públicamente el trabajo del auditor externo Ronald Artavia Chavarría, “por su labor en el caso”, que los diputados consideran crucial para evidencial los hechos sobre el caso Yanber
Recomendación a la Asamblea Legislativa:
– Llamar la atención a las y los diputados para que no establezcan ningún tipo de comunicación con las autoridades de la Dirección General de Tributación, en la cual mencionen nombres o empresas específicas.
