En el Congreso se tramitan dos proyectos de ley que buscan establecer límites a los salarios de los alcaldes y a las dietas de los regidores municipales. Se trata de dos iniciativas de los Partidos Nueva República (PNR) y Unidad Social Cristiana (PUSC).
La primera, presentada por el diputado Horacio Alvarado en diciembre pasado, se titula “Ley de equidad en el cálculo de las remuneraciones, su regulación por ajuste anual y pago de viáticos en los puestos de elección popular en el régimen municipal”.
El expediente 24.078 propone que los salarios de los alcaldes aumenten anualmente conforme a la inflación, como sucede con diputados y empleados públicos, es decir, el aumento sería una vez al año según el índice de precios al consumidor del año anterior.
Además, elimina la facultad de los regidores y síndicos para decretar aumentos de hasta un 20% en sus dietas. Los incrementos estarían sujetos a la capacidad financiera de la municipalidad y la aprobación del ente contralor.
La propuesta también modifica el artículo 30 del Código Municipal, limitando los viáticos de transporte, hospedaje y alimentación a regidores y síndicos de municipalidades fuera del Gran Área Metropolitana (GAM), excepto en situaciones especiales que justifiquen el reconocimiento y pago de viáticos.
El segundo proyecto, presentado el 6 de junio por el diputado Fabricio Alvarado, de Nueva República, busca que el salario máximo de un alcalde no supere el salario total sin ausencias de un diputado, que ronda los ¢4 millones mensuales, divididos entre dietas y gastos de representación.
La propuesta, que se tramita bajo el expediente 24.370, también detalla que el ingreso máximo para un regidor municipal no superará el 25% del salario del alcalde.
“Buscamos no solo poner un alto a los aumentos excesivos de los salarios que se hacen los alcaldes, sino, también, que sea una manera de ordenar las finanzas públicas, de manera que el salario de los miembros del gobierno local sea congruente con los presupuestos de los municipios”, explicó Fabricio Alvarado.
En enero de 2020, José María Villalta, del Frente Amplio, presentó un proyecto similar para establecer una tabla de salarios base proporcional a los presupuestos municipales, pero la Comisión de Asuntos Municipales lo archivó en abril de 2022.
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Aumento de salario al alcalde de San José
El pasado 28 de mayo, el Concejo Municipal de San José aprobó una modificación presupuestaria que aumentó el salario del alcalde, Diego Miranda Méndez, y de la vicealcaldesa, Yariela Quirós Álvarez, de ¢5.565.000 a ¢5.740.000.
Diego Miranda declaró a La Nación que el ajuste salarial se fundamenta en “un tema de ley” y cuenta con el respaldo técnico de la Dirección de Talento Humano de la Municipalidad de San José. Sin embargo, el 30 de mayo, Miranda solicitó al departamento de Talento Humano suspender el aumento salarial.
El 4 de junio, el Concejo Municipal de San José instó al alcalde a congelar el incremento debido a que la Contraloría General de la República (CGR) advirtió que el monto aprobado sobrepasaba el límite fijado por la ley. La CGR recordó que, según la Ley Marco de Empleo Público, ninguna remuneración pública puede superar el salario global del presidente de la República, cuyo monto se estableció en ¢5.565.000 el 10 de marzo del 2023, mediante un acuerdo tomado por la Autoridad Presupuestaria.
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10 alcaldes ganan más de ¢5 millones
Diez alcaldes ganan más de ¢5 millones mensuales, superando el sueldo base de un ministro. Además, 25 gobernantes locales perciben más de ¢4 millones al mes, el salario promedio de un diputado sin ausencias, según un análisis de La Nación en marzo pasado.
Sus remuneraciones alcanzan estos niveles gracias a una peculiar disposición legal introducida en el Código Municipal en 1996. Algunos habrían podido ganar más, pero los frenó la reforma fiscal aprobada por el Congreso en diciembre del 2018. Incluso, dos vicealcaldes ganan más de ¢5 millones.
El artículo 20 del Código Municipal define el salario de los alcaldes por dos métodos. El primero, una tabla basada en el presupuesto municipal; sin embargo, se trata de un método desactualizado con el que todos los alcaldes del país ganarían ¢450.000 mensuales. El segundo método establece que los alcaldes ganarán al menos el salario máximo pagado por la municipalidad, más un 10%.
Bajo este criterio, el alcalde de San José ganaría ¢7,2 millones, el de Talamanca ¢6,8 millones, y los de Escazú y La Unión ¢5,9 millones. Sin embargo, la reforma fiscal de 2018 establece que la remuneración de los servidores de elección popular no puede superar los 20 salarios base de la categoría más baja de la Administración Pública, es decir, ¢5,7 millones mensuales.
A este monto se suma el plus por prohibición del ejercicio liberal de la profesión para los jerarcas que sean profesionales universitarios. Los licenciados reciben un plus del 30% y los bachilleres un 15%.
En los casos de los alcaldes que estén pensionados, y no quieran suspender ese beneficio, pueden solicitar que se les pague un 50% del monto total de la pensión, por concepto de gastos de representación.