Aarón Sequeira. 16 septiembre
Un informe de la PEP exime a Luis Guillermo Solís de la responsabilidad en el caso de otorgamiento de créditos a Juan Carlos Bolaños para la importación del cemento chino. Lo acompaña su esposa, Mercedes Peñas Domingo. Foto: Rafael Pacheco
Un informe de la PEP exime a Luis Guillermo Solís de la responsabilidad en el caso de otorgamiento de créditos a Juan Carlos Bolaños para la importación del cemento chino. Lo acompaña su esposa, Mercedes Peñas Domingo. Foto: Rafael Pacheco

Con la mayoría del plenario legislativo, los diputados aprobaron este lunes, pedirle a la Procuraduría de la Ética Pública (PEP) reabrir la investigación contra el expresidente de la República Luis Guillermo Solís, por la supuesta participación en el caso de los créditos para importación del cemento chino.

Los legisladores aprobaron con 38 votos, el informe de la comisión que determinó, en agosto, que la Procuraduría Ética fue omisa en la investigación preliminar sobre la participación del exmandatario en el favorecimiento al importador de cemento chino Juan Carlos Bolaños.

Los votos a favor fueron 13 del Partido Liberación Nacional (PLN); 6 de la Unidad, 7 de Restauración Nacional, 6 del bloque independiente fabricista, 2 del Partido Integración Nacional (PIN) y 2 del Partido Republicano Social Cristiano (PRSC), el independiente Erick Rodríguez, así como José María Villalta, del Frente Amplio.

En contra, votaron seis legisladores, todos ellos del Partido Acción Ciudadana (PAC). Esos votos en contra fueron de Laura Guido, Nielsen Pérez, Luis Ramón Carranza, Carolina Hidalgo, Catalina Montero y Mario Castillo.

De la bancada oficialista estuvieron ausentes Paola Vega, Enrique Sánchez y Welmer Ramos, quien es uno de los investigados por la Procuraduría Ética, por supuestas faltas al deber de probidad.

"Se insta al procurador general de la República y al nuevo procurador director de la ética pública reabrir la investigación contra el expresidente Luis Guillermo Solís. (...)

“No se pidieron documentos a los ministros, direcciones o cualquier otra institución gubernamental involucrada en el escándalo, o llamar a declarar a sus responsables directos, para recabar nueva evidencia; no se profundizó acerca de lo dicho por los comparecientes en esa comisión investigadora (la de los créditos bancarios)”, dice el informe.

En el reporte de mayoría que emitió el foro investigador, se determinó que la PEP fue omisa en la investigación a Luis Guillermo Solís, luego de que una comisión parlamentaria afirmara, en enero del 2018, que Solís había faltado a su deber de probidad.

Varios parlamentarios, entre ellos los liberacionistas Carlos Ricardo Benavides y Roberto Thompson, destacaron que la Procuraduría solamente abordó dos de los siete asuntos que los anteriores congresistas le pidieron abordar.

Precisamente a raíz de esas omisiones y aparente favorecimiento hacia el exmandatario, es que los legisladores piden ahora que se reabra el asunto.

Asimismo, el criterio de los parlamentarios es que el procurador general, Julio Jurado, debe investigar internamente a los funcionarios de la PEP que elaboraron y enviaron al Congreso el informe AEP-RES-049-2019, documento que liberó de responsabilidad al expresidente Solís.

La comisión investigadora se instaló en julio del 2018, luego de que se conociera que la Procuraduría envió el informe el viernes 27 de abril de ese año, un día hábil antes de que se cerrara el periodo 2014-2018 y lo mandó con velo de confidencialidad, pese a que el resultado no obligaba a tal secretismo.

El documento se atascó en la Dirección Ejecutiva del Congreso, lo cual provocó que caducaran los tres días para que los nuevos diputados pudieran apelar.

‘Investigación pobre’

Según el presidente parlamentario, la conclusión principal es que la PEP hizo una “investigación pobre” sobre las supuestas responsabilidades de Solís Rivera y enfatizó que no se “investigó absolutamente nada o casi nada, aparte del informe" que le enviaron los diputados en enero del 2018.

Benavides comentó en el plenario que la Procuraduría escogió no buscar ningún tipo de prueba adicional, salvo lo que iba junto con el expediente legislativo de la investigación de los créditos bancarios.

“Nos contestaron que les pareció repetitivo hacerlo. Fue un esfuerzo pobre, no agregó nada y tampoco contribuyó a investigar las conclusiones que había tenido el plenario”, dijo el liberacionista.

Por su parte, la oficialista Laura Guido se apartó del criterio de los demás miembros del foro investigador.

Ella criticó, principalmente, que en el informe de mayoría se haya eximido de toda responsabilidad al expresidente legislativo Gonzalo Ramírez, a quien señaló de haber “engavetado” el informe sobre el exmandatario y de hacer lo mismo con otros.

Según ella, de haberse enterado sobre ese informe, excongresistas como el liberacionista Ronny Monge e, incluso, el oficialista Ottón Solís, o la frenteamplista Patricia Mora, habrían pedido a sus sucesores apelar la decisión de la Procuraduría de la Ética.

Notificación apurada

Aparte de recomendar la reapertura de la investigación a Solís, y “que vuelva al país”, como dijo Walter Muñoz, del Partido Integración Nacional (PIN), determinaron que “hubo una clara intención de presentarla de manera apurada, tomando en consideración que, desde el momento que se presentó la resolución a la actualidad, han transcurrido más de un año y tres meses y no se han concluido algunas de las investigaciones derivadas del expediente 20.461″.

Según los actuales congresistas, con la investigación preliminar sobre Solís “hubo un trato expedito, sin razones de peso que lo justifiquen”.

No obstante, aparte de la prisa que se tomó la PEP para revisar los actos del exmandatario, los diputados exigen que se revise la forma en que se destituyó a los directivos del Banco de Costa Rica (BCR), iniciada por la administración Solís Rivera y concluida por el gobierno de Carlos Alvarado.

“Pudo existir una violación del principio de legalidad que debe amparar las actuaciones de todos los funcionarios públicos”, sostiene el informe de la investigación.

La idea de los parlamentarios es indagar si lo actuado por el anterior Consejo de Gobierno y por el actual, tienen consideraciones legales. Esa recomendación se deriva de que el exsuperintendente general de Entidades Financieras, Javier Cascante, negó que un informe de setiembre del 2017 haya recomendado la suspensión o destitución de los directivos bancarios.

Con base en el informe de la Superintendencia General de Entidades Financieras (Sugef), el consejo de gobierno de Luis Guillermo Solís suspendió a Francisco Molina, Paola Mora, Mónica Segnini, Evita Arguedas y Alberto Raven.