Los diputados de la Comisión de Control de Ingreso y Gasto Público investigarán la decisión del Banco Nacional (BN) de retirar su pauta publicitaria de La Nación como respuesta a las noticias críticas sobre la entidad, así como las medidas que evaluó para aplacar la filtración de información de interés público.
Para los legisladores, es necesario determinar si esta y las demás instituciones hacen un uso ilegítimo de la publicidad pagada con fondos públicos.
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El presidente de la Comisión, Mario Redondo, del Partido Alianza Demócrata Cristiana (ADC), anunció ayer que presentará una moción para analizar el caso, pues asegura que lo denunciado atenta contra la libertad de prensa.
La propuesta la pondrá a discusión la próxima semana, una vez terminado el receso de medio año, y desde ya cuenta con el apoyo de diputados de los partidos Acción Ciudadana (PAC), Unidad Social Cristiana (PUSC), Liberación Nacional (PLN), Movimiento Libertario y Renovación Costarricense.
“Se requiere hacer una investigación que nos permita llegar a una legislación que impida que la publicidad estatal se use para ganar aplausos o para castigar a aquellos cuya línea editorial se aparta de los intereses del Gobierno, o la institución de turno. Me parece que esta es una forma de clientelismo de alto nivel: el tratar de hacer uso de los recursos públicos con esos propósitos”, dijo Redondo.
El diputado Ottón Solís, del gobernante PAC, calificó la denuncia como “un asunto grave” y pidió iniciar las pesquisas.
“¿Será que algunas instituciones también usan el presupuesto de publicidad para premiar medios que les disimulan los errores?”, cuestionó Solís.
El libertario Otto Guevara añadió: “Me parece inaceptable que se utilice el presupuesto de publicidad para favorecer o castigar medios de comunicación”.
En una entrevista publicada el lunes en La Nación , el gerente del Banco Nacional, Juan Carlos Corrales, admitió que la entidad financiera decidió retirar la pauta publicitaria de este medio, en respuesta a las noticias críticas que el diario empezó a publicar en febrero sobre asuntos de interés público que ocurrían en el BN.
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Al mismo tiempo, el Nacional emprendió otras acciones como la exploración de posibles demandas penales contra periodistas y la búsqueda de vías legales para obligar al diario a bajar, de su página web, un documento que expone los riesgos financieros del Banco Internacional de Costa Rica (Bicsa), que le pertenece en un 49% de las acciones.
En la Unidad, el congresista Johnny Leiva aseguró que apoyará cualquier investigación que sirva para esclarecer cómo se utiliza el dinero del Estado: “Tiene que haber transparencia en el uso de los recursos públicos, que son de todos los costarricenses. Las instituciones públicas, como los bancos, no tienen que estar en contra o a favor de una empresa, sea quien sea, para eso están los debidos procesos. Hay una ley de contratación administrativa para adquirir lo que se ocupe y no para irse en contra o a favor de una empresa privada”.
Su colega del PLN, Rolando González, considera que este empleo de la publicidad no es exclusivo del Banco Nacional, sino que también se da en otras instituciones del Estado. Por tal razón, abogó porque se investigue cómo maneja el Gobierno los recursos para publicidad.
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Gonzalo Ramírez, de Renovación Costarricense, afirmó que él firmará la moción de investigación junto con Redondo porque, en su criterio, las acciones que emprendió el Banco ponen en riesgo la democracia.
“Al fin y al cabo, es el Banco de todos y todas las costarricenses. Esperamos que el Gobierno –el cual tiene una injerencia en el Nacional– meta mano fuerte en este tema, porque en el tema económico, en el tema de seguridad bancaria, uno de los principales tópicos es no fomentar la inseguridad entre los clientes, para evitar una desbandada. Hay un mal manejo que podría desacreditar a quienes están como jerarcas, eso es lo grave, que los jerarcas no salgan con transparencia a decir que los manejos se están haciendo bien”, apuntó Ramírez.
A raíz de las publicaciones críticas, el BN también la emprendió contra sus propios funcionarios. Parte de la Junta Directiva pretendía abrir los correos electrónicos y computadoras de todos los directores para averiguar si alguno reveló a La Nación el documento en el que la Reserva Federal de Estados Unidos (FED) advertía sobre la vulnerabilidad de Bicsa al lavado de dinero.
Este medio también informó sobre la intención de varios directores por acaparar puestos en las juntas directivas de las subsidiarias del Nacional, así como la poca importancia que le dieron al hecho de que el Banco de Costa Rica le cerrara las cuentas a una empresa vinculada a una de las integrantes de la Junta Directiva del BN, por dudas sobre el origen de sus recursos.
El sábado, además, se publicó que las autoridades de Bicsa fingieron una exigencia de la FED para tratar de contratar una empresa que investigara cómo llegó a La Nación la evaluación de esa agencia estadounidense.
El diputado Guevara consideró que estas actuaciones son inaceptables: “Debe investigarse la forma en que se fingen requerimientos de información por terceros para determinar cómo llega información a un medio”.
Ir más allá. Mario Redondo cree que el gobierno de Luis Guillermo Solís debe reestructurar la integración de la Junta Directiva del Nacional y que el caso también debe analizarse en el seno de la Procuraduría de la Ética.
En tanto, Rolando González sostiene que se debe ir más allá.
“Trataría de incidir para que la investigación se amplíe a la actividad de obstrucción practicada por el Gobierno actual. Son demasiados los casos en que ha habido bloqueo a la información pública, acciones contra la prensa, unas solapadas, otras con llamadas y amenazas y ahora, un caso tan elaborado como el que se denuncia en La Nación . Todas esas acciones son contrarias a nuestros principios democráticos y de libertad absoluta en materia de prensa. El Gobierno debe dar respuesta conjuntamente sobre lo actuado por el banco”, dijo.
Actualmente, en la Comisión de Ingreso y Gasto Público la labor de los jerarcas del Banco Nacional está siendo investigada, pero centrada en los fallidos autonombramientos de los directivos en las juntas de sus subsidiarias.
Incluso, Redondo es del criterio que las comparecencias también se deben ampliar al manejo administrativo de Bicsa.