Diputados de seis partidos políticos impulsan un proyecto de ley que le ahorraría casi ¢380.000 millones anuales a los contribuyentes al agrupar en el Banco Central de Costa Rica (BCCR) las cuentas de casi todas las instituciones.
Se trata de una iniciativa sugerida por la Contraloría General de la República, la cual identificó los perjuicios del sistema actual, en el que las entidades públicas guardan su dinero en numerosas cuentas de bancos comerciales.
Esta dispersión provoca que las instituciones reciban transferencias del Gobierno Central, acumulen millonarios superávits (dinero que no gastan) y, luego, le presten los fondos al propio Gobierno mediante la compra de bonos para ganar intereses. En consecuencia, el Poder Ejecutivo se ve presionado a hacer las transferencias y, luego, a pagarles los intereses.
El expediente 22.661 atacaría ese ciclo estableciendo las reglas para un mejor manejo de la liquidez de las instituciones públicas. Al centralizar las cuentas de las entidades en el BCCR, el Gobierno conocería con claridad cuánto dinero tiene cada entidad a su disposición y se le podría dar trazabilidad al uso de los recursos.
En consecuencia, se reducirá el endeudamiento público, los costos operativos y el pago de comisiones bancarias.
“Con este sistema, buscaríamos eliminar esa práctica donde la Tesorería Nacional busca fondos, se endeuda para que las instituciones puedan operar, pero en muchas ocasiones no los están operando (los fondos), sino que la plata la tienen guardada y compran bonos del Gobierno.
“Entonces, el Gobierno, primero se endeuda para darles la plata, pero luego les tiene que pagar intereses (por esa misma plata). Esa práctica hay que erradicarla para hacer un manejo eficiente”, explicó la jerarca de la Contraloría, Marta Acosta, en el programa radial Nuestra Voz.
El BCCR solo ejercería funciones de cajero general del Estado, cobrando un costo mínimo por las operaciones. Será la Tesorería Nacional la que suministre y administre la plataforma. Todas las instituciones estarían obligadas a depositar su dinero en el Sistema de Cuentas del Sector Público, excepto las empresas en competencia, los fondos de pensiones y la seguridad social. Para estas, el ingreso al nuevo esquema sería voluntario.
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El ahorro sería equivalente al 1% del producto interno bruto (PIB) por año, estima la contralora. Un 0,5% (¢189.000 millones) se economizarían a través de la reducción del pago de intereses, un 0,4% por la reducción (¢151.400 millones) en costos operativos y un 0,1% (¢37.850 millones) en comisiones bancarias.
Un 1% del PIB equivale a casi el 7% de los ingresos corrientes del Gobierno Central del 2022, los cuales provienen principalmente de impuestos.
Por otra parte, un banco comercial cobra en promedio entre $1 y $2 por transacción, dice la exposición de motivos del proyecto. “Estas tarifas son más altas que las cobradas por el mismo Banco Central a las entidades que actualmente han abierto cuentas en dicha entidad, donde el costo estimado de cada transacción es de ¢80″, añade.
Al centralizar la liquidez, agrega la justificación, “es posible realizar una gestión más eficiente con un enfoque integrado, minimizando saldos ociosos y evitando endeudamiento innecesario con su respectivo coste en intereses”.
El proyecto sugerido por la Contraloría lo acogieron e impulsan las bancadas de Liberación Nacional (PLN), Unidad Social Cristiana (PUSC), Restauración Nacional (PRN), Integración Nacional (PIN) y Republicano Social Cristiano (PRSC), así como el bloque fabricista Nueva República y el diputado independiente Erick Rodríguez,
Camino legislativo
El proyecto lo firmaron, por ejemplo, la presidenta legislativa Silvia Hernández y sus compañeras liberacionistas Ana Lucía Delgado y María José Corrales, así como el socialcristiano Pablo Heriberto Abarca, el restauracionista Eduardo Cruickshank, el republicano Otto Roberto Vargas y el fabricista Jonathan Prendas.
Ingresó a la corriente legislativa el 23 de agosto y la presidenta del Congreso lo asignó a la Comisión de de Asuntos Hacendarios. “Es la mejor comisión donde se puede dar esa discusión”, argumentó Hernández.
Este foro aprobó una moción propuesta por Hernández que envió el texto a consultas con cerca de 40 instituciones, incluidas las universidades públicas y la Corte.
Laura Guido, jefa de bancada de Acción Ciudadana (PAC), partido que no firmó el proyecto, presentó una nueva moción para que se consulte a otras 35 entidades, entre estas las superintendencias.
En Hacendarios, el texto se ubica en el lugar 37 de la agenda. Sin embargo, su presidenta, Ana Lucía Delgado, adelantó que propondrá realizar una sesión extraordinaria para el jueves 14 de octubre, con tal de que la contralora general explique el proyecto.
Delgado también planteará que el lunes o martes siguiente haya una sesión de trabajo en torno al proyecto, con asesores. “Se debe entender que este proyecto es una reforma de Estado. La idea es arrancar cuanto antes con su discusión de fondo y programar audiencias, pese al cúmulo de trabajo que tenemos en Hacendarios. Hay muchas expectativas”, añadió la verdiblanca.
Tanto Delgado como Hernández urgieron a la Presidencia a convocar el plan en noviembre, cuando se inicia el periodo de sesiones extraordinarias, donde el Gobierno ordena la agenda que tramitan los diputados.
Consultada al respecto, la ministra de la Presidencia, Geannina Dinarte, dijo que “estamos a la espera de los insumos técnicos de las instituciones” para definir el impulso que le daría el Gobierno.
