Los diputados aprobaron, este jueves en primer debate, una reforma integral la Ley General del VIH (virus de inmunodeficiencia humana), para que los migrantes puedan mantener el derecho de atención médica sin importar su condición legal.
Con ello, los legisladores revirtieron una moción que se había aprobado en la Comisión de Derechos Humanos de la Asamblea Legislativa, la cual impedía a los extranjeros en condición migratoria irregular el acceso a los servicios médicos, salvo que primero buscaran legalizarse.
La reforma contó con el apoyo de 27 congresistas, mientras que 15 parlamentarios votaron en contra. Los votos negativos fueron de cinco legisladores liberacionistas, tres restauracionistas, una socialcristiana y seis independientes fabricistas.
Ivonne Acuña, del bloque independiente Nueva República, alegó que el párrafo eliminado solo buscaba la regularización de las personas en estado irregular, incentivarlos a hacerlo, pero reconoció que se podría interpretar como una condicionante para recibir el tratamiento médico.
“Obviamente, por motivos de ley, eso es imposible, porque la Ley General de Salud Pública permite que las personas tengan acceso a los tratamientos y no se le prohíba a nadie”, dijo.
Añadió que el proyecto garantiza a las personas tratamientos que no pueden ser interrumpidos y salvaguarda los recursos del Estado, pero también obliga a los migrantes a poner en regla sus papeles, como “una forma de encontrar el balance”.
Acuña anunció que, si bien los fabricistas votaron en primer debate, va a intentar devolverlo al trámite anterior al primer debate, para hacerle cambios y que sea una “reforma robusta”.
Por su parte, la diputada Patricia Villegas, del Partido Integración Nacional (PIN), agradeció entre lágrimas que los diputados hubieran aprobado la iniciativa, pues dijo que esta había sido frenada durante 20 años
“Agradezco a los compañeros de partidos diferentes, que se han puesto la mano en el corazón y le han dicho sí a esta reforma. Esto ayuda a hacer campañas de detección temprana”, dijo Villegas.
“Esta es una reforma que viene a ayudar a las personas con vulnerabilidad, a las madres que han sido infectadas por parejas estables, a niños que no han nacido y a quienes se les da una protección desde el vientre, a personas en pobreza extrema, a personas que no pueden acceder a un seguro social”, señaló la congresista.
Mientras, Xiomara Rodríguez, legisladora de Restauración, destacó que la iniciativa se enfoca en la salud pública, que tiene elementos de prevención y que no se presta para “beneficiar solo a unas cuantas personas”.
Por su parte, el presidente de la Comisión de Derechos Humanos, Enrique Sánchez, destacó que no es una reforma menor la aprobada.
Añadió que la ley original, de 1998, fue vanguardista pero se había quedado obsoleta en cuanto a prevención, enfoque de género, atención a mujeres, educación y renovación de los tratamientos, no solo médicos sino también integrales.
El oficialista destacó que la propuesta fue construida por personas con muy diferentes visiones, para dar respuesta a muchas personas que han vivido bajo la discriminación, el prejuicio y el estigma.
Examen obligatorio a embarazadas
Sánchez hizo un último intento para revertir otra de las mociones aprobadas en la Comisión de Derechos Humanos, como la de obligar a las embarazadas a realizarse el examen para detectar el virus de inmunodeficiencia humana.
Esa decisión la tomó una mayoría del panel, el pasado 1.º de octubre, aunque ya la prueba se aplica como parte de los protocolos de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), pero sin el carácter de obligatorio por vía legal.
La legislación vigente establece la obligatoriedad del examen de VIH en tres casos: si un médico lo considera necesario para atender la salud de un paciente; si un juez lo requiere para fines procesales penales o de divorcio; y en caso de donación de órganos o tejidos.
En esta nueva versión, los diputados introducirían el carácter obligatorio de la prueba para las embarazadas y su imposibilidad de negarse, aunque la CCSS ya la aplica como parte del protocolo de atención a las personas en estado de gestación.
Dicho examen ha ayudado a controlar la transmisión del virus de la inmunodeficiencia adquirida (VIH) de madres a hijos.
A la vez, el texto elimina la obligatoriedad del examen para los casos en que un médico lo considere necesario o cuando un juez lo requiere para fines procesales penales o de divorcio.
Con el nuevo proyecto, tampoco podrían oponerse al examen quienes sufran un accidente laboral con exposición de riesgo biológico ni quienes se les haya nombrado un garante, pues sería este quien tomaría la decisión.
Otra excepción serían los menores de edad, cuando exista contradicción entre el criterio de sus progenitores y el de sus médicos sobre la necesidad de hacer la prueba.
El presidente legislativo, Carlos Ricardo Benavides, señaló el 22 de octubre como fecha para realizar el segundo debate del proyecto.
El proyecto establece que la prueba de VIH se le ofrecerá a las parejas de las mujeres embarazadas, y este martes se agregó que también se le podrá ofrecer al papá del bebé, si no es la misma persona con la que la mujer mantiene una relación.
Según la CCSS, entre 2015 y julio del 2016, 41 mujeres con VIH tuvieron un bebé y ninguno de ellos resultó contagiado. La institución atribuye la baja cifra de infecciones de madre a hijo al examen y a su protocolo de atención.
El proyecto obliga al Estado a promover la prevención del contagio del virus y establece el derecho de todos los ciudadanos a acceder a pruebas diagnósticas gratuitas en los centros de salud públicos.
También introduce cambios en las disposiciones para la comunicación de la condición del paciente con VIH a las personas con las que haya mantenido relaciones sexuales.