Política

Diputados dictaminan plan para prohibir manipulación genética del no nacido

Nueva versión del proyecto intenta superar críticas de congresistas que lo cuestionan por darles más derechos a los embriones que a sus madres

Los diputados de la Comisión de Juventud, Niñez y Adolescencia dictaminaron afirmativamente, este jueves, un proyecto de ley que tiene, entre sus objetivos, establecer una lista de derechos a las personas no nacidas, con el fin de evitar posibilidades de aborto de los embriones.

Entre los derechos que establece este expediente está el de “no ser manipulado ni alterado genéticamente, ni clonado ni destinado a otro fin, sino aquel que le es propio, desde la concepción hasta su nacimiento”.

El plan fue dictaminado luego de que se acogiera una nueva versión, que intenta superar las críticas de varios congresistas que le achacan al plan la intención de darles más derechos a los embriones que a las mujeres.

El proyecto fue presentado, originalmente, por los seis independientes fabricistas, cinco legisladores de Restauración Nacional (PRN), tres de la Unidad Social Cristiana (PUSC), dos de Liberación Nacional (PLN), uno del Republicano Social Cristiano (PRSC), una de Integración Nacional (PIN) y tres independientes.

En la versión acogida como texto sustitutivo y dictaminada este jueves, se los diputados insisten en el derecho a la protección de la vida y la salud del “ser humano en gestación desde su concepción” y de la integridad de las mujeres gestantes.

En una lista de 11 puntos, se establece que el embrión tiene derecho a la vida, la familia, la igualdad y el reconocimiento de su personalidad jurídica, por ejemplo.

También, enumera el derecho a la integridad física y dice que, “por ello, deben ser prohibidos los procedimientos o técnicas que afecten o detengan su normal desarrollo y crecimiento”.

Ante las críticas a este inciso específico, se le agregó una salvedad a ese derecho, para los casos en que las mujeres gestantes se encuentren en riesgo de muerte.

Precisamente, este punto ha sido sumamente debatido en el país, por la norma técnica que decretó el gobierno de Carlos Alvarado para implementar la posibilidad de realizar el aborto impune, conocido como aborto terapéutico, que es cuando resulta necesario detener un embarazo por el riesgo que conlleve para la vida de la mujer.

Por otra parte, se establece en el proyecto el derecho “al nacimiento en condiciones adecuadas para su desarrollo e integridad física”, tanto del embrión como de la madre, incluida la atención sanitaria prenatal, las terapias médicas intrauterinas y posnatal.

En cuanto al derecho de no ser manipulado ni alterado genéticamente, incluido en la versión más reciente del proyecto, los diputados establecieron que se excluyan los casos en que el embrión deba ser tratado médicamente para su “adecuado proceso de formación prenatal y su dignidad humana”.

Aparte de derechos como el de no ser discriminado por ninguna razón ni a ser seleccionado en razón de patrimonio genético o características físicas, el proyecto busca establecer una “protección especial de parte de la familia, el Estado y la Sociedad” a los no nacidos.

Según Shirley Díaz, socialcristiana de la Comisión de Juventud, el proyecto mantiene como objetivo “la protección del derecho del niño y niña por nacer”.

Ella alegó que en la nueva redacción se acogieron observaciones de la Defensoría de los Habitantes, del Colegio de Médicos y el Colegio de Abogados.

“Logramos consenso para que quede una claridad absoluta de que no existe la posibilidad de que la madre esté en riesgo de salud y no reciba un tratamiento correcto”, agregó Díaz.

Tampoco “quedaría en desprotección el niño no nacido en el vientre materno”, detalló la legisladora.

Agregó que esta versión busca evitar que se den “malentendidos o confusiones” con la protección especial a “esta población vulnerable” en referencia a los no nacidos.

Aunque reconoce que la versión dictaminada mejora en mucho la propuesta original, la oficialista Paola Vega mantiene sus reservas sobre la iniciativa.

“El proyecto no atiende ni conceptos científicos adecuados ni la normativa vigente para esa materia. Va en contra de sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos”, dijo Vega.

Aseguró que el proyecto da igual rango de derechos a todas las etapas del “producto en el útero, sea un cigoto, un feto o un embrión y los analoga a los derechos de las personas ya nacidas”.

Vega argumentó que un embrión no puede ser considerado una persona, porque hay un “desarrollo incremental de los derechos y del concepto de vida”.

La oficialista dice que hay criterios de la Procuraduría General de la República, del Patronato Nacional de la Infancia y de la Defensoría que dicen que este proyecto entraría en conflicto con el Código de la Niñez, el Código Civil y otros instrumentos jurídicos.

“Lo más preocupante es que va encaminado hacia negarles a las personas gestantes la posibilidad de recibir tratamientos, en caso de un embarazo, privilegiando los derechos del producto por encima de las personas gestantes”, insistió.

Se intentó conocer el criterio de la presidenta de la Comisión de Juventud, María José Corrales, pero no accedió a la solicitud.

Aarón Sequeira

Aarón Sequeira

Periodista encargado de la cobertura legislativa en la sección de Política. Bachiller en Filología Clásica de la Universidad de Costa Rica.

LE RECOMENDAMOS

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.